Bogotá.- Una delegación de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia denunció que varios miembros del colectivo han recibido amenazas y pidió al Gobierno que les ofrezca medidas de protección, dijeron hoy en Bogotá portavoces de la Defensoría del Pueblo.
La entidad estatal precisó en un comunicado que los amenazados son familiares de los once jóvenes de Soacha, localidad vecina a Bogotá, que fueron asesinados el año pasado por militares que los presentaron como rebeldes muertos en combate.
Los allegados a estas víctimas advirtieron durante una reunión con el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, que varias familias son intimidadas y hostigadas por desconocidos, según lo recogió esta dependencia en un comunicado público.
En la nota, la Defensoría del Pueblo informó que estas familias también solicitan que el Gobierno las incluya en el programa oficial de protección a defensores de derechos humanos.
Además, consideraron necesario que los procesos por estos casos sean trasladados a Bogotá ante el coste que les representa a ellas, como parte en las causas, el traslado hasta las ciudades del nordeste del país en las que se realizan las diligencias judiciales.
Las investigaciones están a cargo de fiscales de Bucaramanga y Cúcuta, capitales de las regiones en las que fueron asesinados los jóvenes de Soacha.
La suerte de estas víctimas se conoció a finales del año pasado tras el hallazgo, en cementerios de esa parte del país, de los cadáveres de estas personas, que previamente habían sido dados como desaparecidas.
Las víctimas fueron sepultadas sin identificar.
Sus casos dieron lugar a varios procesos judiciales con los que la Fiscalía General ha vinculado a casi medio centenar de militares, todos ellos procesados como autores, coautores o cómplices de "homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado".
El llamado Caso Soacha hace parte de una serie de hechos similares que en Colombia se conocen como "falsos positivos", de muerte de civiles a manos de militares que los presentan como guerrilleros abatidos en combate para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios, como días de descanso.
Unos 1.300 casos de este tipo son investigados por la fiscalía, que ha vinculado con ellos a casi medio centenar de miembros de la Fuerza Pública.
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