MADRID.- La crisis inmobiliaria no sólo va a notarse en el bolsillo de los hipotecados, de los promotores, o de la banca. Según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE), si la Administración Pública recauda menos impuestos por la escasez de actividad del sector, partidas presupuestarias como la sanidad, la seguridad, el empleo, las infraestructuras o la educación, que nos afectan a todos los españoles, se resentirán.
En 2007, las compraventas de vivienda reportaron a las arcas públicas 38.696 millones de euros, una cifra que equivale a la suma de los presupuestos destinados durante el ejercicio pasado a infraestructuras (14.237 millones), seguridad (8.138 millones), empleo (7.287 millones), sanidad (4.200 millones), educación (2.485 millones), y acceso a la vivienda (1.248 millones). Sin embargo, representa 4.532 millones menos que lo recaudado por este concepto el año anterior, cuando comenzó el cambio de ciclo, pero 15.896 millones más de lo que se prevé se ingresará en 2008, según los cálculos de los expertos del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
De hecho, los 22.800 millones que se calcula se recaudarán este año en concepto de impuestos inmobiliarios, se encuentran muy lejos de los 40.473 millones necesarios para cubrir los conceptos especificados en los Presupuestos del Estado de 2008 para estas mismas políticas.
Las proyecciones del IPE para este ejercicio se saldarán con un descenso del 37,05% en el número de viviendas iniciadas, hasta situarse en las 398.446 unidades (la cifra más baja desde 2001), y una caída del 34,75% en las terminadas, hasta 422.981 viviendas (la cifra más baja desde 2002). Además, el número de visados solicitados (primer trámite que se emprende para construir en el futuro una vivienda) se reducirá a más de la mitad (un 55%), desde los casi 700.000 de 2007, hasta los 310.566 que se prevén al cierre de 2008.
No hay que olvidar que "el sector inmobiliario representa más de un tercio del PIB español", recuerda José Antonio Pérez, director de la cátedra inmobiliaria del IPE. Y que la actividad urbanística -desde que se adquiere un solar hasta que se cierra la venta de una casa- supuso el cobro de 144.000 millones de euros en impuestos en el periodo de mayor crecimiento del mercado, entre 2003 y 2006. De esta cantidad, más de 24.000 millones procedieron de la recaudación fiscal por transmisión de propiedad, es decir, de impuestos pagados por los compradores de vivienda.
Sin embargo, a Pérez le llama la atención "la escasa contrapartida puesta en carga por los responsables públicos, por ejemplo, en ayudas para mejorar el acceso de las familias a la vivienda". En su opinión, ésta es una de las grandes tareas pendientes del Gobierno. Una propuesta que lanza al aire es la posibilidad de emplear el 10% del coste de la vivienda a reducir el gravamen de las hipotecas. Pérez asegura que los promotores están dispuestos a dejar de ingresar ese porcentaje si la administración cumple con su parte, porque esto permitiría reactivar el mercado de compraventa, totalmente congelado desde hace meses.
Por otra parte, el IPE pone en duda que la vivienda protegida (VPO) sea una alternativa real para compensar el "importante ajuste" que vive el mercado residencial de renta libre, sobre todo por las dificultades de acceso a suelo a precio asequible. Así, calcula que en 2008 se iniciarán 83.793 VPO, lo que supone un descenso del 51% respecto a 2007, mientras que los pisos terminados bajarán un 7,7%, hasta los 61.547.
Es por ello que Patricio Sánchez, director del departamento de investigación del IPE, no cree que se haya tocado fondo en esta crisis, y no ve que 2009 se presente mucho mejor. En su opinión, la tendencia es muy negativa, y "hasta que la tasa de desempleo no empiece a reducirse, no se iniciará un nuevo ciclo virtuoso", no vicioso, como el actual.
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