VALENCIA.- La semana pasada fueron los miembros del Comité Ejecutivo del PP los que, con rostro serio y preocupado, escoltaron al jefe, Mariano Rajoy, en su dura defensa del partido. Hoy le ha tocado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha tenido que salir, acompañado de varios consejeros y la alcaldesa de Valencia, para desmentir las informaciones que le vinculan con la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, cuyo trabajo ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP".
En una declaración leída ante los periodistas, en la que no se han admitido preguntas, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consejeros y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario.
Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada".
El presidente de la Generalitat ha llegado a parafrasear a Bertold Brecht —"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"—, y ha asegurado que "en democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación". Además, ha pedido "tranquilidad y paciencia" a los miembros y militantes de su formación porque, según él, el partido "saldrá reforzado".
Francisco Camps aparece vinculado a la trama de corrupción investigada por Garzón —que supuestamente dirigía el empresario Francisco Correa, organizador de actos del PP— a través de unas facturas pagadas por una de las imputadas. Ésta, según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, habría pagado 30.000 euros en trajes para el president de la Generalitat, como soborno por favores urbanísticos en la región.
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