Las operadoras sostienen el 4% del PIB, invierten sin subvenciones en esa banda ancha que nos sacará de la crisis... pero se les ponen impuestos para que financian televisiones públicas con las que no tienen nada que ver y se les presiona para que se conviertan en policías de sus clientes y los desconecten de internet si se portan mal. Más o menos así dibujaba Miguel Canalejo, presidente de Redtel (la asociación que agrupa a las cuatro grandes del sector Telefónica, Vodafone, Orange y Ono), la situación de su sector ante los medios de comunicación, con quienes ha hablado "por primera vez en público" de los grandes temas que les afectan: las negociaciones de la ley antipiratería, la ley de financiación de RTVE y el dividendo digital recibido a cambio.
Tras meses de dimes, diretes y filtraciones a la prensa de unos y otros, el presidente de Redtel ha explicado sin ambages la situación de las negociaciones que estaban llevando a cabo, a petición del Gobierno y con el objetivo de llegar a un texto del que naciera la futura ley antipiratería, con La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (el "lobby" de la propiedad intelectual española): "rotas" y a la espera de la decisión del Ejecutivo. Dos razones les han llevado a ello. La primera, la insistencia de La Coalición en realizar cortes de conexión a los internautas. "Han insistido en el modelo francés. Ellos mismos han abandonado la idea, el Constitucional francés se ha cargado la ley Sarkozy... los hechos nos han dado la razón", defendía Canalejo, que ha aprovechado para responder a la propuesta realizada la semana pasada por el presidente de La Coalición de Creadores Aldo Olcese: olvidar los cortes y sustituirlos por una ralentización de la red. "Ahora hablan de medidas tecnológicas. Tampoco estamos de acuerdo. No se puede reducir la banda ancha a millones de clientes a voluntad del operador. Hablan de lo que no conocen, no existe en ningún sitio, la reducción de velocidad no protege a la música". Las operadoras defienden que en todo caso deberían realizarse notificaciones "educativas" sin sanción para el usuario.
Además de defender a sus clientes, existe otra razón que les ha obligado a romper con La Coalición: la negativa de la industria de los contenidos a proporcionar alternativas a las descargas. "La oferta legal de contenidos audiovisuales es irrisoria en España", decía Canalejo. "¿Por qué iTunes no puede vender aquí películas? ¿Y por qué tampoco la FNAC si lo hace en Francia?", se preguntaba, para después pasar a denunciar que los proveedores de contenidos debían tener una actitud más emprendedora. "Defienden su negocio clásico, nosotros estamos creando un negocio nuevo". Según las operadoras, en España el sector de los contenidos es claramente inferior al de otros países. "El problema no es sólo de piratería... además hay que promover la oferta legal de contenidos atractivos". Canalejo ha defendido que España no debería copiar el modelo de ningún país, sino crear uno propio de forma transparente, a través de una propuesta gubernamental "pública y notoria".
Sólo hay un problema con estos argumentos, que podría suscribir hasta el más beligerante de los internautas. La sospechosa coincidencia en el tiempo de la ruptura de las negociaciones y el canon impuesto por el Gobierno para sostener a la televisión pública, que les ha hecho enfrentarse al ejecutivo. Desde la Coalición se ha afirmado que el cese de las conversaciones no tiene nada que ver con internet, algo que Canalejo ha negado taxativamente: "rompimos la negociación el 16 de abril, y la primera noticia sobre RTVE fue posterior. No mezclemos temas".
El presidente de Redtel tampoco ha escatimado piropos al proyecto de ley de financiación de RTVE, que propone que sean las operadoras las que financien a través del 0,9% de sus ingresos una televisión pública sin publicidad. Ha afirmado que la medida es "inaceptable, rechazable, arbitraria e injusta". Incluso ha asegurado que "no vamos a pagar en el caso de que se apruebe mientras podamos" y que están conversaciones con los partidos políticos para que rechacen el canon. Sus argumentos en contra son la desproporción de la tasa ("lo que nos grava supera a nuestros ingresos en audiovisual") y el hecho de que se trata de dos mercados, el de la televisión y el de las telecomunicaciones, "que no tienen nada que ver". Criticó, además, el hecho de que se tramite por el procedimiento de urgencia. "Estaríamos pagando el 50% de RTVE desde un sector que no tiene nada que ver", ha dicho Canalejo, que se preguntaba por qué no se le exige a Google, a los medios de comunicación o a los proveedores de contenidos que paguen, ya que ellos sí resultarían beneficiados por el aumento de la publicidad en otros medios.
En cambio, el portavoz de las operadoras ha matizado la amenaza de repercutir en el usuario final el precio del canon ( "es una decisión que corresponde a cada operador")... aunque las opciones que ha propuesto tampoco suenan demasiado bien ("unos reducirán gastos, otros plantilla, otros inversiones"). El directivo ha aprovechado la rueda de prensa para dibujar la situación del sector de las telecomunicaciones, que ha pasado de un crecimiento del 6% en 2007 a tasas negativas en el primer trimestre del año. A pesar de todo, ha presumido de llegar a la crisis con los deberes hechos, convertidos en su sector que aporta el 4% del PIB ("más que el sector energético") y de invertir anualmente 5.700 millones de euros. Canalejo ha resumido el lamento de las operadoras en una frase: "este sector puede ayudar a salir de la crisis, pero nos tienen que quitar barreras".
Sólo un destello de alegría ha empañado la queja de la patronal de las operadoras. Aplauden el dividendo digital (considerado como la compensación del Gobierno por financiar a RTVE) y lo consideran la "decisión regulativa más importante de los últimos dos años". Pero han negado que tenga algo que ver con "el impuesto revolucionario que nos han puesto de financiar RTVE", han dejado claro que se trataba de una decisión que el sector esperaba desde hace años, han precisado que los que ahora pagan no tienen por qué ser los mismos que se beneficiarán del dividendo en 2015 y han pedido que se adelante la fecha. A partir de ese año, las operadoras se repartirán nuevas frecuencias para banda ancha móvil que hasta ahora están siendo utilizadas por la TDT.
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