El Consejo Constitucional francés ha rechazado varios artículos de la ley Creación e Internet (alias Hadopi) contra la piratería en la red, promovida por Nicolas Sarkozy, 28 días después de su aprobación en segunda votación en el Senado y Asamblea francesa. La decisión, que está firmada por sus nueve miembros, considera que los artículos 5, 10 y 11 incumplen la Constitución francesa al vulnerar el acceso a la información por parte de los usuarios, ya que internet forma parte de la vida democrática y de expresión de ideas y opiniones de éstos. Por otro lado, también consideran que esta ley no contempla el derecho a la presunción de inocencia, tal y como recoge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
En el artículo 5 de la polémica norma, se crea la figura de una Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet, este organismo administrativo, sería el encargado de notificar y sancionar con el corte de conexión a los usuarios que descarguen obras protegidas con copyright. Según el dictamen del Consejo Constitucional, sólo un juez puede tener potestad para restringir el acceso a los ciudadanos a internet. En este sentido, el Constitucional se manifiesta en la misma línea que el Parlamento Europeo en la última votación sobre el polémico Paquete Telecom.
Con este dictamen, la ley tendrá que volver al Parlamento donde se deberán hacer las modificaciones oportunas para su adaptación a la Constitución. Por tanto, muchas de las medidas antidescargas tomadas por el Gobierno francés tendrán que ser removidas del texto final.
El dictamen del Consejo Constitucional se produce a instancias de un texto remitido por el Grupo Socialista francés con once puntos donde se cuestionaba dicha ley. Los socialistas franceses se opusieron a la aprobación del texto y desde un primer momento manifestaron que la ley socavaba principios fundamentales de los ciudadanos.
La ley Hadopi, es conocida como la ley de los tres avisos, ya que contempla el envío de cartas certificadas a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por copyright para que desistan de esta actividad. Si el usuario hiciera caso omiso a estos avisos, una autoridad administrativa creada ad-hoc, se encargaría de cortar la conexión por un plazo estimado entre un mes y un año. Además, durante ese tiempo, el usuario tendría que seguir pagando la conexión a internet.
Hace unos días, Aldo Olcese, presidente del lobby de las industrias culturales, La Coalición, manifestó su optimismo ante un posible acuerdo entre la industria Cultural y Redtel, la asociación que engloba a los proveedores de acceso a internet (Telefónica, Vodafone, Ono, Orange), para proponer un marco jurídico sobre el control de las descargas en la red, de cara a la presidencia española de la Unión Europea en 2010. Olcese ha declarado que, tras el bloqueo en las negociaciones producido el mes pasado, al negarse las operadoras a cortar el acceso a internet a sus clientes, La Coalición trabaja en una nueva propuesta que consiste en reducir la velocidad de acceso a aquellos internautas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.
En este sentido, durante la campaña electoral a las Europeas, el líder del partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que recurriría al Tribunal Constitucional en el caso de que una ley antidescargas sea aprobada por el Gobierno en España.
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