Badajoz.- Badajoz, 6 ago.- La subdelegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda García Seco, ha anunciado hoy la decisión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios de no contratar para la próxima vendimia más mano de obra foránea ya que los actuales trabajadores cubren las necesidades.
Así lo ha declarado tras presidir esta comisión que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno para abordar la coordinación de los distintos organismos implicados en los flujos migratorios laborales para la próxima campaña de recogida de uva y aceituna.
Al encuentro también han asistido representantes de las organizaciones agrarias, sindicatos representativos del sector, la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE).
García Seco ha puntualizado que para la próxima vendimia, que arrancará a finales de mes o principios de septiembre, "no va a ser necesaria la contratación de mano de obra inmigrante, entendida como la que viene solamente a hacer labores de recogida en cortos periodos de tiempo".
La comisión ha llegado a esta conclusión tras analizar que Tierra de Barros, donde se concentra la mayor actividad en estas fechas, ya consta de vendimiadores rumanos, búlgaros o polacos "que tienen costumbre de trabajar en esas explotaciones y conocen perfectamente esas labores".
Al respecto, ha señalado que los empresarios autóctonos ya han mantenido relaciones laborales con estos trabajadores en anteriores años "que han sido exitosas y por lo tanto van a continuar con ellas" y que también hay extremeños que se han reintegrado a la actividad agraria procedentes de sectores como la construcción.
A pesar de ello, el SEXPE ha ofrecido su intermediación en aquellos "casos puntuales" en los que se necesite realizar ofertas públicas de empleo para tal fin.
Al respecto, el presidente de APAG-ASAJA, Bibiano Serrano, se ha mostrado de acuerdo con esta decisión ya que "este año hace menos falta que nunca" y ha matizado que solamente una vez en Extremadura se contrató en origen a 150 polacos pero "con carácter excepcional".
El representante de la Federación agroalimentaria de CCOO, Antonio Candelo, ha compartido las palabras de Serrano y ha considerado que "en Extremadura tenemos gente suficiente para abordar todas las campañas que se han venido dando" al tiempo que dicho esperar que no haya "ningún tipo de problema".
Por otro lado, García Seco ha hecho un especial hincapié en los campamentos o asentamientos irregulares "que se puedan producir en los próximos meses" ante lo que ha recordado la responsabilidad de los ayuntamientos "de hacer cumplir las ordenanzas municipales-contra los mismos- que casi todos ellos tienen aprobadas".
Además, ha insistido en la obligación de los empresarios de "no consentir y denunciar" que en sus explotaciones se asienten este tipo de campamentos y en que las viviendas en las que se instalen los trabajadores "deben tener las suficientes condiciones de habitabilidad para que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene".
En este sentido, ha puntualizado que los planes de actuación de la Inspección de Trabajo pasan por realizar visitas ordinarias, aleatorias o a consecuencia de denuncias a las explotaciones para comprobar la legalidad de los contratos.
Finalmente, ha explicado que se pueden interponer sanciones de 6.000 euros que corresponden a casos graves por los que no se ha dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador y de entre 6.000 y 60.000 euros por no tener permiso de trabajo o estar cobrando prestaciones por desempleo, ambas por trabajador.
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