El ministro de Industria Miguel Sebastián ha presentado el nuevo Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011. La iniciativa es ambiciosa y presenta numerosas propuestas, incluyendo algunas de las que ya se le sugirieron desde este medio hace unos días. En este artículo, voy a comentar algunos de los elementos que me han parecido más relevantes.
En primer lugar, hay que decir que es muy loable y bienvenido plantear como objetivo fundamental el ahorro y la eficiencia energética. Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, existe un importante potencial que es necesario y conveniente aprovechar.
Pero no sólo a corto plazo, tal como parece plantear el plan, ya que determinadas acciones a corto plazo sólo consiguen empeorar las cosas a largo, por el llamado efecto rebote (si a corto plazo cambiamos a equipos más eficientes, luego nos será más barato consumir energía, y puede ser que consumamos más que antes). La apuesta por el ahorro y la eficiencia debe ser sostenida, tal como el plan plantea, para medidas a largo plazo como las energías renovables.
Una muy buena primera idea de la iniciativa es el impulso a las Empresas de Servicios Energéticos. Estas empresas son aquellas que ayudan a mejorar la gestión energética de los consumidores, asesorando e incluso invirtiendo en mejoras, y tienen un papel clave que jugar en esta estrategia. Lo que no veo tan claro es si de verdad la garantía de seguridad jurídica, la financiación y la contratación pública que comenta el plan son los obstáculos reales para el desarrollo de estas empresas.
Y esto es porque el inconveniente fundamental para estas compañías es que no tienen mucho dinero que ganar: el coste (precio) de la energía es bajo (por subvenciones de una u otra índole) y no permite recuperar algunas inversiones; no hay muchos incentivos para ahorrar energía por parte de los consumidores, y por tanto no hay mucho negocio. Si de verdad se quiere estimular a estas empresas, lo que hay que hacer es crear un negocio para ellas, por ejemplo, obligando a realizar ahorros, como con los certificados blancos que se usan en Italia o Francia (y que en el primer caso han contribuido a una explosión de estas empresas). Los programas de certificados blancos consisten en un obligación para las empresas suministradoras de reducir la cantidad demandada por sus clientes, bien directamente o bien contratándolo a otras empresas (las de servicios energéticos), que por tanto ven aparecer un negocio, ya que pueden vender estos servicios a las empresas suministradoras.
En cualquier caso, si lo que se quiere es reducir nuestra dependencia del petróleo a corto plazo, donde de verdad tenemos que poner la carne en el asador es en el sector transporte, que es donde se consume este combustible. Aquí el plan propone algunas medidas interesantes, como la promoción de los coches eléctricos, que efectivamente parecen ser el futuro de la automoción. Aunque claramente es un camino por donde hay que seguir, no sé si las medidas propuestas bastarán para conseguir un millón de coches en 2014, porque para ello hay que mover muchas fichas: los fabricantes de coches, que sólo responderán ante un impulso multinacional; las compañías eléctricas y su regulación, que debe permitir e incentivar este tipo de uso, incluso la infraestructura para generar la electricidad y para permitir la recarga de los coches (que no tengo claro que esté incluida en la Planificación Energética que también ha presentado el ministro). En este sentido sería deseable una estrategia más ambiciosa y más completa.
Lo de reducir el límite de velocidad sí puede ser una medida ciertamente efectiva y rápida. Una reducción del 20% de la velocidad máxima puede reducir más de un 20% en el consumo de combustible. Posiblemente sea una de las medidas más poderosas, si se aplica con la suficiente amplitud, y sobre todo, si se vigila su cumplimiento. Eso sí, vamos a ver cuánto nos duran los puntos, no es de extrañar que la gente no esté muy a favor de la medida…
En lo que respecta a ahorro energético en edificios, aunque se propone modificar el Real Decreto de Edificación Energética de Edificios Nuevos, hay que ser consciente de que el problema no está ahí (y menos ahora con la crisis inmobiliaria) sino en los edificios existentes. Se echa mucho de menos una obligación de reformar energéticamente los edificios que ya tenemos, y que son muy ineficientes. Se han propuesto medidas de este tipo, que además reactivarían el sector de la construcción en estos tiempos de crisis, pero parece que no han sido bien acogidas en el Ministerio…
En cuanto al ahorro de electricidad: desgraciadamente, parece que se pone mucho énfasis en la iluminación, cuando la contribución de ésta al gasto energético, y por tanto, al ahorro potencial, es más bien pequeña. Se echa de menos en cambio alguna mención a medidas tan potentes como los certificados blancos ya mencionados o el desacople de la retribución de las distribuidoras y comercializadoras de la energía consumida (es decir, que los ingresos de las distribuidoras no dependan de la energía que venden, y que por tanto tengan cierto incentivo para ahorrar por sí mismas), que posiblemente, como se ha visto ya en otros países, sería mucho más efectivo.
Finalmente, es curioso observar cómo el plan no contempla ninguna medida de las consideradas más efectivas y eficientes: las señales de precio al consumidor. Será que en estos tiempos de crisis nadie se atreve a plantear esto, dada su evidente impopularidad (porque nadie quiere pagar más, como bien decía uno de los comentaristas de la propuesta de soitu.es). Pero recordemos dos cosas: primero, que con los impuestos energéticos paga más el que consume más, al contrario que con las medidas como las que se proponen financiadas por el presupuesto público, que pagamos todos aunque no consumamos (¿qué es más equitativo?); y segundo, que si desde hace unos años estuviéramos pagando por la energía lo que realmente cuesta, habríamos aprendido a ahorrar por nuestro propio interés y entre otras cosas nos habríamos ahorrado los 17.000 millones extras de la factura del petróleo, que seguro que hubieran compensado los impuestos.
Conclusión: es éste un plan lleno de ideas, muy interesantes unas, curiosas otras, y dudosas algunas. Pero la gran mayoría están basadas en la buena voluntad de consumidores, fabricantes, y administraciones. Para que un plan sea efectivo, lo que tiene que hacer es poner regulación, incentivos y multas. Y de eso parece que hay poco. Esperemos que haya más cuando se concrete.
*Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible.(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).
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