El ateísmo está de moda. La polémica por los autobuses urbanos que circulan en Barcelona con el mensaje "Dios probablemente no existe. No te preocupes y disfruta de la vida", ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la laicidad del Estado. Por enésima vez en los últimos meses. La iniciativa, que se basaba en una similar acometida en Londres, ha causado una reacción inmediata: la contracampaña desde Madrid, donde uno de los autobuses de la línea Fuenlabrada-Leganés-Aluche luce el lema "Dios sí existe. Disfruta de la vida en Cristo".
Pero antes que los buses ateos fueron los crucifijos en las escuelas. Sor Maravillas también contribuyó a enrarecer el ambiente. Fue por aquel entonces cuando Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, diagnosticó a nuestro país una extraña dolencia: la "cristofobia". Exista o no esa aversión a la religión, el ruido en torno a estas cuestiones ha dado cierto tirón mediático a las posturas ateas o meramente laicas, que se están haciendo un hueco en el debate público, y que se han visto revitalizadas últimamente. "Nos estamos haciendo visibles", afirma Albert Riba, presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores de Cataluña. "El nivel de ateísmo se incrementa a medida que se seculariza la sociedad", añade.
Todo ello sucede con un importante cambio legislativo como telón de fondo: la reforma de la Ley de Libertad Religiosa que acometerá el Gobierno. La intención del Ejecutivo de avanzar en la laicidad que promulga la Constitución despertó ya enconadas reacciones en el momento de su anuncio. Algunos han hablado de "ofensiva laica", "religión de Estado" o "laicismo radical". Sin embargo, las asociaciones pro laicidad, más allá de los buses ateos, aprovechan el estado de opinión para recordar algunas de las asignaturas pendientes que tiene España en esta materia. Piden una revisión del Concordato y una profunda renovación de la Ley.
La famosa casilla del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la declaración de la renta es lo primero que sale a relucir cada vez que se plantea este tema. El Concordato que regula las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica ya recoge como uno de sus objetivos que ésta debe autofinanciarse. Sin embargo, según Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, no parece que la Iglesia haya puesto excesivo empeño en lograrlo en las décadas que han pasado desde la firma del acuerdo.
Hace ya tres años, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Conferencia Episcopal que introducía cambios en su modelo de financiación. El resultado podría retratarse en el famoso refrán "una de cal y otra de arena": el porcentaje del IRPF que los ciudadanos pueden dedicar voluntariamente a la Iglesia pasaba del 0,52 por ciento al 0,7 (los obispos pedían un 0,8). Sin embargo, además de quedar sujeta al pago del IVA en la adquisición de bienes inmuebles (ésta era una exigencia de la Unión Europea), se suprimía la dotación directa del Estado y se le imponía una obligación: presentar una memoria económica justificando sus gastos.
Sin embargo, para asociaciones como Europa Laica o Unión de Ateos y Librepensadores de Cataluña esta situación sigue siendo inaceptable. Se trata, simplemente, de que la Iglesia tenga el mismo trato que el resto de las confesiones o de organizaciones civiles y que se suprima cualquier tipo de privilegio. "Una cosa es que el Gobierno firme acuerdos con organizaciones religiosas (y no religiosas) para actividades de tipo social, y otra que financie el culto y el credo", señala Delgado.
Finalmente, el PSOE no se ha atrevido a sacar la Religión de los colegios como alguna vez sugirió. Para que la escuela pública pueda seguir albergando todas las opciones ideológicas, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de Zapatero ha establecido una triple alternativa en la hora de Religión. A la propia formación religiosa y a su equivalente aconfesional (Historia y Cultura de las religiones), se sumó una tercera opción que consiste en garantizar "la debida atención educativa del alumnado" que no quiera cursar ninguna de las dos asignaturas. Es decir, una especie de solución que permite rehuir la Religión y su tradicional optativa. Esta fórmula ha causado cierto caos organizativo en el seno de los institutos de enseñanza secundaria.
