La reciente propuesta legislativa Waxman-Markey en el Congreso de los EEUU y la preparación de la próxima cumbre del clima de Copenhague han vuelto a poner de moda el tema de los "carbon offsets". ¿Qué es esto?, y ¿qué implicaciones tiene?
Los "carbon offsets" son, en traducción literal, compensaciones de carbono. Consisten en compensar una emisión de dióxido de carbono de una empresa, o de un individuo, con una reducción equivalente de las emisiones de otra actividad, o con una fijación equivalente de carbono (por ejemplo, un árbol al crecer fija carbono de la atmósfera). Esta reducción o fijación equivalente tiene un coste, el coste del offset, que evidentemente tiene que pagar el que quiere compensar sus emisiones.
Los offsets llevan existiendo bastante tiempo, incluso antes de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Porque los offsets pueden ser obligatorios o voluntarios. Los voluntarios son los más antiguos y suponen que una empresa o individuo, por iniciativa propia, decide compensar sus emisiones. Uno de los ejemplos más habituales de este caso son los que se ofrecen para compensar las emisiones asociadas a los viajes en avión (que incluso se venden en tiendas en los aeropuertos): uno paga, y a cambio la empresa gestora se compromete a reducir o fijar emisiones (por ejemplo, plantando uno o varios árboles). También hay offsets para compensar las emisiones de tu huella global de carbono, o de los pañales de los niños. Para los que quieran saber más, el 'Stockholm Environmental Institute' publicó hace poco un buen resumen del mercado de offsets global (ver pdf): qué offsets se ofrecen, cuáles son las empresas que los gestionan, en qué mercados se intercambian, etc.
Sin embargo, y como suele ser habitual en los mercados ambientales voluntarios, el volumen total de estos offsets no es muy grande, es bastante mayor el asociado a los "obligatorios". Se llaman así los que se permiten dentro de normativas de reducción de emisiones, como el sistema europeo de comercio de emisiones ETS, el Protocolo de Kioto —en este caso bajo las figuras de Mecanismo de Desarrollo Limpio o de Implantación Conjunta, o la citada propuesta Waxman-Markey—. Así, en estos sistemas se permite cumplir con la obligación de reducir emisiones no sólo reduciéndolas uno mismo, sino también presentando un offset, que irá asociado como decía antes a una reducción o fijación de carbono equivalente, en otro sector no obligado a reducir, o en otro país. Por ejemplo, bajo el Protocolo de Kioto España debe reducir sus emisiones de carbono. Esto puede hacerlo reduciendo directamente en el país, o por ejemplo invirtiendo en parques eólicos en Nicaragua. ¿Porqué se permite hacer esto?
Pues, fundamentalmente, para reducir el coste de cumplir con el objetivo de reducción de emisiones: muchas veces resulta más barato reducir las emisiones en otros países, o plantar un bosque para fijar carbono, que reducir las emisiones de una planta de carbón, o que sustituirla por un parque fotovoltaico, en un país desarrollado. Y, en el caso de los gases de efecto invernadero, como da igual dónde se emitan, también da igual de dónde se reduzcan las emisiones. Con lo cual tendríamos la misma reducción a un coste menor (o podríamos permitirnos una reducción mayor al mismo coste). Esto es bueno porque así tenemos más dinero para otros usos (suponiendo que sean buenos usos, claro), o porque podemos reducir más nuestras emisiones.
Además, también hay que tener en cuenta que los proyectos de reducción o de fijación de carbono también pueden tener otros beneficios añadidos: transferencia de tecnología a países en desarrollo (uno de los beneficios que se pretende conseguir con los Mecanismos de Desarrollo Limpio), reforestación de zonas tropicales, mantenimiento de empleo en zonas subdesarrolladas, etc. Entonces, si los offsets nos permiten reducir lo mismo con menos dinero, y además lograr beneficios adicionales, ¿por qué hay tanta controversia? Pues porque, como suele pasar siempre, las cosas no son tan sencillas.
