Tras el 'no' irlandés al Tratado de Lisboa, los Veintisiete se sumen en una nueva crisis a la que tienen que dar pronta solución para no convertir esta profunda herida a la institución en una hemorragia mortal. Y no queda mucho tiempo. En principio, está previsto que entre en vigor en enero de 2009 -con sus nuevas instituciones y sistemas de toma de decisiones- y los socios comunitarios urgen a encontrar una salida. En este artículo aclaramos algunas dudas sobre las consecuencias del rechazo irlandés que, por de pronto, ralentizará a una institución de veintisiete Estados y 500 millones de ciudadanos.
No, en principio. Tanto la Comisión Europea como la mayoría de los socios comunitarios apostaron ayer por continuar con el proceso de ratificación del Tratado, pendiente aún de ser aprobado por los Parlamentos de Bélgica, Chipre, España, Holanda, Italia, Reino Unido, República Checa y Suecia. Argumentan que una diferencia de 100.000 votos entre el 'sí' y el 'no' no puede condicionar el futuro de 500 millones de ciudadanos. Sin embargo, las reglas del juego están para ser cumplidas, y el propio documento señala que para su entrada en vigor es necesario el visto bueno de los 27.
La falta de reacción inmediata, las caras de preocupación y la carrera hacia adelante que emprendieron los líderes europeos nada más conocer los primeros datos del referéndum evidenciaron que Europa no tenía diseñado un 'plan b'. Éste tendrá que diseñarse con urgencia (durante este fin de semana), ya que la cuestión será abordada en la reunión que el lunes celebrarán en Luxemburgo los ministros de Exteriores y el próximo jueves y viernes los Jefes de Estado y Gobierno en la cumbre de Bruselas. Sobre la mesa de ambas reuniones se barajará la posibilidad de 'mirar hacia adelante' (seguir el proceso y dejar un plazo de tiempo para abordar el caos irlandés); abrir la puerta a la 'Europa de dos velocidades' (de la que siempre se ha rehuido y que supondría dejar en el vagón trasero al socio que más está creciendo económicamente); incluso 'reformar el Tratado' (hipótesis que evitan plantear hasta los más pesimistas).
No. El Tratado de Lisboa tiene como objetivo la "modernización y reforma" de la UE, para dotarla "de los medios necesarios para enfrentarse a los desafíos del mundo de hoy". Durante los últimos diez años, la institución ha funcionado con unas normas concebidas para quince miembros (el Tratado de Niza). Tras la ampliación a Veintisiete, la Unión decidió hacer menos farragosas las tomas de decisiones (el sistema de votación se simplifica y se termina con las presidencias rotativas); "democratizar más" las instituciones (ampliando las competencias del Europarlamento y las Cámaras nacionales); y fortalecer una política exterior común. La no entrada en vigor en enero de 2009 del Tratado, tal y como estaba previsto, no supone la paralización de la UE, pues seguirá vigente el de Niza -rechazado, por cierto, en primera votación también por los irlandeses en 2001-. Pero sí supondrá una ralentización en el avance europeo.
España está en ese club de Estados que todavía no ha ratificado el Tratado. Hemos pasado de ser los primeros que fuimos llamados por el Gobierno para aprobar la Constitución Europa a ver como el Parlamento todavía no ha fijado fecha para pronunciarse sobre el nuevo documento. Lo cierto es que el Tratado de Lisboa da mayor peso político a nuestro país con respecto al Tratado de Niza. España gana cuatro eurodiputados más (de 50 a 54) y el Gobierno se felicita porque con el nuevo sistema se acaba con los vetos a materias de su máximo interés (seguridad, política migratoria, justicia y reformas agrarias).
El varapalo que supuso el rechazo de la nonata Constitución Europea por parte de franceses y holandeses escarmentó a los dirigentes europeos, que decidieron tramitar por la vía de Tratado, en vez de Constitución -lo que evitaba tener que ser refrendado por el 'poder constituyente' (es decir, los ciudadanos)- el nuevo documento. Así, en todos los Estados son los Parlamentos quienes están dando su visto bueno al texto. Sin embargo, la Constitución irlandesa obliga a someter a consulta popular cualquier modificación introducida y por ello, los irlandeses (el 1% de los 500 millones de europeos) son los únicos que han podido expresar su parecer. En varios países, sobre todo en el Reino Unido, el Gobierno laborista de Gordon Brown está siendo presionado por la oposición de los 'tories' para que convoque un referéndum, al que se opone firmemente.
Los críticos con el Tratado han logrado convencer al 53,4% del 1.621.037 irlandeses que acudieron el jueves a votar con una amalgama de argumentos y sensibilidades muy dispares. En el 'no' se aglutinaron desde los sectores más conservadores (católicos y Sinn Féin) que utilizaron argumentos como que se abría la puerta al aborto y la eutanasia -asuntos que no aparecen citados en el Tratado-, así como sectores proeuropeístas, que exigían una Europa "más democrática y más transparente". También parece que ha calado más el temor a una pérdida de peso político y económico de Irlanda en la UE: como el resto de socios, los irlandeses no tendrán garantizado como ahora un comisario, muchas decisiones no saldrán adelante por unanimidad y podría perder privilegios fiscales (al ajustar su impuesto de sociedades al resto de países, perdiendo atractivo para la inversión extranjera).
El Tratado de Lisboa fue la respuesta apresurada que los dirigentes europeos dieron a la nonata Constitución Europea, que fue enterrada por franceses y holandeses. En el verano de 2007, los ministros de Exteriores elaboraron el documento que trataba de hacer más dinámica la institución tras su ampliación. Muchos han visto en este documento un intento de camuflar una Constitución-bis con algún pequeño retoque. Entre las novedades destacan tres: mayor participación de los Parlamentos nacionales (podrán solicitar modificaciones a textos todavía no aprobados), una reforzada "democratización" en la toma de decisiones (el Europarlamento tendrá más competencias sobre las que legislar y las decisiones serán tomadas a través del sistema de doble mayoría — 55% de los Estados, siempre que representen al 65% de la población—) y el fortalecimiento de las instituciones (se crea la figura del presidente de la Comisión —se acabaron las presidencias de turno—, un ministro de Exteriores común y se reduce el número de comisarios).
Desde septiembre de 2000 (cuando los daneses rechazaron el euro) los plebiscitos se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para la Unión. Luego llegó el 'no' irlandés al Tratado de Niza (mutado en 'sí' dieciséis meses después). Después fue el turno de los suecos, que rechazaron su adhesión a la moneda única en 2003. La ratificación de españoles y luxemburgueses de la Constitución Europea dio un respiro a la institución, pero entonces llegó la sentencia de muerte de franceses y holandeses en 2005, que enterró la Euroconstitución. Los analistas esgrimen varias razones: la complejidad de los documentos, farragosos y técnicamente alejados del día a día de los ciudadanos; la imagen negativa que muchos Gobierno dan de la UE, responsabilizándola de muchos problemas; la dificultad de aunar sensibilidades tan divergentes de veintisiete Estados; y, sobre todo, que en muchas consultas, los votantes aprovechan para castigar asuntos colaterales (crisis económica, gestión del Gobierno nacional...)
Sarkozy se las prometía felices durante el semestre de su presidencia de turno, que comienza el 1 de julio. Se jactaba de haber sacado a la UE del atolladero que supuso el rechazo francés a la Constitución Europea, pero ahora tendrá que gestionar el revés irlandés a su propuesta, lo que centrará la segunda mitad de 2008. Se aparcan, o pasan a un segundo plano, sus propuestas de solución de la crisis económica, acordar la política migratoria o relanzar una estrategia energética común.
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