La Declaración de Bolonia apenas tiene dos páginas de contenido. Éste puede ser un significativo dato de partida para empezar a hablar del confuso y polémico proceso que en los próximos años transformará la universidad española, adecuándola al Espacio Europeo de Educación Superior.
La inminencia de la aplicación de la reforma, que debería estar lista para 2010, ha provocado un repunte de la oposición de profesores y estudiantes en ciudades como Granada, Barcelona, Murcia, Sevilla y Madrid, donde 200 estudiantes han estado un mes encerrados en la Facultad de Filosofía de la Complutense.
Mientras las autoridades educativas les acusan de alarmistas, ellos ven en la convergencia una reconversión comercial de la universidad. El discurso abstracto ha empezado a convertirse en una realidad material, pero ¿cómo? Intentamos resumir las principales discrepancias de los opositores a Bolonia.
La modificación más sustancial que conlleva Bolonia es la sustitución de las actuales licenciaturas por grados y posgrados, en un intento de uniformar el catálogo de titulaciones en el conjunto de la UE. Siguiendo el modelo anglosajón, los grados serán el equivalente a las actuales licenciaturas, reduciéndose a una titulación de cuatro años. El primero de los cursos será de formación general compartida por todos los estudiantes de una misma área. El argumento que subyace bajo esta modificación es la movilidad, una de las bases sobre las que se fundamenta Bolonia, un proyecto que busca la permeabilidad de estudiantes en un espacio educativo común.
Algunos profesores y estudiantes, sin embargo, creen que esta unificación de las titulaciones supone una merma enorme en la calidad de la formación superior. Por lo pronto, las carreras pierden un año. De los cuatro que quedan, uno será una especie de curso cero de corte muy generalista y el último se prevé que esté vinculado a prácticas (generalmente, no remuneradas) en empresas. "Es un gran mazazo a la educación en contenidos", indica Carlos Fernández Liria, catedrático de la Universidad Complutense y uno de los principales abanderados contra la reforma. "De los cinco años que se estudiaban antes, los licenciados van a salir ahora habiendo estudiado sólo dos específicos". "Van a terminar con una cultura general y una formación muy precaria".
Tras los criticados grados, Bolonia prevé que la formación continúe con posgrados (también conocidos como títulos propios o másteres), una especie de segundos ciclos de especialización propuestos por cada universidad. La mayor reticencia hacia este sistema es que los grados no preparen lo suficiente a los alumnos y que éstos se vean obligados a hacer un posgrado para poder acceder al mercado laboral. Sin embargo, las autoridades universitarias y educativas han asegurado que los grados serán suficiente para encontrar trabajo.
Todo ello, sumado a que los másteres, aunque sigan manteniéndose a precio público, serán más caros que los actuales segundos ciclos (según cálculos de los estudiantes encerrados en la Complutense, el crédito ha pasado de costar 9,90 euros a 25,85), hace temer que la implantación de este modelo termine convirtiendo la universidad en un lugar elitista donde sólo los que puedan pagarse el acceso a un título propio, tendrán una formación completa.
El motor que mueve la reforma de Bolonia, explicitado en la misma declaración, es hacer del conocimiento un valor para el crecimiento y el desarrollo del continente. En este sentido, uno de los objetivos que la Unión Europea es abrir la universidad pública al capital mixto, combinando la financiación pública con fuentes privadas. Esto ha levantado ampollas en la comunidad universitaria, ya que las compañías podrán subvencionar másteres con determinada orientación práctica útil, algo que ya sucede en la actualidad con las cátedras Repsol, por ejemplo.
Los profesores han sido los más críticos con esta posibilidad, ya que consideran una injerencia en la independencia de las universidades que las empresas ocupen este papel. Pero, ¿por qué tanta reticencia a que entre dinero privado que ayude a financiar la educación superior? La respuesta está en parte en la Agencia Nacional de Educación de Calidad y Acreditación (ANECA) es un controvertido organismo externo cuyo papel consiste en evaluar las nuevas titulaciones que proponen las universidades.
Para dar luz verde a un grado o posgrado denuncian que la ANECA está valorando como uno de los criterios fundamentales la "utilidad social" que tenga la titulación. ¿Y en qué se traduce eso? En que se considera que las carreras de mayor utilidad social son aquéllas que sean capaces de atraer una mayor financiación externa. Éstas serán, por lo tanto, las que más dinero público reciban.
"Las carreras que no tengan un interés empresarial directo van a ser dañadas, si no directamente suprimidas", se queja Liria, quien denuncia que las titulaciones más orientadas a las Humanidades están el peligro de desaparición. "Queremos estudiar la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿pero a qué empresa le interesa eso?", añade. "El dinero público, en lugar de dedicarse a la transmisión pura de conocimiento, va a desembocar en proyectos con interés empresarial, y las compañías van a conseguir a cambio un ejército de becarios pagados por el Estado", concluye. Todo este conjunto de circunstancias es lo que entienden los contrarios a Bolonia como "mercantilización de la universidad".
Para muchos de los contrarios a la reforma educativa que trae Bolonia, la inclusión de la política de universidades en el nuevo ministerio de Ciencia e Innovación es una muestra de que el diagnóstico que hacen del futuro de la educación superior es correcto. "La universidad queda al arbitrio de políticas de I+D+i, incompatibles con muchos estudios universitarios como las humanidades, la ciencia básica o la ciencia teórica", explica un alumno participante en el encierro.
La desvinculación de la formación superior del resto de la educación, acercándola a políticas encaminadas a un desarrollo generalmente protagonizado por instituciones privadas, para ellos, está en perfecta consonancia con una Unión Europea que quiere hacer del conocimiento su valor esencial de crecimiento económico.
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