Santiago de Chile.- Agrupaciones de víctimas de minas antipersonales y municiones denunciaron hoy el "abandono" que sufren por parte del Estado chileno, al que acusan de no responsabilizarse de los residuos militares ni de las personas afectadas por estos.
Representantes de víctimas civiles y militares acudieron hoy a la IV Reunión Regional sobre el Tratado de Prohibición de las Municiones de Racimo, que se celebra en Santiago, para reclamar su derecho a ser atendidos, según establece el Tratado de Ottawa, suscrito y ratificado por Chile.
Mauricio Rojas tenía 17 años cuando estalló una bomba sorda en sus manos; hoy tiene 41 años, y tras haberse inscrito a todas las organizaciones gubernamentales posibles para acceder a una prótesis, le han programado una cita para el año 2014.
Como otros tantos vecinos, Mauricio salió a pasear un día de 1987 por el desierto florido de Caldera, a 850 kilómetros al norte de Santiago, donde encontró un artefacto desconocido que decidió llevarse consigo.
"Me trataron de terrorista. Estuve detenido, me operaron y me amputaron el brazo, y hace 23 años que solicité una indemnización que todavía no llega", aseguró a Efe Rojas, quien representa al Grupo de Víctimas de Minas y Municiones del norte chileno.
"Es un problema recurrente en el norte de Chile, dada la obsesión geopolítica con la frontera con Perú y Bolivia, las Fuerzas Armadas hacen ejercicios de forma permanente, donde queda munición sin estallar", explica Edmond Khzam, jefe de estudios del Centro de Información Zona Minada.
Según el técnico, el efecto de las bombas de racimo no se diferencia del de las minas antipersonales o de las municiones denominadas sordas, "porque quedan tiradas en el desierto sin explotar".
"La única diferencia es que las minas se tienen que pisar para que exploten, y las municiones o bombas pueden explotar en cualquier momento, pero todo es lo mismo, residuo militar. ¿Y quién se hace responsable de esta basura?", pregunta Khzam.
Las asociaciones de afectados también denuncian "una gran diferencia social" en el trato a las víctimas, que calculan en 473 en Chile, a las que se incluyen civiles, militares y extranjeros, que en la mayoría de casos mueren por el estallido de minas al atravesar a pie las fronteras con Chile.
"No existe ayuda a los civiles. Un militar amputado tiene una prótesis cada seis años, un civil no tiene indemnización, ni asistencia en salud, ni nada", denunció Rojas.
Así lo confirma Alex Cárdenas, suboficial del Ejército chileno retirado tras pisar una mina en un cuartel que le amputó una pierna, y que en la actualidad trabaja para que "haya una igualdad entre las víctimas".
"Mauricio no tiene nada, y yo lo tengo todo", explica Cárdenas, quien asegura que "un civil no tiene nada, un soldado puede aspirar a una prótesis y a cierta cantidad de dinero, y un oficial accede a lo mejor, a visitas médicas en el extranjero y queda con todos los beneficios asegurados".
"Llevo 23 años golpeando puertas, en época de la dictadura era imposible, porque me habrían llevado preso", explica Rojas, quien se mostró satisfecho tras el compromiso asumido ayer por el ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, de recibir a las víctimas por primera vez.
El Gobierno chileno estima que en 2016 podría alcanzarse la meta de eliminar las 122.909 minas ubicadas en 181 campos minados a lo largo de su territorio.
La Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales fue aprobada en septiembre de 1997 y ha sido ratificada por 154 países, entre ellos Chile.
La Convención sobre las Municiones de Racimo, que prohíbe el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de municiones de racimo, fue firmada en Oslo en diciembre de 2008 y entrará en vigor cuando sea ratificada por, al menos, 30 países de todo el mundo.
Chile, que produjo y exportó bombas de racimo, es el único país en Latinoamérica que registra víctimas civiles por estas armas, 29 fallecidos en la explosión de una CB 500 mientras se producía en la Planta CARDOEN, en enero de 1986.
A la fecha, no se tiene certeza de la superficie total contaminada con bombas de racimo esparcidas en suelo chileno.
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