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¿Hay que prohibir las bombillas incandescentes?

  • La prohibición reduce el bienestar y hace desaparecer el estímulo de la innovación
  • Una alternativa a la prohibición: imponer un impuesto al uso de las incandescentes
Por PEDRO LINARES* (SOITU.ES)
Actualizado 10-08-2009 09:36 CET

En los últimos tiempos se está comentando bastante la posibilidad de prohibir el uso de las bombillas incandescentes "clásicas". La razón: que son muy poco eficientes desde el punto de vista energético.

Una bombilla incandescente consume entre dos y cinco veces más energía que una bombilla de bajo consumo u otro veces más que un LED para dar el mismo nivel de iluminación. Una bombilla incandescente disipa casi toda la energía consumida en forma de calor (lo que ha hecho que algunos las defiendan diciendo que si las cambiamos tendremos que aumentar el consumo de energía para calefacción, aunque los números están bastante forzados…). Otra cuestión es su consumo de energía y otros materiales a lo largo del ciclo de vida, aquí parece que las diferencias se acortan algo. Pero en todo caso, siguen siendo menos eficientes. Y en estos tiempos en que el ahorro y la eficiencia energética son una prioridad, esto no parece tener mucho sentido.

Pero, ¿por qué prohibirlas? Al fin y al cabo, no prohibimos usar Hummers, o la calefacción eléctrica, u otros usos muy poco eficientes de la energía…El argumento que se da para prohibirlas es que las medidas clásicas para que la gente las sustituya de manera natural no funcionan. Porque, en principio, deberíamos esperar que la gente sustituyera sus bombillas convencionales por razones puramente económicas. Aunque cuestan siete veces más, también duran más. Y además, al consumir menos energía, nos ahorramos algo de dinero. Según esta estimación, si cambiáramos cinco bombillas convencionales por las de bajo consumo, nos ahorraríamos 50 euros al año. En dos o tres años habríamos recuperado la inversión. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues por las mismas razones que no acometemos otras inversiones, en principio muy rentables, relacionadas con la eficiencia energética: incertidumbre sobre la recuperación de la inversión, falta de información, aversión al riesgo…y también otros inconvenientes no incluidos en el coste, como la calidad de la iluminación (por ahora, peor en el caso de los LEDs y las de bajo consumo).

El que la gente no responda como "debería" es lo que hace que los gobiernos se planteen la posibilidad de intervenir administrativamente para lograr ese bien social que sería ser más eficientes energéticamente. Si los beneficios que se logran con esa intervención (ahorro de costes, reducción de impacto ambiental, etc.) son mayores que los costes de la misma (costes administrativos, pero también costes sobre la sociedad por el cambio), entonces la intervención estaría justificada. Yo personalmente creo que en este caso seguramente lo esté. Pero no creo que la manera de hacerlo sea prohibir las bombillas incandescentes, aunque sea la forma más sencilla de actuar. Creo que hay mejores maneras de conseguir que seamos más eficientes en la iluminación, sin necesidad de prohibir. Porque la prohibición estricta tiene dos problemas: la reducción del bienestar, y la desaparición del estímulo a innovar.

Cuando prohibimos usar bombillas incandescentes (en lugar de usar otras alternativas), estamos reduciendo el bienestar de la sociedad: habrá gente que estará encantada de cambiar a bombillas de bajo consumo (incluso aunque no lo hubiera hecho antes por otras razones), y esa gente estará mejor que antes; pero habrá otra gente que seguirá prefiriendo usar incandescentes, y esa gente estará peor, porque estamos eliminando su posibilidad de elegir. Si pusiéramos por ejemplo un impuesto a las bombillas incandescentes, el bienestar se reduciría menos que con la prohibición: el que quisiera usar las incandescentes, pagaría más, pero podría seguirlo haciendo si le compensa ese mayor gasto.

La otra razón por la que la prohibición no es buena es porque elimina el estímulo a la innovación (ver por ejemplo este artículo sobre el tema, aunque en un sector distinto): si se prohíben las incandescentes, nadie estará interesado en intentar hacerlas más eficientes, una ruta prometedora, como se verá luego. La gente trabajará en la tecnología seleccionada por el Gobierno, sea el bajo consumo o los LED. El problema es que los gobiernos no son siempre los más apropiados para seleccionar cuáles son las tecnologías más apropiadas, o con mayor potencial de innovación, como ya se ha visto muchas veces. Y la innovación en materia de energía es cada vez más importante, por lo que es un tema que no sólo no hay que descuidar, sino en el que debemos ocuparnos lo más posible.

Así que, ¿qué medidas son mejores que la prohibición? La mejor sería imponer un impuesto lo suficientemente elevado al uso de las bombillas incandescentes. Esto ya se ha hecho en otros campos, como las bolsas de plástico en Irlanda, y ha funcionado (en Irlanda las bolsas de plástico desparecieron casi por completo en cuestión de semanas). Mantiene el estímulo a la innovación, y no supone tanta reducción de bienestar, porque mantiene las posibilidades de elección para todos. Por supuesto, el impuesto debería estar bien calculado, para tener en cuenta realmente los inconvenientes de las bombillas incandescentes en comparación con las otras tecnologías.

Si esto no funciona (porque el impuesto no es lo suficientemente elevado, o por otras cuestiones relacionadas con la respuesta del consumidor al precio) entonces se podría usar un estándar de eficiencia en la iluminación (no asociado a una tecnología determinada). El estándar de eficiencia sí mantiene el estímulo a la innovación, y no hay más que ver lo que está pasando en el sector de las bombillas incandescentes. Los desarrollos que se están viendo en los últimos tiempos (una vez que los fabricantes le han visto las orejas al lobo, es decir, cuando se les han dado los incentivos adecuados) son espectaculares, y quizá permitan lograr una iluminación de la misma calidad que la que tenemos ahora, pero con mucho menos consumo. Este escenario no hubiera sido posible con la prohibición. Como en tantas otras cuestiones de energía y medio ambiente, parece estar clara la necesidad de intervenir administrativamente, pero la prohibición, por muy simple que sea, no es la mejor manera de hacerlo.

Para saber más:


*Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible.

(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).

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