Irlanda le ha dicho 'no' al Tratado de Lisboa y vuelve a situar a la Unión Europea en un estado de coma inducido para el que no hay previsto un plan de reanimación con el que salir del atolladero. A la espera de que los resultados sean oficiales, el pesimismo y las caras largas se han apoderado de los pocos eurodiputados que aún quedaban este viernes por Bruselas. Ahora todos esperan la intervención de los 'doctores' Sarkozy y Merkel, que está previsto que intervengan la próxima semana.
Lo que comenzó siendo una campaña pro-Tratado (los primeros sondeos le daban al 'sí' una ventaja del 25% frente al 13% de rechazo), se ha convertido en una pesadilla para Europa. "Aquí la gente no sabe para dónde mirar y las caras son todo un poema", aseguran fuentes del grupo 'popular' en Bruselas. "Los eurodiputados se quitan de en medio, al menos, hasta que hablen Merkel y Sarkozy". De hecho, además del peso que tienen sus países, la canciller fue quien impulsó el nuevo Tratado, y el dirigente francés asume ahora la presidencia de turno de la Unión, que estará marcada por esta crisis. Parece que serán estos dos líderes quienes presenten una solución en el Consejo Europeo de la próxima semana.
Sin embargo, la solución al 'no' irlandés se presenta difícil. Oficialmente, Bruselas no tenía diseñado un 'plan b' ante la posibilidad de que los irlandeses -únicos europeos que iban a expresar su opinión sobre el Tratado- lo rechazaran. No era tanto una cuestión de optimismo, sino más bien de resignación. "¿Qué se les puede ofrece a los del 'no' para que cambien de opinión?", se preguntaban en los despachos y pasillos del Europarlamento. El resultado irlandés ha puesto de manifiesto que la mayor movilización se ha registrado entre los críticos, que en parte, han basado su campaña en asuntos como el aborto o la eutanasia, que no aparecen mencionados en el documento.
En ese 'plan b' de urgencia -que comenzarán a debatir los ministros de Exteriores el próximo lunes en una reunión en Luxemburgo- caben varias opciones, según las fuentes consultadas. Todo puede quedar congelado, ante una hipotética repetición de la consulta en Irlanda el próximo diciembre, aunque para otros, entre ellos el Gobierno español, el proceso debe continuar. Sin embargo, esta posibilidad podría apartar a Irlanda de la primera línea del proceso comunitario, una opción que, reconocen en Bruselas, sería "muy complicada", además de imposible, en el sentido de que el Tratado no entrará en vigor si no es ratificado por los Veintisiete.
Lo que parece más que probable es que este resultado altere las previsiones que tenían diseñadas los vecinos del Reino Unido. El Gobierno de Gordon Brown había decidido no someter a referéndum el Tratado -aprobándolo en el Parlamento, como el resto de Estados-. Eso llevó a un multimillonario cercano al Partido Conservador a demandar al Estado, exigiendo la celebración de la consulta. La difícil situación política por la que atraviesan los laboristas -con los índices de popularidad del Primer Ministro por los suelos- y la presión de 'tories' y de sectores de la izquierda pueden obligar a cambiar esta postura.
Irlanda ha permitido constatar en las urnas la profunda división entre partidarios y detractores del Tratado de Lisboa, que viene arrastrándose desde finales del año pasado -cuando fue ratificado por los Jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete en Portugal-. Los dos sectores han debatido sobre las claves de este prolijo texto (250 páginas, 296 modificaciones, 12 protocolos -más 24 que no han sufrido modificaciones-, declaraciones y anexos). Hay que tener en cuenta que el documento legal es la respuesta urgente que dieron los socios comunitarios al rechazo de franceses y holandeses a la nonata Constitución Europea.
Los que defienden el actual Tratado destacan las novedades incorporadas por los Estados para dar mayor peso institucional a la Unión Europea y aumentar la participación de los ciudadanos en los asuntos comunitarios. Entre estas modificaciones están el mayor peso de los Parlamentos nacionales (podrán solicitar modificaciones a textos todavía no aprobados), una reforzada "democratización" en la toma de decisiones (el Europarlamento tendrá más competencias sobre las que legislar y las decisiones serán tomadas a través del sistema de doble mayoría —55% de los Estados, siempre que representen al 65% de la población—), o la estimulación de la participación ciudadana directa (un millón de ciudadanos podrán solicitar a la Comisión que estudie sus propuestas).
Por contra, los críticos con el texto denuncian desde un primer momento el "secretismo" con el que se gestionó esta reforma de la frustrada Constitución Europea. Señalan que su redacción se decidió en una conferencia de ministros de Exteriores celebrada en julio de 2007, de la que se excluyó el Parlamento Europeo. Además, al no tramitarse por la vía de Constitución, los Estados no se ven obligados a someterlo al referéndum del 'poder constituyente' (es decir, los ciudadanos). Algunos de los aspectos más criticados son la "consolidación del liberalismo" y de la "Europa del mercado libre", el peso y falta de control que sigue ostentando el "podopoderoso BCE", "la sumisión a Estados Unidos" o la letra pequeña que sobre los derechos fundamentales se esconde en el Anexo de los tratados.
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