"Nuestras búsquedas tardan 18 meses en ser borradas de Google", advierte el director de Protección de Datos

MADRID.-  "Estoy seguro de que ocho de cada diez ciudadanos no entrarían en algunas páginas si supieran que las búsquedas pueden ser recuperadas y relacionadas con ellos durante mucho tiempo. En el caso de Google, por ejemplo, incluso 18 meses después". Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos, resume así el debate existente en Europa sobre la privacidad de los usuarios ante los grandes buscadores, e insiste en que "cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer su derecho de cancelación" para "evitar ser objeto de exhibición en internet".

Rallo acaba de participar en un seminario europeo sobre 'Protección de datos en Internet' en el que se ha discutido si una dirección IP -el número que recibe un ordenador cuando se conecta a la red y que queda como un rastro a lo largo de toda su navegación- es un dato personal que hace identificable a una persona. La Unión Europea defiende que lo es. Google, Yahoo, Microsoft y el resto de grandes buscadores (que almacenan las IP de sus usuarios durante meses) afirman que no. Que ese número sólo se refiere a la ubicación de un ordenador. Algo técnicamente cierto... si no se tiene en cuenta que la mayor parte de las personas se suele conectar a la red siempre desde el mismo equipo. "Una prueba de que la IP identifica a una persona es que cada vez que pedimos al mismo Google que nos proporcione una para una inspección, se acaba imputando a una persona física", ha explicado Rallo en una conversación telefónica.

Si la IP se considera dato personal, debe ser tratada de una forma especial, y ser protegida. Peter Fleische, responsable de Google en materia de privacidad, defendió en este seminario que su empresa conserva las IP para proporcionar un mejor servicio a los usuarios, porque según el lugar del mundo desde el que ser realiza una búsqueda, los resultados deben ser diferentes. «Si se teclea 'fútbol' se obtendrán distintos resultados en Londres que en Nueva York', dijo. Además, defendió que al buscador más utilizado del mundo le interesan las IP como parte de un conjunto, porque proporcionan información valiosa sobre tendencias generales, sin infringir por ello la privacidad individual. También es útil, por ejemplo, para detectar el 'fraude del click'.

Cuestión de confianza

El director de la APD opina que este argumento debe, como mínimo, 'generar inquietud' a las autoridades y usuarios, y que 'el gran problema se plantea cuando se almacenan las IP que los usuarios inevitablemente dejan cuando navegan. Google está en el punto de mira europeo debido a su proyecto de compra de la empresa de publicidad Double Click, que defendió en el evento europeo. La combinación de los datos que manejan sobre los usuarios ambas empresas plantea serias dudas a la Comisión, que debe dar su visto bueno antes de la fusión.

Aunque no existe una autoridad europea con competencias suficientes como para exigir a los buscadores norteamericanos el respeto a la privacidad de los usuarios, Rallo ha destacado la importancia de la confianza y la credibilidad empresarial. "Muchos procesos abiertos exigen a Google que cancele datos de personas, y ellos lo cumplen, existe una vocación de colaboración". La Agencia de Protección de Datos española, dijo, pide habitualmente la retirada de vídeos ofensivos de Youtube (perteneciente a Google). También existen casos en los que se ha solicitado la eliminación de las indexaciones de ciertas resoluciones (como un indulto o una condena) que han sido publicados en el BOE, y que pueden aparecer 'cada vez que alguien, desde cualquier lugar del mundo, busque información sobre una persona'.

Rallo recordó que los usuarios tienen derecho a exigir a las páginas web que publican sus datos personales que los retiren, y que si no lo hacen, pueden pedir ayuda a la Agencia de Protección de Datos. Ellos se dirigirán, bien a la página en cuestión o bien a los buscadores en los que aparezcan, incluido Google.