El Congreso de los Diputados tumbó una iniciativa de Izquierda Unida que pedía poner en marcha un "protocolo aconfesional" para los actos y ceremonias institucionales, como la toma de posesión de miembros del Gobierno y altos cargos, con el fin de suprimir la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo cristiano.
El Pleno de la Cámara Baja rechazó la propuesta con 309 fotos en contra, 9 a favor y 6 abstenciones después de un debate en el que el diputado del PSOE Ramón Jaúregui aseguró que, aunque "el crucifijo está de más" en los actos oficiales, su partido no piensa hacer "una ley para prohibirlo".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en defensa de su propuesta, emplazó al Gobierno a garantizar que en un Estado democrático y aconfesional "se cumpla la Constitución en la toma de posesión de sus miembros, sin presencia de símbolos religiosos. No pretendemos prohibir, pero no queremos que se imponga". El líder de IU explicó que se pretende evitar "paradojas como la modernidad de un Gobierno y el anacronismo de imponer los símbolos religiosos" en los actos de acatamiento de cargos públicos, como los que se celebran en el Palacio de la Zarzuela, porque supone un "incumplimiento flagrante de esos criterios constitucionales". Así denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en los comités de ética de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, en Aena, o en los funerales de Estado", y reclamó "avanzar pluralismo moral frente a la resistencia que pretende el monopolio de la moral para la Iglesia católica".
"El Gobierno ha anunciado la presentación de una ley de libertad religiosa", agregó LLamazares, "pero en este caso, también, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Con buenas intenciones se ha mantenido la religión escuelas, y a cambio se ha introducido la Educación para la Ciudadanía". También con buenas intenciones, prosiguió, "se ha mejorado la financiación, el privilegio de la Iglesia católica, a través de la Declaración de la Renta, y con buenas intenciones se ha mantenido la letra y el espíritu del Concordato con el intercambio de cartas entre el Gobierno y el Vaticano, o con el nombramiento de embajadores, no sabemos si nuncios o agentes dobles".
El PNV presentó una enmienda a esta iniciativa para reclamar que se derogue la normativa referida a los actos de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas, así como la referente al protocolo. Su portavoz en esta materia, Aitor Esteban, se preguntó "qué aporta este tipo de ceremonias a la vida pública en el contexto social y político español", y apuntó que "lo lógico sería eliminar por anacrónicas, repetitivas y faltas de sustancia estas ceremonias sin ningún plus jurídico", que son "más dignas de 'Salsa rosa' que de un acto jurídico en sí".
Francisco Jorquera, portavoz del BNG, expresó su respaldo a esta propuesta en "defensa del carácter laico del Estado, una de las grandes asignaturas pendientes que todavía tiene la democracia española", por la pervivencia de realidades "anacrónicas e incongruentes".
l PSOE, que a través de Ramón Jáuregui recalcó que "no hay la más mínima expresión de confesionalidad" en el decreto que regula estos actos, por lo que se preguntó qué modificación pretenden exactamente los proponentes.
El socialista Ramón Jáuregui se opuso a elaborar "una norma que prohibiera a la Casa Real la colocación de un crucifijo en la que los ministros juran o prometen", y aseguró que, aunque considere que en estos actos "el crucifijo está de más, no haremos una ley para prohibirlo". Además insistió en que deben hacerse esfuerzos para ahondar en la laicidad y "normalizar la aconfesionalidad", pero "sin producir tensiones, no hacen falta leyes prohibitivistas, sino prácticas aconfesionales y progresivas. Nadie puede prohibir por una ley el Corpus Christi, ni la Semana Santa, ni las celebraciones que hay en la mayor parte de España el 15 de agosto".
Sin que haya sido necesaria una ley, continuó, los crucifijos van desapareciendo de las escuelas públicas o los juzgados, y ésa es una "conquista de la laicidad", que se ha ido impregnando en los ciudadanos. "Esa es la aconfesionalidad que seguiremos promoviendo", sentenció.
El PP rechazó la propuesta por otros motivos. Eugenio Nasarre, criticó la imagen que ofrece a los españoles un Congreso preocupado en sus primeras sesiones de la legislatura a estas cuestiones, "ante los graves problemas y desafíos de la sociedad". El 'popular' se preguntó si se trata de "una avanzadilla para reabrir en esta legislatura la cuestión religiosa en esta sociedad", al pretender la exclusión de los símbolos religiosos de nuestro espacio público "para excluir el hecho religioso mismo", lo que supone una "incorrecta" interpretación de la laicidad del Estado.
El diputado popular, que rechazó también la "extravagante enmienda del PNV", por considerar que supondría hacer de España una excepción en nuestro entorno, puso como ejemplo el modelo de separación Iglesia-Estado en Estados Unidos, "que hizo de la libertad religiosa la razón de ser de su constitucionalismo".
Agregó que esta separación no ha llevado en Estados Unidos "a romper la tradición histórico cultural que responde a las creencias mayoritarias", y subrayó que "una nación madura es aquella que asume su historia y la incorpora" a su situación actual.
"No podemos dejar de llamarnos cristianos sean cuales sean nuestras creencias personales", indicó, "es lo que somos, y no podemos dejar de ser". Defendió la "libertad religiosa en plenitud, la laicidad en los términos que establece la Constitución" y, especialmente, "concordia en el espíritu del pacto constitucional, que hemos de seguir haciendo vivo".
En nombre de CiU, Jordi Xuclà rechazó también esta iniciativa con el argumento de que el real decreto que regula el protocolo de estos actos "para nada entra en la presencia de símbolos religiosos en los actos de acatamiento o jura de cargos públicos, es en todo caso fruto de los usos y costumbres y del protocolo de la Casa Real, y jurar por Dios requiere la presencia de sus símbolos".
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