Bogotá.- Las personas que son investigadas por ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumentaron un 48 por ciento, al pasar de 753 procesados al 1 de julio de 2008 a 1.116 hasta ese mismo día de este año, según un informe de la Fiscalía entregado hoy a Efe.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía señala en su más reciente reporte que durante los últimos 12 meses ha aumentado de manera significativa el número de integrantes de las Fuerzas Armadas y de civiles que son investigados por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
El reporte indica que los civiles que son investigados "reclutaron" con engaños a jóvenes desempleados y, con promesas de un mejor futuro, los sacaron de sus regiones y los entregaron a los militares para que los ejecutaran y presentaran como rebeldes abatidos.
En el informe están incluidos los investigados por los llamados "falsos positivos", como se conoce en Colombia a los civiles que son ejecutados por las Fuerzas Armadas y presentados como guerrilleros muertos en combate.
A esa unidad de la Fiscalía le han sido asignados 1.160 casos de ejecuciones que al parecer fueron cometidas por miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Fueron asesinadas de esa forma 1.881 personas: 1.710 hombres, 113 mujeres y 58 menores.
Un total de 91 militares y policías han sido condenados hasta el momento por estar vinculados con ejecuciones extrajudiciales, de los que 19 aceptaron su responsabilidad y siete fueron absueltos.
La Fiscalía reseña en su reporte que se han emitido 350 órdenes de captura y 522 personas han sido "afectadas con medida de aseguramiento".
Los departamentos en los que más militares y policías han sido investigados son Antioquia (noroeste), con 339 casos; Meta (sur), con 123; Norte de Santander (noreste), con 73; César (norte), con 54; y Casanare (este), con 57.
Entre los oficiales vinculados a procesos por ejecuciones hay 15 coroneles, 17 mayores, 40 capitanes, 50 tenientes y 36 subtenientes.
El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, visitó Colombia en junio pasado y en su informe señaló que los asesinatos de varios jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad es la evidencia de que han sido una "práctica sistemática".
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