En la última sesión plenaria de la Eurocámara antes de las elecciones de junio, el Parlamento Europeo ha rechazado un nuevo paquete de normas en el mercado de telecomunicaciones en su segunda lectura, el polémico Paquete Telecom que ha movilizado a internautas de toda Europa durante los últimos meses.
Al final se ha cambiado el orden de la votación, aprobándose por 497 votos a favor y 57 en contra la enmienda 9, que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a internet. Al ser una modificación que no estaba incluida en el texto acordado por el Consejo, el paquete sobre telecomunicaciones entero tiene que ir a conciliación. Ese es el procedimiento por el cual el texto tienen pasar a un Comité (entre una delegación de Industria del parlamento y el Consejo) para llega a un acuerdo. Sólo después el texto acordado podrá ser remitido a un pleno del Parlamento Europeo para su votación. Pero debido a las próximas elecciones europeas de junio y a la pausa veraniega, estas reuniones no tendrán lugar hasta el próximo mes de septiembre, y ya con un nuevo Parlamento. Parlamento y Consejo tienen un plazo máximo de ocho meses para lograr un acuerdo.
Los apartados que han enfrentado a las asociaciones de ciberderechos y consumidores con los eurodiputados en las últimas semanas vienen motivadas por la presión que ha realizado el gobierno francés (que prepara una legislación para cortar la conexión a internet a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por copyright) y de los lobbys de las industrias culturales de Estados Unidos. En los últimos días se había eliminado una enmienda donde se decía explícitamente que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios de internet sólo podrían aplicarse tras una decisión de un juez. Esta enmienda, redactada de forma ambigua, dejaba la puerta abierta para que los Estados pudieran introducir legislaciones que cortaran la conexión de los usuarios mediante procedimientos administrativos. Ha sido precisamente la enmienda que ha "tirado" todo el acuerdo.
El eurodiputado David Hemmerstein de Los Verdes, uno de los responsables de la enmienda 9 aprobada, comentó ayer en el debate que "Sarkozy ha echado un pulso a la Unión Europea sobre el futuro de Internet. Los internautas no quieren que los ISPs se conviertan en policías de Internet. La Neutralidad en la Red está en peligro por la gestión del tráfico y hay aspectos del informe que no protegen la neutralidad de forma clara. La mera información a los consumidores en un contrato no basta".
Por su parte, la comisaria Viviane Reding, en respuesta a las preguntas de varios eurodiputados comentó en el debate celebrado en el parlamento europeo, previo a la votación de hoy que "el acuerdo aclara que las medidas desproporcionadas para limitar los derechos de los internautas son ilegales y confirma que siempre tiene que haber un juez y un tribunal independiente e imparcial y son ellos los que tienen que dictar la última palabra."
Sin embargo, al no haberse llegado a un acuerdo en este punto, el paquete Telecom que debe ser aprobado en su totalidad, pasa al comité de Conciliación donde se discutirán los puntos de conflicto. Finalmente, han sido los verdes y los liberales quienes han frenado de momento las enmiendas ambiguas del paquete Telecom.
El llamado Paquete Telecom viene a modificar el anterior marco regulatorio de telecomunicaciones aprobado en 2002 por la UE. Desde que la propuesta fue presentada en 2007 por la Comisaria Viviane Reding, ha pasado por varias revisiones en los comités de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y del Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO).
Como ya dijimos este verano, este paquete está dividido en tres apartados principales. Los dos primeros están relacionados con la gestión más flexible del espectro actual y el que quedará libre después del apagón analógico —previsto en España en 2012— y con la creación de un organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones a nivel europeo que colaborará con los diferentes reguladores de los 27 países. Esta agencia tendrá carácter consultivo y no tendrá capacidad para vetar las decisiones tomadas por los reguladores nacionales, como la CMT en España. Este apartado ha sido realizado por la eurodiputada del Partido Popular, Pilar del Castillo.
El tercer apartado se basa en el informe de Malcolm Harbour para mejorar los derechos de los consumidores. Entre otras medidas, se obliga a los operadores de telecomunicaciones a proporcionar información sobre tarifas, condiciones de uso y exigirles que adviertan a los usuarios si estas empresas han sufrido una pérdida o han realizado un mal uso de los datos personales. Es decir, si un ISP bloquea una aplicación de VoIP o no permite usos de aplicaciones p2p, deberá dejarlo claro en sus condiciones, pero el texto, tal y como está redactado actualmente, no obliga a las operadoras a ofrecer el servicio de acceso a Internet basado en la neutralidad en la Red. Es decir, podrían —si así lo decidieran— potenciar que el acceso a determinadas páginas o servicios fueran más rápidos o de pago en función de acuerdos comerciales con estas empresas o con los usuarios.
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