Nueva York.- Un total de 41 individuos han sido acusados de diversos delitos relacionados con fraudes hipotecarios valorados en más de 64 millones de dólares presuntamente cometidos en el estado de Nueva York, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.
Entre los supuestamente implicados, la mayoría de los cuales ha sido ya detenida, hay seis abogados, una decena de agentes e intermediarios hipotecarios, un contable y un tasador de propiedades inmobiliarias, explicó la fiscalía en un comunicado de prensa.
El total de acusados corresponde a ocho casos diferentes de fraudes relacionados con más de un centenar de inmuebles repartidos por Nueva York y que causaron graves perjuicios a propietarios en apuros, a compradores que creían estar haciendo un buen negocio o una buena acción y a las entidades prestatarias.
El fiscal federal Preet Bharara manifestó que el tipo de conducta delictiva de que se acusa a estos individuos "constriñe los mercados de crédito y hace más difícil que gente honesta consiga el sueño americano de poseer una vivienda".
En uno de los casos, una decena de individuos está acusada de conseguir de manera fraudulenta préstamos por más de 5,6 millones de dólares relacionados con transacciones de al menos once viviendas diferentes.
Los implicados en esa estafa identificaban viviendas cuyos propietarios tenían dificultades para pagar los plazos del préstamo hipotecario y por tanto corrían el riesgo de perder la propiedad.
En numerosas ocasiones, los acusados inducían a los propietarios a vender las viviendas a compañías que controlaban y luego las vendían a precios más elevados.
También les convencían para que las escriturasen o vendiesen a otras personas con falsas promesas de que recuperarían en breve la propiedad o asegurándoles de que estaban refinanciando su casa.
Para llevar a cabo las transacciones, los implicados también engañaban a los compradores de las viviendas en apuros, explicándoles en ocasiones de que con esa transacción estaban ayudando al propietario a "salvar" su casa de una ejecución hipotecaria.
Además, utilizaban documentos falsificados para convencer a los prestatarios de que los interesados en adquirir las propiedades en apuros eran personas solventes y podían por tanto darles crédito.
Como consecuencia del plan fraudulento, los implicados obtenían beneficios de las ventas de viviendas; los propietarios perdían las casas; los compradores se endeudaban a niveles que luego no podían hacer frente y las entidades de crédito sufrían pérdidas por préstamos impagados, explicó la fiscalía.
Los presuntos implicados afrontan penas máximas de 20 y 30 años de prisión en caso de ser hallados culpables y cuantiosas sanciones económicas.
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