MADRID.- La ecuación es clara: si no se construyen viviendas, baja el consumo de cemento, los albañiles no necesitan colocar suelos, ni los azulejeros fabricarlos, ni los pintores decorar paredes, ni los fontaneros instalar grifos... Si los pisos no se ocupan, no hay inquilinos que necesiten comprar muebles, ni poner cortinas, ni comprar electrodomésticos que no van a usar... Y si ni se compran ni se venden casas, la labor de los notarios es innecesaria, y tampoco los registradores tienen qué registrar. El maná del que muchos se han alimentado en los últimos años se ha agotado. Es época de sequía, y la construcción, esa fuente de la que beben muchas bocas, no tiene agua suficiente para todos.
La primera en resentirse del parón residencial fue la industria suministradora de materiales para las obras. Fabricantes de ladrillos, hormigón, cemento y acero, y empresas madereras o de alquiler de maquinaria ya sintieron el descenso de la demanda en el primer semestre. Una situación que, según Rafael Fernández, presidente de Cepco (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción), se ha intensificado en los últimos meses con "caídas en los pedidos de entre el 50% y el 70%". Y el descenso "no está siendo compensado con la obra pública", dice Fernández, ya que ésta ha bajado un 40%, y la rehabilitación residencial apenas absorberá un 1% de las ventas del sector de materiales.
El panorama se complica si tenemos en cuenta los aplazamientos de pagos a los que están recurriendo constructoras y promotoras, y que "ya rebasan los 200 días", afirma Fernández; así como la falta de garantías de cobro. "Bancos y aseguradoras no se fían de las constructoras, y han retirado todos los mecanismos de seguridad en el cobro", explica el presidente de Cepco.
Así las cosas, "no hay capital para pagar las nóminas y seguir funcionando", asegura Fernández, por lo que "muchas empresas van a tener que dejar de mandar material a las pocas obras en marcha y poner en la calle a cerca del 40% del personal (el sector emplea a 500.000 trabajadores)". Y eso en el mejor de los casos. Según el presidente de Cepco, si el problema de la financiación no se soluciona rápidamente, serán numerosas las compañías que "tengan que echar el cierre". De momento, el 5% de sus 5.000 empresas fabricantes asociadas han entrado en procesos concursales.
Para algunas industrias, como la del cemento, la situación se complica por el elevado coste eléctrico —"con subidas brutales desde el verano", según Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, la patronal—, y por la nueva directiva sobre emisiones de CO2. Según Zaragoza, "los objetivos sobre derechos de emisión podrían suponer la deslocalización de la industria cementera europea", que abandonaría el continente en busca de otros países "menos eficientes, pero con menores gastos y emisiones".
Desde Cepco proponen al Gobierno que rebaje el Impuesto de Sociedades —actualmente en el 35%, frente al 2,5% de Irlanda, por ejemplo—, reivindican el aplazamiento del pago del IVA hasta que las empresas hayan cobrado, y reclaman un sistema que garantice el abono de las facturas a un máximo de 60 días —Brown y Sarkozy se han comprometido a asegurar pagos a 30 días—, así como formacíón para reorientar a los parados.
Con el trascurso de los meses, la 'epidemia' se ha ido contagiando a la "fase de acabado" de la construcción, en la que participan compañías azulejeras, de mármol y sanitarios, entre otras. Así como a los fabricantes de muebles, tiendas de electrodomésticos y decoración.
"Muchas empresas se están viendo obligadas a recortar plantillas —comentan desde Ascer, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos—. Y nosotros estamos trabajando para que esta pérdida de empleo sólo sea temporal". Para conseguirlo, la asociación ha firmado con los sindicatos un Pacto por el Empleo en el sector que, en su opinión, "está dando sus frutos". Sus esperanzas de cara al futuro están puestas en los mercados extranjeros —principalmente Europa del Este y los países árabes—, en la rehabilitación de viviendas y en la obra pública.
