Naciones Unidas.- España depositó hoy en Naciones Unidas el instrumento de ratificación de la convención sobre municiones de racimo, que ya ha sido firmada por 98 países y aceptada por diez Estados partes.
El embajador de España ante la ONU, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, entregó los documentos del proceso de ratificación de esa convención acordada en la conferencia de Dublín de mayo de 2008 y que las autoridades de Madrid firmaron en Oslo en diciembre de ese mismo año.
Para su entrada en vigor se requiere la ratificación, adhesión o aceptación de treinta Estados, lo que se espera pueda ocurrir en el transcurso de 2009, indicó la Misión de España ante la ONU mediante un comunicado de prensa.
Esa convención prohíbe el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de municiones de racimo, que causan daños inaceptables a las personas, especialmente a las poblaciones civiles.
Destinado a formar parte de los principios y normas del derecho internacional humanitario, ese tratado favorece asimismo la creación de un sistema de cooperación y asistencia para la eliminación de estas armas, la atención y rehabilitación de sus víctimas, la sensibilización de la opinión publica internacional, la limpieza de zonas contaminadas y la destrucción de existencias.
Con su firma y ratificación, el Gobierno de España "deja clara su voluntad de dar prioridad a las consideraciones humanitarias que inspiran la Convención, frente a otras posibles ventajas industriales, económicas y operativas que pudiesen proporcionar este tipo de municiones", indica el comunicado.
En julio de 2008, el Gobierno español anunció su decisión de establecer una moratoria unilateral sobre las municiones de racimo, anticipando así la aplicación de la convención.
España que, según su ministerio de Defensa, nunca ha utilizado este tipo de municiones, decidió también entonces la destrucción en menos de dos años todas las bombas de racimo en sus arsenales militares, calculadas en unas cinco mil.
Desde que hace dos décadas, las Fuerzas Armadas españolas iniciaran las misiones internacionales, han desactivado más de 100.000 artefactos de ese tipo en países como Líbano, Afganistán o Bosnia-Herzegovina, según datos de ese ministerio español.
Tras esa decisión, durante 2008 España denegó la autorización a tres operaciones de venta de 17.200 bombas de racimo, por un importe de 77,3 millones de euros (alrededor de 108 millones de dólares), según datos oficiales de ese país.
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