Los creadores renuncian a perseguir a los usuarios... de momento

Un paso hacia atrás para tomar carrerilla. La industria cultural ha anunciado hoy su nueva postura sobre las descargas: renunciar de momento a la penalización del usuario para pedir al Gobierno que se centre en la "piratería profesional organizada". La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos abandona así sus pretensiones de una legislación "a lo Sarkozy" que desconecte a los usuarios de internet que bajen contenidos protegidos por copyright, proponiendo un "modelo español" en el que un organismo administrativo se encargaría, previa denuncia de los propietarios de los derechos, de cerrar las páginas web de torrents alojadas en España y de bloquear el acceso desde nuestro país a aquellas ubicadas en el extranjero. Según La Coalición, unas 200 webs son las responsables de la inmensa mayoría de las descargas.

Más que una claudicación, el giro en la postura de la industria de los contenidos, presentada hoy en la Asociación de la Prensa de Madrid por el presidente de La Coalición Aldo Olcese, da pie a una salida de Industria, Cultura y Vicepresidencia del atolladero en el que se encontraban tras el bloqueo de las negociaciones entre operadoras y creadores. "Hago un llamamiento al Gobierno para que regule cuanto antes y tengamos al menos una propuesta de mínimos que no afecte a los usuarios", ha pedido Olcese.

"Lo que menos preocupa a la industria es la piratería de los usuarios españoles", explicaba el representante de la industria, que se lamentaba de que España se haya convertido en el "paraíso" de la piratería organizada debido a la coexistencia de redes muy avanzadas y un "agujero legislativo". Según su razonamiento, los países con vacíos legales no están muy desarrollados tecnológicamente y viceversa, en aquellos países potentes en redes no existen esos agujeros. Excepción hecha de España, donde "se están albergando todas las webs ilegales de piratería del mundo", especialmente las de países como Rusia, Ucrania y Kazajstan.

La Coalición se quiere centrar en los "concentradores", es decir, en las páginas de enlaces p2p que generalmente no albergan contenidos sino información (torrents) sobre dónde están esos contenidos. Los creadores de cine, música y videojuegos calcularon hace un año que 70 páginas hacen posible el 80% de las descargas. Hoy, la "lista negra" (que la Coalición ha prometido desvelar pronto) alcanza las 200 webs. El nuevo objetivo de la industria cultural es definido como "usuarios de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos que utilizan internet para poner a disposición o difundir, directa o indirectamente, a través de cualquier tipo de enlace o redireccionamiento, contenidos ilícitos por vulnerar los derechos de propiedad intelectual".

Un año antes de dirigirse al usuario

A pesar de que el mensaje que se ha repetido esta mañana a los periodistas ha sido que se va a dejar tranquilo al usuario, en la propuesta de La Coalición se da un plazo de un año a partir de las actuaciones del gobierno. Su objetivo es el mismo que el de Reino Unido: reducir la piratería en un 70%. Si no se consigue con las medidas contra las páginas web, "en un segundo estadio los usuarios deberían estar implicados", ha dicho Olcese. Se refiere a notificaciones y reducción de la banda ancha para cierto tipo de perfiles que han definido como "primeros difusores" (los 4.500 usuarios que suben las diez primeras copias de un archivo) y "usuarios masivos de sistemas de intercambio de archivo" (los 60.000 internautas más activos en las redes p2p, que "tienen el ordenador encendido día y noche").

Si el Gobierno ahora mueve ficha ("tengo la convicción de que va a hacer algo y pronto", reveló Olcese), La Coalición, que también representa los intereses de las multinacionales norteamericanas de los contenidos, se ha comprometido a crear una página con un catálogo "prácticamente ilimitado" de cine, música y probablemente libros, una oferta "nunca vista" en España. Se pondrían a trabajar el mismo día de la aprobación de medidas por el Consejo de Ministros y se comprometen a finalizarla "antes de su ratificación parlamentaria". "Ya verán cómo aparecen contenidos legales cuando haya una legislación que los proteja", defendía el presidente de La Coalición. El lunes pasado, el representante de las operadoras Redtel culpaba de la ruptura de las negociaciones a la negativa de la industria de los contenidos a proporcionar alternativas de pago a las descargas. "El problema no es sólo de piratería... además hay que promover la oferta legal de contenidos atractivos", decía el presidente de Redtel Miguel Canalejo.

A por la vía administrativa

Sin embargo, conseguir el cierre por vía no judicial de páginas web requerirá ciertos cambios legislativos. Hoy, sólo un juez puede hacerlo. La Coalición pide "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o bien que la nueva ley audiovisual contemple la creación de un Consejo Audiovisual encargado de la labor. Sin embargo, prefieren que la "autoridad competente" para ordenar los cierres de webs a las operadoras sea regulador de las operadoras CMT, como en el modelo británico. "¿Para qué vamos a crear nada nuevo"?, se pregunta Olcese. Esta salida rápida pilla por sorpresa y nada predispuesta a la CMT.

Se abriría, eso sí, toda una vía nueva, la última que les queda. Agotadas la penal y la civil, se aferran a la administrativa. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento libre de las actuaciones, como en el caso paradigmático de Sharemula. En estos casos penales los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos, por tanto, da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. En los escasos procedimientos civiles iniciados —los del "multazo disuasorio"— los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.

Optar por la vía administrativa permitiría una solución veloz para una situación que, para La Coalición, empeora por momentos tanto por la crisis de la industria como por la presión norteamericana. "Prima la eficacia del tiempo sobre la contundencia de la reacción", dice Aldo Olcese al respecto. Durante la presentación a la prensa se ha referido en varios momentos a la importancia de las decisiones que se tomen en España a nivel internacional. "A Miguel Canalejo le diría que nuestra mano sigue tendida y que un acuerdo entre las industrias sería un gran ejemplo a nivel mundial", ha dicho Olcese... que a cambio también ha explicado que la ruptura de las negociaciones con las operadoras se debió a divergencias sobre temas de competencia "y otras razones al margen de la negociación bilateral, otros problemas que el sector tiene con el Gobierno". Muchos han visto el abandono de las operadoras de la mesa de negociaciones como una forma de presión ante la imposición del canon que financiará a RTVE.

En Francia, la Ley Hadopi acaba de sufrir un varapalo ya que contempla la creación de una Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en internet, un organismo administrativo que notificaría y sancionaría con el corte de conexión a los usuarios que descarguen obras protegidas con copyright. Pero según el dictamen del Consejo Constitucional, sólo un juez puede tener potestad para restringir el acceso a los ciudadanos a internet. Una decisión en la línea del complicado proceso que está sufriendo el Paquete Telecom en Europa. En Reino Unido, el informe Digital Britain presentado esta semana propone que el regulador Ofcom envíe notificaciones a los usuarios y se encargue de que las operadoras cumplan medidas como la reducción de la banda ancha, bloqueos o filtros de IPs contra los reincidentes.