Lo cierto es que al juez Garzón le está costando una barbaridad parir a la criatura. Lo dice el Partido Popular, pero también lo dicen fuentes conocedoras del derecho procesal. El plazo para inhibirse en favor de los tribunales competentes debe ser el más breve posible, algo que, a primera vista, no se aprecia en la instrucción de la 'Operación Gürtel' (la trama de corrupción cuyo presunto cerebro es Francisco Correa y que salpica a algunos cargos importantes del Partido Popular).
Mucho se ha hablado de Garzón a la hora de doblegar límites espaciales, de sus poderes para atravesar fronteras, manejando con especial soltura el incomprensiblemente cuestionado principio de la justicia universal. Como cuando en octubre de 1998 el juez jienense ordenó detener en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet.
Pero ahora el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional ha demostrado que también es capaz de modular los límites temporales, como se observa en la peculiar instrucción que está siguiendo la 'Operación Gürtel', en la que los tiempos se estiran y se encogen, como si fuera un tratado filosófico de Bergson o una canción de Nacho Vegas: "Y aunque sigan multitudes persiguiéndome / ahora sé que el tiempo se puede detener".
Y es que, la forma en que se está llevando a cabo la instrucción ha despertado multitud de suspicacias (y hasta una querella 'popular') sobre si el juez está ralentizando la instrucción, haciendo un uso partidista del secreto sumarial. Principalmente, el secreto de sumario tiene dos finalidades: preservar la investigación de posibles injerencias (como la destrucción de pruebas) y guardar el derecho al honor y la presunción de inocencia de los implicados.
Sin embargo, parece que esta segunda premisa no termina de cumplirse, en la medida en que las continuas filtraciones a los medios están creando una onda expansiva que convierte en sospechosos a muchas personas, según reconoce un profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. Por esta razón, el especialista cree que no tardará mucho tiempo en levantarse el secreto de sumario, si bien, seguramente, ya habrán pasado las elecciones autonómicas, algo que está aireando una buena dosis de polémica.
El juez Garzón pierde su competencia para instruir el caso en el momento en que aparecen indicios racionales de que una persona aforada está implicada en el caso, sin necesidad de que esta persona haya sido formalmente imputada. Son aforados ante el Tribunal Supremo, entre otros, los diputados y senadores nacionales, y ante los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, los presidentes y los diputados autonómicos, entre otros.
El artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concreta que "los Jueces de instrucción remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al Tribunal competente". El mismo artículo especifica que, en casos urgentes, el juez "podrá acordar las medidas necesarias".
En el caso concreto de la 'Operación Gürtel', el pasado día 13, el juez Garzón publicó un auto según el cual "existen serios indicios de que personas vinculadas a o integrantes del Partido Popular podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
De este modo, el juez tenía conocimiento de la presencia de aforados y de la necesidad de inhibirse, por lo menos, desde el día 13 de febrero. Sin embargo, pasaron los tres días que señala la ley y el caso sigue en manos del juez. Es más, Garzón emitió un nuevo auto el pasado día 24, afirmando que podría haber aforados cuya competencia correspondería al Tribunal Supremo, apuntando a cargos más altos del Partido Popular, aunque sin dar nombres concretos —se señala, fundamentalmente, a Luis Bárcenas, tesorero del grupo 'popular'—.
¿Ha estado realizando Garzón actuaciones necesarias y urgentes todo este tiempo? ¿Es una toma de declaración, como las que ha estado haciendo el juez, una medida de ese carácter? ¿Ha habido nuevos descubrimientos sustanciales que justifiquen el vencimiento del plazo de tres días? La respuesta sólo la conocen el propio Garzón y el Ministerio Fiscal, pero mientras, del mismo modo en que la imaginación llena los vacíos de la memoria, las elucubraciones se están encargando de rellenar los vacíos que deja el secreto de sumario.
Normalmente, el proceso de inhibición se activa cuando el juez instructor pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y de las partes la posibilidad de inhibirse. Garzón inició este trámite al pedir un informe a la Fiscalía Anticorrupción tras la publicación del mencionado auto del día 13. Entonces, la Fiscalía se pronunció por la inhibición del juez en favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Sin embargo, al fin y al cabo, el informe de la Fiscalía no es vinculante, de modo que la decisión última corresponde al juez, quien no llegó a tomar ningún tipo de determinación.
Como si el pronunciamiento anterior de la Fiscalía nunca hubiera existido, en el último auto, el del día 24, Garzón concedía un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que se pronunciara de nuevo sobre la necesidad de inhibirse y trasladar toda la causa, en este caso, al Tribunal Supremo, debido a la aparición de nuevas pruebas que vinculaban en la trama a altos cargos del Partido Popular (senadores o eurodiputados).
La Fiscalía ha mostrado su desacuerdo ante el plazo de 48 horas fijado por el juez, ya que no está previsto por la ley: "El dictamen se remitirá cuando concluya su estudio". Según la opinión del profesor de la Universidad Complutense consultado, el juez Garzón "no está haciendo una interpretación rigurosa de la ley y, en un tema tan delicado, su actuación no hace más que levantar suspicacias".
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