El temor que despierta esta opción es que pronto abra la veda a otras confesiones que reclamen su legítimo derecho a hacerse hueco en la escuela pública en igualdad de condiciones con la Religión católica. En la actualidad, casi el 10 por ciento de los alumnos que han iniciado el curso escolar son de origen extranjero, un alto porcentaje de los cuales, profesan otras religiones distintas de la cristiana. Si se quiere evitar la multiplicación de las ofertas religiosas y que los institutos se llenen de imanes, rabinos y pastores, sólo queda una solución: una opción laica.
La educación se muestra como el terreno más fértil para levantar susceptibilidades por parte de los partidarios del laicismo. También aquí, el asunto económico sale a relucir. Según la agrupación Europa Laica, la financiación a centros educativos de ideario católico se ha incrementado "considerablemente". "Casi el 30 por ciento de los colegios concertados son de signo religioso", indica. Otro tema peliagudo es el estatus de los profesores de religión que ejercen su labor docente en colegios. Aunque su salario procede del erario público, su vida privada está sujeta a criterios morales vigilados por la Iglesia, en función de los cuales pueden incluso llegar a ser despedidos.
Este punto se convierte en todo un cajón de sastre donde tienen cabida varios asuntos. Por ejemplo, los funerales de Estado, que en España siguen siendo católicos. La última vez que se desató la polémica al respecto fue este mismo verano, cuando las víctimas evangélicas del vuelo de Spanair siniestrado en Barajas no quisieron acudir a la ceremonia oficial. La liturgia religiosa se mantiene en los actos públicos a pesar del artículo 16 de la Constitución: "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Una vez más, como en el caso de la educación, la solución vuelve a ser la misma: o actos laicos o un multiconfesional café para todos.
La retirada de los símbolos de todo tipo de instituciones públicas es otro de los puntos fundamentales en los que el Gobierno debería trabajar para avanzar en la laicidad según Albert Riba, presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores de Cataluña. Aunque recientemente los jueces han decretado sentencias favorables a la retirada de los crucifijos, el pasado mayo el Congreso de los Diputados tiró para atrás una iniciativa de Izquierda Unida que proponía que los símbolos religiosos desaparecieran de los actos públicos. Por ejemplo, de las tomas de posesión de los ministros, donde todos prometen, pero delante de una biblia y un crucifijo.
La pertinaz oposición de algunas diócesis españolas de hacer efectivo el derecho a la apostasía o renuncia a la fe católica ha propiciado que la Iglesia se tope con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en una maraña de recursos legales. La Ley española de protección de datos da derecho a los ciudadanos a borrar la información referente a su persona de cualquier fichero. Éste es el ejemplo de los libros bautismales. Sin embargo, las diócesis de lugares como Valencia y Madrid, las más beligerantes en este sentido, se han negado sistemáticamente a hacer desaparecer los nombres de los apóstatas. Las autoridades eclesiásticas sólo estaban obligadas, por criterio de la AEPD, a incluir una anotación marginal explicitando la voluntad del ciudadano de abandonar la fe católica. Esta solución intermedia no satisfacía sin embargo a los apóstatas.
El asunto dio un giro de 180º el pasado mes de octubre. Una sentencia del Tribunal Supremo anuló entonces la posibilidad de los ciudadanos de apostatar, eximiendo al Arzobispado de Valencia de anotar en la partida de bautismo de un ciudadano esa famosa anotación marginal. Así, se permitía a la Iglesia burlar la Ley de Protección de datos y se contradecía el criterio que hasta el momento habían establecido al AEPD y la Audiencia Nacional, apoyando a los apóstatas. La batalla se libra ahora en los tribunales en un culebrón jurídico cuyo fin es impredecible. Abogados de apóstatas, como Mónica Oltra, muestran su preocupación porque la resolución pueda abrir la veda a una especie de 'barra libre' en el incumplimiento de la protección de datos. La AEPD, por su parte, considera que la resolución del Alto Tribunal vulnera el derecho de las personas a proteger sus datos personales y ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que será quien tenga la última palabra.
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