Llega el verano y las aulas se vacían. El curso académico ha terminado hasta septiembre, dejando un suculento balance y alguna que otra asignatura pendiente para cuando termine el verano. Un nuevo ministro, el reto de un pacto de Estado en materia de educación, la promesa de dar un portátil a cada alumno de 5º de primaria, la polémica con los centros de educación diferenciada, el estreno del plan Bolonia en la universidad y las becas para que los parados licenciados hagan másteres son las novedades más destacadas.
Las movilizaciones contra el proceso de Bolonia no han dado ni un respiro a las autoridades educativas en un curso plagado de manifestaciones (algunas violentamente reprimidas) y encierros pacíficos que han entorpecido la vida cotidiana de las facultades. El impacto mediático de las acciones de los antiBolonia ha llegado a poner al Gobierno contra las cuerdas. Lo que parecía un inocuo plan comunitario (e indoloro trámite) para modernizar la universidad española y homologar los títulos en el conjunto del continente pronto se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Zapatero y para los rectores de las universidades más importantes de nuestro país.
Mientras la ministra Cristina Garmendia (bajo cuya batuta se encontraba la Secretaría de Estado de Universidades hasta el pasado mes de abril) parecía desaparecida en combate, Ángel Gabilondo, como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se dedicaba a dar la cara por la reforma allá a donde iba. La 'recompensa' por su decidida (aunque crítica) defensa le llegó en forma de cartera ministerial. Y, sobre todo, en forma de rectificación del propio Zapatero, que volvió a dejar la política de universidades al abrigo del Ministerio de Educación, como siempre había reclamado Gabilondo. Con su nombramiento, el Gobierno pone a la cabeza del proyecto a un personaje que se conoce al dedillo el mundo universitario y que es consciente del reto de liderar la enorme tarea de transformar la educación superior española tratando de mantener la equidad en el acceso.
Hablando de Bolonia, las facultades españolas empiezan a estrenar a partir de septiembre los nuevos grados, es decir, lo que a partir de ahora sustituirá a las antiguas titulaciones. Será en septiembre cuando la nueva hornada de universitarios comience a poner a prueba a las universidades, que llevan años tratando de adaptar los planes de estudios a los requisitos de la controvertida Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), cuyas exigencias han levantado enormes críticas entre los docentes.
El número de titulaciones que estarán adaptadas a Bolonia será aproximadamente de un millar, es decir, alrededor del 50% de los grados. La otra mitad quedará pendiente para el curso 2010-2011, que es cuando expira el plazo para integrarse por completo en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los grupos contrarios a la reforma han criticado estos nuevos grados porque sostienen que suponen una merma en la calidad de la formación. Las carreras pierden un año respecto a las anteriores licenciaturas y, de los cuatro que quedan, uno será una especie de curso cero de corte más generalista y el último estará vinculado a prácticas en empresas.
El gran objetivo que se ha propuesto Gabilondo desde el primer día al frente del Ministerio ha sido impulsar un gran pacto nacional en materia de educación. En caso de salir adelante, este ansiado acuerdo acabaría con años de desencuentro en materia educativa, una época en la que los ejecutivos del PP y del PSOE se han dedicado a cambiar las leyes de educación cada vez que llegaban al poder.
Los principales 'ejes' del plan son la lucha contra el fracaso y el abandono escolar, la reforma de la Formación Profesional, la modernización tecnológica de la educación, el compromiso de llevar Bolonia a buen puerto o el aumento del número y la cuantía de becas. Las líneas maestras que guiarán el acuerdo ya se han presentado a los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, a los representantes de los dos principales sindicatos y al Congreso. De momento, todo el mundo le ha dado el sí al ex rector. Pero habrá que esperar a ver en qué se concreta y si el consenso se mantiene cuando el pacto pase de las abstractas declaraciones de buenas intenciones al plano de lo material.
Entre otras propuestas que lanzó como si de fuegos artificiales se tratara, Zapatero anunció en el pasado Debate sobre el estado de la Nación que el Gobierno daría a cada niño de 5º curso de primaria (10 y 11 años) un ordenador portátil. La promesa nació ya con serias dudas sobre su viabilidad y su utilidad, pese a que se enmarca en los intentos del Gobierno por modernizar la enseñanza española (el llamado plan Escuela 2.0). El texto que el Congreso aprobó sobre esta medida era más bien un documento cargado de buenas intenciones inmersas en un tono de indefinición, lo que incrementó las sospechas sobre si iba a dar tiempo a que los equipos informáticos estuvieran listos para el inicio de curso. Además, el texto ni siquiera hablaba de que los ordenadores tuvieran que ser portátiles ni especificaba a los alumnos de qué cursos se iban a entregar.
Sin embargo, pese a lo apretado del calendario, el Ministerio sigue manteniendo el compromiso de que los portátiles se empezarán a repartir en septiembre para que, a lo largo del curso, todos los tengan. De momento, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa 100 millones de euros que se sumarán a otros 100 que correrán de la mano de las Comunidades Autónomas. Cada región firmará un convenio con el Ministerio en función de sus necesidades y la intención del Gobierno es que el programa se vaya extendiendo progresivamente a los estudiantes de los demás cursos.
Zapatero también prometió en ese mismo debate másteres universitarios gratis a los parados titulados entre 25 y 40 años. El anuncio llegaba en un momento en el que la crisis y el paro están disparando el número de personas que vuelven a la universidad para mejorar su formación y aumentar su atractivo en el mercado laboral. Las preguntas sobre esta medida tampoco se hicieron esperar. ¿A cuántos parados se podrán dispensar? ¿Realmente darán para mucho los 70 millones de euros que el Gobierno tiene pensado destinar a costear la formación de los parados? Y, una vez más, el tiempo. ¿Podrán empezar a matricularse a partir del próximo curso? De momento, lo único que se sabe sobre el tema es que el Ministerio ya ha iniciado los contactos con las universidades para firmar convenios y que sólo se podrán estudiar los títulos propios que hayan sido verificados por la Aneca.
Aparcada Educación para la Ciudadanía, llega ahora la llamada 'educación diferenciada', o sea, la separación por sexos en la escuela con el objetivo declarado de conseguir mejores resultados. El Gobierno de Cantabria decidió el pasado mes de abril retirar el concierto al Torrevelo, un colegio vinculado al Opus Dei, por considerar que vulneraba la ley al admitir sólo a niños. Era la primera vez que una administración retiraba una ayuda pública a un centro privado por esta razón.
La Consejería de Educación entendía que el centro escolar incumplía la normativa vigente en materia de admisión de alumnos, que dice expresamente que ningún estudiante podrá ser discriminado "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Otras regiones como Andalucía, Asturias, Baleares o Galicia han exigido la educación mixta como condición obligatoria para la concesión de conciertos, pero todavía no han tomado una medida de estas características. El colegio afectado ha asegurado que recurrirá la decisión del Ejecutivo cántabro. Los tribunales tendrán la última palabra.
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