Madrid.- El Gobierno ha anunciado hoy que cerrará la central nuclear de Garoña (Burgos) el 5 de julio de 2013 y negociará con los agentes sociales y económicos y con la Junta de Castilla y León un plan industrial para garantizar el empleo "a cada uno de los trabajadores" de la planta.
Los encargados de hacer pública esta decisión han sido los ministros de Industria, Miguel Sebastián, y el de Trabajo, Celestino Corbacho, un anuncio que no ha gustado prácticamente a nadie y que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que sería criticado desde un lado y otro.
Sebastián, quien ha admitido que la decisión no ha sido fácil, ha recalcado que ésta es "técnicamente justificable y energéticamente asumible".
Además, la decisión es "políticamente coherente y laboralmente responsable" porque cumple con el compromiso electoral del PSOE de cerrar las plantas nucleares al final de "su vida útil" (2011 en el caso de Garoña) y concede "un tiempo más que razonable" para sustituir esta energía por otra más limpia y asegurar el futuro de los trabajadores "de toda la comarca".
Al margen del futuro de Garoña, Sebastián ha dejado claro que el resto de centrales pondrán seguir operando hasta cumplir su vida útil siempre que garanticen la seguridad y el Consejo de Seguridad Nuclear no recomiende lo contrario.
Sebastián y Corbacho llevarán mañana al Consejo de Ministros un informe con las principales líneas de actuación del plan industrial, "a ser posible, energético", para el área de Garoña.
Según Corbacho, éste tendrá cinco ejes de actuación: la reindustrialización para dinamizar la economía de la zona; el desarrollo de las infraestructuras para mejorar la competitividad; el impulso del turismo; un plan de orientación de formación y orientación para los empleados; y una compensación económica para los ayuntamientos que vean "mermados" sus ingresos en 2013.
Según el comité de empresa, esta planta emplea a 350 trabajadores de Nuclenor -empresa propiedad a partes iguales de Iberdrola y Endesa- y a otros 450 de empresas contratistas, además de los empleos indirectos que genera.
Nuclenor, que según Sebastián no recibirá indemnizaciones, ejercerá "cuantas acciones legales puedan corresponder" para defender los "derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas" por el cierre de esta instalación en 2013, según informó el director de la planta, José Ramón Torralbo.
Por su parte, el comité de empresa de Santa María de Garoña anunció que continuará con las movilizaciones para conseguir que la central nuclear se mantenga abierta diez años más, como recomienda el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en lugar de los cuatro acordados por el Gobierno.
El principal partido de la oposición, el PP, también considera un error el cierre de Garoña, una decisión "disparatada" en palabras de su líder, Mariano Rajoy, que también la tachó de "capricho" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que pidió una rectificación.
Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León -gobernada por el PP-, José Antonio de Santiago-Juárez, añadió en este sentido que Zapatero tendrá que explicar en qué se fundamenta dicho "capricho".
En la misma línea, el Foro Nuclear consideró que el cierre de la central es un "grave error y una irresponsabilidad", ya que afectará negativamente a la producción eléctrica española, el medio ambiente, la competitividad de la economía y el bienestar de los españoles.
Al conocer la decisión, la patronal del sector eléctrico UNESA, se remitió a las opiniones ya expresadas al respecto, contrarias al cierre de las instalaciones nucleares todavía útiles.
También desde el ámbito empresarial, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, insistió en que Garoña debe seguir funcionando diez años más, mientras que el Consejo Superior de Cámaras de Comercio advirtió de los efectos negativos que la decisión puede tener para la competitividad y el desarrollo de la economía.
Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace, que quieren el cierre inmediato de la central, anunciaron que recurrirán la decisión sobre Garoña y llevarán a cabo una serie de movilizaciones de protesta.
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