Santander.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 ha condenado de Santander al Ayuntamiento de Valdáliga a reponer las dunas sobre las que se asienta el golf de Oyambre, para cumplir así la resolución que adoptó en pleno en 2001.
El Juzgado ha aceptado la demanda que presentó en ese sentido Ecologistas en Acción contra el Ayuntamiento de Valdáliga, el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno regional, además de la empresa Silver Eagle, propietaria del golf de Oyambre.
La juez basa el fallo en que el acuerdo que adoptó en pleno el Ayuntamiento en 2001, y cuya ejecución solicitaba Ecologistas en Acción, es un acto administrativo firme, al que aún no se ha dado cumplimiento.
La sentencia alude a otra resolución dictada el pasado 13 de agosto por el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, en la que ordena acometer esas obras de reposición, en cumplimiento de ese acuerdo del pleno de hace ocho años, en 2001.
Para la juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo "no puede entenderse" que la resolución del pasado 13 de agosto haya cumplido las pretensiones de Ecologistas en Acción, porque "se está demorando".
Añade que el nuevo requerimiento de ejecución del Ayuntamiento está dirigido al anterior titular de los terrenos, Construcciones Rotella, que vendió la finca a Silver Eagle en diciembre de 2004.
La sentencia rechaza los argumentos de las administraciones y de la empresa que fueron demandadas, que alegaron que la denuncia de Ecologistas en Acción había perdido sentido después de un cambio en las condiciones de los terrenos del golf debido al proceso de deslinde marítimo-terrestre que se inició en 2005.
Los demandados también pidieron que se rechazara la demanda a raíz de la sentencia que reconoce a la empresa Silver Eagle una concesión administrativa sobre esos terrenos.
La juez destaca que no se ha probado que ni el deslinde ni la concesión otorgada "guarden una relación directa con las actuaciones urbanísticas ilegales realizadas en la Playa de Oyambre".
Tampoco acepta el "desconocimiento" de la ilegalidad de las obras que alegó Silver Eagle, porque, para la juez, esa cuestión "sólo puede tener relevancia entre las partes que suscribieron en el contrato de compraventa".
Añade que el Ayuntamiento, después de ser requerido, "incumplió la obligación" encaminada a adoptar las medidas tendentes a la ejecución del restablecimiento de la legalidad urbanística.
Pero señala que no se aprecia temeridad en este caso y, por ello, no hace ningún pronunciamiento especial sobre las costas procesales.
La sentencia obliga al Ayuntamiento de Valdáliga a ejecutar la resolución adoptada en pleno en 2001 y a adoptar todas las medidas para lograr "la plena efectividad" de ese acuerdo.
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