Mérida.- La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, ha asegurado hoy que en el caso de las "naves pateras" denunciado por UGT no es un problema ni de inmigración irregular ni de inseguridad y ha planteado que detrás de él si pudiera haber economía sumergida o malas condiciones de habitabilidad.
La secretaria de Inmigración e Igualdad de la Federación Agroalimentaria de UGT, Raquel López Santofimia, alertó ayer de la existencia de medio centenar de "naves patera" en Almendralejo (Badajoz), en las que se hacinan decenas de inmigrantes, en una de ellas hasta 150 extranjeros.
Antes de participar en un acto con motivo del Día de la Policía, a pregunta de los periodistas, Pereira ha precisado que los rumanos son ciudadanos de la Unión Europea con derecho a circular por España y al trabajo en las mismas condiciones que los demás.
Por lo tanto, no es un problema de que estén en una situación irregular ni de inseguridad, según Pereira, que ha indicado que ha vienen en menor medida que otros años.
A partir de ahí, ha planteado que si su residencia tiene relación con el trabajo puede haber una infracción laboral.
También pudiera pasar, ha añadido, que se estén arrendando naves que no reúnen las condiciones de habitabilidad, lo que también da lugar a sanciones administrativas.
En este sentido, ha indicado que la vecina localidad de Santa Marta de los Barros está aplicando la ordenanza aprobada al efecto y ha iniciado expedientes sancionadores a los dueños.
Asimismo, ha señalado que, si no están dados de alta, pudiera existir un problema de economía sumergida, que también puede darse con españoles.
Ante el comienzo de la campaña de la vendimia, según ha recordado Pereira, la Inspección de Trabajo hizo una importante campaña preventiva y, si ahora economía sumergida, será muy poca.
Pereira también ha planteado que esta situación pudiera originar un problema de convivencia.
A su juicio, "hay personas con muy poco sentido de la responsabilidad que comienzan a crear incertidumbre y desasosiego en los ciudadanos porque -los rumanos- son personas diferentes y eso puede dar lugar a brotes de racismo", pero ha descartado que sea el caso de UGT.
Pereira ha asegurado que la Delegación del Gobierno no tiene competencia en este asunto y que se dedica a ayudar a todas las administraciones a que los temporeros estén en las mejores condiciones.
La delegada del Gobierno ha aprovechado para pedir que nadie se aproveche de la necesidad de otras personas, y ha asegurado que la mayoría de los empresarios son responsables y que sólo unos pocos incumplen las normas.
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