MADRID.- Las empresas de telecomunicaciones no deben ceder los datos de los usuarios de internet que realizan descargas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aborta el intento de Promusicae de conseguir de Telefónica los datos de un grupo de usuarios de redes P2P. Pero la industria y las gestoras de derechos presionan para ilegalizar las descargas.
La privacidad vuelve a frenar los intentos excesivos de persecución y control por parte de empresas, gobiernos o procedimientos judiciales.
La sentencia llega cuando Europa vive un renacer de la protección de la privacidad en la era del yo extendido y la identidad de dominio público, cuando nuestra personalidad crece y se distribuye en el ciberespacio a través de nuestras manifestaciones, contenidos y actividades.
El Parlamento Europeo quiere que la dirección IP de los internautas sea considerado un dato personal.
Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos, comentaba hace unos días que la privacidad debe ser protegida, así como la confianza y credibilidad entre usuarios y prestadores de servicios.
La sentencia reafirma los criterios de las leyes española y europea: "el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil".
La Ley de Propiedad Intelectual y los criterios de la Fiscalía General del Estado (circular 1/2006, 5 de mayo de 2006) lo dejan claro: si no hay ánimo de lucro y perjuicio a terceros las descargas no son delito.
La ley sólo obliga a proporcionar esos datos si hay indicios de delito, no para demandas civiles.
Pero el resurgimiento de la defensa de la privacidad está amenazado.
La sentencia del tribunal europeo (pdf) especifica que "la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (...) no excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil".
Y a esa rendija se ha agarrado Promusicae para reclamar al legislador que criminalice las redes peer-to-peer y "haga recapacitar a nuestros gobernantes para que promuevan mecanismos que permitan, por fin, lograr la colaboración de los ISP (prestadores de servicios de internet) en la defensa de los derechos de propiedad intelectual", en palabras de su presidente, Antonio Guisasola.
La respuesta de Promusicae ha sido amplificada por la Ifpi, la organización que representa a 1.400 sellos discográficos de 75 países. Su presidente, John Kennedy, insiste en que "la corte europea ha confirmado la necesidad de tener herramientas efectivas para atajar la piratería".
Una vez más, como ha ocurrido con el canon digital, los defensores de la propiedad intelectual colocan sus derechos por encima de los de todos los ciudadanos. En las redes P2P reside mucho material ilegal, pero también muchas copias legales, copias privadas intercambiadas entre ciudadanos sin ánimo de lucro y contenidos con derechos abiertos o flexibles (copyleft y Creative Commons).
Las sociedades gestoras de derechos presionan al gobierno para que declare ilegales las descargas, como ha ocurrido en Francia, donde el gobierno puede bloquear internet para los usuarios que realicen tres descargas ilegales.
El plan francés es puesto como ejemplo por las gestoras al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La industria continúa su lucha por criminalizar el intercambio de archivos y contenidos en la red mientras pone en marcha negocios legales de descargas y comercialización de música, con o sin sistemas de protección anticopia.
El conflicto entre la privacidad y la gestión de derechos vuelve a endurecerse.
Los internautas defienden el uso de redes de intercambio de archivos y contenidos cuando su fin no es el ánimo de lucro ni la comercialización.
El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (23/2006) ya reformó el concepto de comunicación pública para añadir un párrafo que permitiría considerar ilícitas a las redes P2P. Y así lo recordó la Fiscalía a los fiscales en la circular de 2006 antes citada.
Una parte del Gobierno y del PSOE, encabezada por los responsables del Ministerio de Cultura, está a favor del endurecimiento de la persecución a las descargas.
El Partido Popular acaba de expresar por boca de Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación, su defensa del uso lícito de las redes P2P: "No estamos de acuerdo con que se intente criminalizar el intercambio de archivos entre particulares, y se les llame piratas y delincuentes a millones de españoles".
La batalla sigue cuando se discute cómo lo privado invade cada vez más ámbito de lo público al tiempo que la identidad queda cada día más expuesta y desprotegida.
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