Zaragoza.- La Unión General de Trabajadores ha propuesto hoy en una rueda de prensa en Zaragoza dar salida a las 85.000 viviendas desocupadas en Aragón a través de servicios de alquiler que faciliten el asesoramiento, como el que tiene esta entidad.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa la secretaria general de Igualdad y Migraciones de UGT, Beatriz Sanz, quien ha declarado que el Servicio de Vivienda de Alquiler ha conseguido formalizar desde su nacimiento, hace ocho años, 746 contratos.
El programa, que nació con el objetivo de promover la integración de inmigrantes, se extiende hoy a trabajadores españoles, que componen el 52 por ciento de los usuarios del mismo.
La iniciativa proporciona una respuesta integral y gratuita de las gestiones de alquiler, y facilita una bolsa tanto para inquilinos como para arrendatarios, ha explicado Sanz.
Ha remarcado que las principales "amenazas" del mercado de alquiler es la alta tasa de desempleo y el elevado precio de los inmuebles, y ha apuntado que hay que aprovechar la crisis para dar salida a los 85.000 inmuebles que se encuentran vacíos en Aragón.
Potenciar los servicios de arrendamiento, controlar el fraude en los precios, aumentar las ayudas -no únicamente a los jóvenes-, que estas se faciliten en proporción de la renta, ya que muchas segmentos de la población no pueden acceder a vivienda protegida, y mejorar la situación legal de los propietarios son algunas de las soluciones que propone el sindicato.
Además, Sanz ha explicado que los precios de las viviendas de alquiler, a pesar de haber bajado un 19 por ciento este último año, todavía ronda los 8,47 euros el metro cuadrado, lo que supone unos 510 euros al mes por un piso de 60 metros cuadrados, es decir, el 50 por ciento de los ingresos de los inquilinos -los expertos recomiendan que la cuantía no supere el 25% de los mismos-.
La media de los arrendamientos realizados por el Servicio de Viviendas de Alquiler de UGT se sitúa en los 6,08 euros el metro cuadrado, lo que supondría unos 365 euros para una vivienda de 60 metros.
Según la organización, los precios elevados en Zaragoza fueron consecuencia del efecto Expo y de la inseguridad jurídica de los propietarios, que intentan paliarla con precios elevados.
Por su parte, el director general de Inmigración y Cooperación al desarrollo del Gobierno de Aragón, Pedro Coduras, ha declarado que este tipo de programas hacen perder el miedo y los prejuicios a los arrendatarios y demuestran que "la convivencia intercultural es un hecho en Aragón, y es un hecho positivo para todos".
El director de la Obra Social de la Caja Inmaculada (CAI), Pedro Camarero, ha explicado que la entidad ha invertido en este proyecto, que tiene como objetivo facilitar el derecho a una vivienda digna, 483.000 euros.
El programa, que ha intervenido en casi 1.000 mediaciones y ha recibido más de 3.100 consultas en los diez primeros meses del año, ha solucionado en muchos casos problemas de "camas calientes" -sistema que consiste en alquilar una cama por horas-, ha explicado Camarero.
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