Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ha anunciado hoy que solicitará al Ejecutivo central que declare como zona catastrófica las áreas arrasadas por la veintena de incendios forestales registrados en los últimos días, de los que aún quedan seis por extinguir en la provincia de Teruel.
Tres de los incendios han sido ya controlados y se mantienen las labores de refresco para evitar que se reaviven las llamas, mientras que los otros tres siguen activos, pero estabilizados, es decir, con llamas dentro de un perímetro controlado por los equipos de extinción.
En total se han visto afectadas 12.031 hectáreas, de las que 7.656 corresponden a la zona de Aliaga, Ejulve, La Zoma, Cañizar del Olivar y Villarluengo, donde sigue el fuego más activo, aunque su perímetro fue estabilizado el pasado sábado.
Entre los grandes fuegos registrados en la provincia de Teruel, también siguen estabilizados los incendios registrados en las zonas de Cedrillas, Corbalán, Cuevas Labradas y El Pobo, con 1.053 hectáreas afectadas, y Los Olmos, con 670.
En cambio, ya están controlados los incendios de Alloza y Andorra, con 1.685 hectáreas afectadas, Valdetormo y La Fresneda, con 283 hectáreas, y Mazaleón, con 84.
El Ejecutivo aragonés confía en que sea posible controlar todos los fuegos en las próximas horas, aunque ello dependerá en gran parte de las condiciones climatológicas, como las temperaturas, el grado de humedad y el viento.
En la jornada de hoy han trabajado en torno a un centenar de personas en las labores de extinción y control de los incendios, cuyo nivel de activación se ha rebajado del 2 al 0-A, tras la retirada, a última hora de ayer, de la Unidad Militar de Emergencia (UME).
El consejero aragonés de Medio Ambiente, Alfredo Boné, subrayó hoy que, en los incendios controlados, la situación tampoco está "resuelta", puesto que hay focos calientes en los que las brasas podrían reactivar el fuego.
La previsión meteorológica no es favorable, puesto que el miércoles podrían repetirse temperaturas de hasta 40 grados y rachas fuertes de viento que complicarían la extinción definitiva de los incendios.
Vistos los cuantiosos daños sufridos en la provincia de Teruel por los incendios -los más graves que sufre la Comunidad desde 1994, cuando ardieron 30.000 hectáreas en la zona del Maestrazgo, entre Teruel y Castellón-, Boné ha anunciado que el Gobierno aragonés pedirá al Ejecutivo central la valoración de daños y la tramitación urgente de ayudas para las zonas afectadas, lo que habitualmente se denomina declaración de zona catastrófica.
El objetivo, dijo el consejero durante una rueda de prensa para hacer balance de la situación, es recabar "el máximo de ayudas y de apoyos" para las zonas afectadas.
Boné ha anunciado una reunión para el próximo 11 de agosto a la que acudirán representantes del Gobierno de Aragón y los alcaldes y los presidentes de las comarcas afectadas por los incendios para preparar un Plan Especial de Restauración, que se pondrá en marcha en septiembre.
Precisamente, los alcaldes de las localidades turolenses y los presidentes de las comarcas afectadas se reunirán mañana para hacer una "valoración real y serena" de los daños y sentar las bases de sus reivindicaciones para dicho plan.
La reunión se celebrará a las 17.00 horas en Utrillas (Teruel) y a la misma asistirán los presidentes de las comarcas de Bajo Aragón, Matarraña, Maestrazgo, Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos, además de alcaldes de localidades como Ejulve, Aliaga, Andorra o Alloza, entre otras.
En la jornada de hoy, las organizaciones agrarias de ASAJA, UAGA-COAG y UPA se sumaron a la reivindicación de ayudas urgentes por parte de las administraciones central y autonómica.
ASAJA advirtió de que los incendios han sido "devastadores", han "arrasado" 7.000 u 8.000 hectáreas de pinar y carrasca, 2.000 ó 3.000 de olivo y almendro, y el resto de monte bajo, y han provocado que algunos agricultores y ganaderos lo hayan perdido "todo".
El presidente de UAGA-COAG, Javier Sánchez, reclamó la ayuda de la Unión Europea (UE), como en los graves incendios registrados en Grecia en verano de 2007, mientras que UPA advirtió de los daños sufridos por la ganadería extensiva (ovino y vacuno) y las tierras de cultivo, concretamente zonas de olivar y de almendros.
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