Reino Unido, como poco a poco están haciendo los países europeos, ya ha decidido su posición sobre la piratería. Y no la perdona. "Esto es inaceptable. El Gobierno considera que la piratería on line es una seria infracción. La descarga o subida ilegal, a través del p2p o de otros medios, es de hecho una forma civil de robo. Esto no es algo que podamos perdonar o en cuya respuesta podamos fallar", afirma el informe Digital Britain, el esperadísimo texto de 245 páginas realizado por el ministro de Comunicaciones Lord Carter que se ha presentado esta tarde ante el Parlamento.
El regulador Ofcom será el organismo encargado de conseguir una reducción de la piratería de entre un 70 y un 80%. Deberá exigir a los proveedores de acceso a internet (ISP) que notifiquen a sus clientes las infracciones a través de un sistema de avisos y que conserven los datos que permitirán identificar a los "infractores serios y repetitivos" para proporcionárselos al juez, dando así las herramientas necesarias a los dueños de los derechos de autor para defenderlos en los tribunales.
El gobierno confía en que la mayor parte de los usuarios desistirá después de los avisos. Pero también prevé acciones de reserva mucho más duras por si no funcionan. Si no se consigue una reducción de la piratería en un 70%, Ofcom podrá pedir a los ISP que apliquen medidas técnicas como el bloqueo de páginas web, de IPs o de puertos, limitar el ancho de banda general o el dedicado a ciertas prácticas, o identificar y filtrar los contenidos.
Además de la postura británica sobre el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor, Digital Britain es la apuesta del Gobierno de Brown para llevar al país a la nueva "era digital": su medida estrella consiste en asegurar acceso universal a internet de banda ancha de 2Mbps para todos los ciudadanos en 2012, un objetivo que se financiará en parte con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Se prevé el salto a la radio digital para el 2015 y la liberalización del espectro 3G. La BBC podría ver, además, cómo la tasa sobre los televisores ya no se dedica únicamente a su sustento. La creadora de lastminute.com, la emprendedora Martha Lane Fox, será la "denfensora" de la inclusión digital.
"El modelo actual no está funcionando", afirma el exhaustivo informe. "Hay muchos puntos de vista sobre por qué el modelo se ha roto, pero el hecho indiscutible consiste en que una proporción significativa de los consumidores está eligiendo el acceso ilegal a contenidos digitales, principalmente a través del intercambio ilegal de ficheros p2p", añade. Se calcula que el p2p cuesta anualmente a la industria musical británica unos 180 millones de libras, y 152 a la industria nacional del cine y la televisión. El informe de Lord Carter es duro en sus palabras: "El Gobierno cree que la piratería de la propiedad intelectual con ánimo de lucro es un robo y debe ser perseguida a través de la ley criminal. La infracción civil de tomar la propiedad intelectual de alguien o pasarla a otros a través de la compartición de archivos sin un pago compensatorio, está, en lenguaje llano, mal".
A pesar de las serias medidas, el documento es realista con la situación de los usuarios. "El Gobierno también cree (y las evidencias lo sugieren) que la mayor parte de la gente prefiere no actuar mal o infringir la ley si se le ofrece una opción razonable", afirma en un momento dado. "Un reciente estudio en Escandinavia ha demostrado que la mayor parte de los usuarios de material p2p ilegal son también los mayores consumidores de música de pago", explica en otro lugar. La promoción de la alternativa legal es, precisamente, la postura adoptada últimamente por las telecos españolas en su negociación con el Gobierno sobre las descargas.
Digital Britain será sin duda será leído con lupa por aquellos países que aún están trabajando en sus nuevas leyes antipiratería, como España. Especialmente después de que el Constitucional francés echara abajo las pretensiones más duras de la ley Hadopi, que contempla algunas medidas, como el sistema de avisos, similares a la propuesta británica.
En general, el texto contempla tres acciones sobre la piratería: la primera, promover un marco legal que anime al crecimiento de un mercado legal de descargas baratas, prácticas y fácilmente accesibles por los consumidores. En segundo lugar, asegurarse a través de la información de que los consumidores son plenamente conscientes de qué es y qué no legal. Y en tercer lugar, proporcionar herramientas a los propietarios de los derechos y ISP para que puedan usar la ley civil para disuadir al núcleo duro de usuarios "que deliberadamente prosigan su actividad ilícita".
The Guardian da cuenta de algunas de las primeras reacciones de la norma, que no ha satisfecho del todo ni a los proveedores de internet (a los que saldrá caro el almacenamiento de datos) ni a la industria de los contenidos, impaciente ante una medida que podría tardar meses o incluso un año en proporcionar el poder suficiente a Ofcom para actuar. Los expertos en internet, además, ya han avisado de que los usuarios no tardarán en buscar alternativas tecnológicas para seguir actuando como hasta ahora.
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