Para empezar: hemos dicho que el offset permite lograr una determinada reducción de emisiones a un coste menor. Pero, ¿seguro que se produce la reducción deseada? Este es el primer punto conflictivo, conocido como la prueba de la adicionalidad: la reducción que produce el offset tiene que ser real y adicional, es decir, que no se hubiera producido si no lo hubiéramos pagado. Por ejemplo, si pagamos por construir una nueva central hidráulica en Centroamérica, y esta central se hubiera construido de todas formas (por necesidades del país, por ser rentable, por controlar avenidas, etc.), estamos pagando por nada, porque las emisiones no se reducen por nuestro pago adicional.
Otro caso algo más indirecto: si con el dinero del offset financiamos plantas renovables, pero gracias a esto bajamos el coste de la energía y con ello la demanda energética aumenta más de lo previsto, puede ser que tampoco estemos reduciendo emisiones respecto al escenario sin offsets. De hecho, a veces un mercado de offsets puede generar incentivos perversos: parece que en China se han estado escogiendo procesos industriales en los que se producían HFC-23 no porque fueran los más adecuados, sino simplemente porque luego estos gases se eliminaban (a muy bajo coste) y se percibían offsets por ello.
El segundo problema es el de la permanencia: si pagamos por plantar un bosque, ¿durante cuánto tiempo va a estar fijando carbono? Porque sólo en función de eso tendrá valor en offset…Además, resulta que los sectores donde suelen aparecer los offsets más baratos (sectores dispersos, reforestación, industrias pequeñas, etc.) son los más difíciles de controlar bien, tanto en términos de adicionalidad como de permanencia…
¿Se pueden arreglar estos problemas? Sí, con sistemas de certificación y vigilancia adecuados. Pero resulta que cuanto más serios son estos sistemas, más cuestan, y por tanto menos posibilidades de reducción barata hay. Y además, a todo esto se suma una línea de argumentación que niega la mayor: según esta línea, los offsets son malos en esencia, por varias razones muy variadas:
En resumen, se puede decir que los offsets se suelen catalogar en dos grandes categorías: como un timo, que no sirve para reducir emisiones realmente y solamente permite aliviar nuestra culpa de forma barata; o como un instrumento eficaz de reducción de costes para alcanzar un objetivo de reducción de emisiones dado. Y creo que el problema no está en los offsets en sí, sino más bien en el objetivo último que nos planteemos.
Si lo que queremos es reducir las emisiones de carbono hasta un nivel que consideremos apropiado, los offsets nos permiten hacerlo al menor coste posible, incluso contribuyendo al desarrollo de los países menos desarrollados, si van asociados a sistemas de transferencia de tecnología. Y eso siempre es bueno, porque así tenemos más dinero disponible para hacer otras cosas (que pueden ser tan deseables como luchar contra el cambio climático). Eso sí, hay que cuidar que los offsets sean de verdad adicionales y permanentes, algo difícil. Se puede consultar por ejemplo una lista de offsets fiables, como la del Environmental Defense Fund, o los Gold Standards de WWF.
En cambio, si el objetivo es cambiar comportamientos por encima de todo y reducir al máximo las emisiones de carbono (algo que no comparto necesariamente, pero esa no es la cuestión…), parece que los offsets no valen…salvo que se usen de forma algo distinta: por ejemplo, en un sistema de comercio de emisiones se pueden comprar offsets no para compensar nuestras emisiones, sino para guardarlos en un cajón y no usarlos. De esta forma se retiran emisiones del sistema, y por tanto se reduce más de lo previsto. Esto se ha hecho de alguna forma en el sistema de comercio de emisiones de Nueva Inglaterra (RGGI), en el que se ha permitido que los consumidores compren permisos para no usarlos. Quizá fuera deseable un mecanismo parecido en el sistema europeo.
Al final, una conclusión que me parece muy razonable de Matthew Kotchen: reduce (cambia tu comportamiento) hasta donde realmente puedas, y compensa (comprando offsets) lo que no puedas.
*Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible.(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).
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