Santa Cruz de Tenerife.- Siete personas han sido detenidas en el sur de Tenerife como presuntos integrantes de una organización dedicada a las estafas en la compraventa de inmuebles de tiempo compartido (time sharing), actividades con las que habían obtenido unos 1,5 millones de euros de más de cincuenta víctimas.
La Policía Nacional informó hoy de que los estafadores contactaban con los propietarios para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso y les pedían que adelantaran el dinero para las supuestas transacciones de compraventa, pero después desaparecían con esos fondos.
La investigación comenzó en febrero, al tener conocimiento la Policía de operaciones de reventa de derechos de aprovechamiento por turno de las viviendas, y se logró identificar a un grupo de personas implicadas en los supuestos fraudes, todos residentes en Tenerife.
La organización se dedicaba a mediar en la venta de los derechos, y se indicaba a los vendedores que había un comprador interesado.
Después comenzaba un intercambio de documentos en los que se simulaba la intervención de personas compradoras de los derechos, de abogados y de notarios en ejercicio en España, lo que daba apariencia de que la operación estaba formalmente cerrada.
Todos los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas e impuestos estaban inventados, y suponían un coste medio para las víctimas de 30.000 euros, indicó la Policía.
A las víctimas se les comunicaba que el abono por la compraventa estaría disponible una vez cumplidos los supuestos trámites, pero entonces los intermediarios y los supuestos compradores desaparecían.
Los siete detenidos son titulares de las cuentas a las que iban a parar los fondos defraudados.
En un registro domiciliario se intervino documentación bancaria, como libretas, numeraciones de cuentas, anotaciones de nombres de usuarios y claves de banca a distancia y justificantes de envíos de dinero a Senegal.
También se halló un escáner, escrituras notariales, un listado de presuntos propietarios extranjeros de derechos de aprovechamiento por turnos y otro material informático.
La investigación se ha llevado a cabo por el Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife y la Brigada Local de Policía Judicial de Playa las Américas, con la colaboración del Consejo General del Notariado.
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