Otros, sin embargo, ponen sus miras en la banca. Esperan que las ayudas que les está concediendo el Gobierno se traduzcan en créditos para el consumo, y esto "anime el mercado", dice Francesc de Paula, secretario general de Confemadera. Según los datos de la patronal, el consumo de muebles se ha reducido un 30%. Mientras tanto, optan por el mobiliario urbano y la rehabilitación.
En la misma línea se han reducido las ventas de electrodomésticos, que sólo entre enero y marzo habían caído casi un 20%, ya que precisamente éste es el porcentaje del negocio que está ligado a la vivienda de obra nueva, comentan desde Anfel, la patronal.
Con este panorama, sólo queda rendirse o seguir 'al pie del cañón'. Entre los que han optado por la primera alternativa se encuentra el fabricante de sanitarios Roca, que ha planteado la extinción de casi 400 contratos en sus plantas de Gavà (Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid), y Alcalá de Guadaira (Sevilla), así como en sus oficinas barcelonesas, debido "a la caída de las ventas provocada por la crisis inmobiliaria".
Los empresarios gallegos del mueble, por su parte, proponen a las administraciones la posibilidad de desgravar la compra de mobiliario, e incluso han llegado a hablar de un Plan Prever para el sector, al estilo del de los automóviles.
Notarios y registradores, esos que no pueden faltar en la firma de las escrituras de una casa, o en la de la hipoteca, también están notando ya la crisis de la vivienda. Los notarios han perdido el 40% de su volumen de trabajo, porque su principal fuente de ingresos son los sectores inmobiliario y financiero (créditos), y ahora ni se compran ni se venden pisos, ni se piden ni conceden créditos. Estos profesionales se limitan en la actualidad a temas relacionados con herencias y sucesiones o a sorteos que requieren de su presencia para "dar fe".
Y otro tanto ocurre con los registradores de la propiedad. Según sus estadísticas, entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2008, se ha producido un descenso de más del 26% en el número de viviendas registradas. Y se espera que la situación empeore.
El parón del sector inmobiliario también es el principal causante de la acentuada merma en la recaudación de impuestos de las administraciones locales, regionales y estatal. Y las nefastas consecuencias de la crisis del mercado inmobiliario en España han llegado más allá, nada menos que a los campos de fútbol.
Sirvan como ejemplo el Deportivo de La Coruña, que no ha encontrado patrocinador que sustituya a Martinsa-Fadesa en sus camisetas; o el Almería, que tampoco tiene sustituto para Obrascampo. Éstas son sólo dos de las promotoras que desde julio han dejado de patrocinar a los 20 principales equipos de fútbol nacionales. Y las previsiones no son nada optimistas: el número de patrocinios controlado por magnates inmobiliarios podría caer este año a 4 desde los 8 registrados en la temporada 2006.
Empieza el último mes del año. A los promotores inmobiliarios se les va a hacer larguísimo, pero no más que a todas las empresas que beben del agua de la construcción, y que a los bancos acreedores, a los que ya no les llega la camisa al cuello. La presión sobre el sector es insoportable: la grandes inmobiliarias cotizadas o han suspendido pagos o están prácticamente intervenidas por los bancos después de unos procesos de refinanciación de la deuda traumáticos y mayoritariamente fallidos.
Los bancos ya se han quedado con Colonial y acaban de hacer lo propio con Metrovacesa, convirtiendo en capital lo que era deuda de la familia Sanahuja. Este mes sabremos también si Nozar paga lo que adeuda a una Reyal Urbis, que tirita, y si Colonial es capaz de avanzar en el proceso de venta de Riofisa. Abrochémonos los cinturones, que lo peor está por llegar.
Mientras tanto, el Gobierno intenta calmar los ánimos anunciando un fondo de inversión de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos. Su objetivo: financiar obra pública, para ayudar a las empresas constructoras y a las que realizan actividades auxiliares, y crear cerca de 200.000 puestos de trabajo en 2009. De momento, ya hay cerca de tres millones de parados en España (171.243 se han sumado en noviembre), de los que casi 1,1 millones trabajaban en la construcción.
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