Burgos.- El Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villarcayo (Burgos) ha condenado a los 29 activistas de Greenpeace que se encadenaron a las puertas de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el 20 de noviembre de 2008 a una multa total de 6.090 euros por una falta de desobediencia a agentes de la autoridad.
La condena establece una multa de 210 euros para cada uno de los ecologistas que participaron en la movilización, que se inició de madrugada y concluyó por la tarde con el desalojo efectuado por la Guardia Civil.
Esta cantidad, según la resolución judicial, supone 35 días de multa, a razón de 6 euros por día, para cada uno de los activistas que participaron en la movilización.
El impago de la multa, según recoge la sentencia, dará lugar a un día de arresto por cada dos cuotas impagadas.
Según la sentencia el 20 de noviembre del pasado año los ecologistas denunciados se concentraron ante Santa María de Garoña, y algunos de ellos se introdujeron en un contenedor, del que tuvieron que ser sacados por las fuerzas de seguridad.
La resolución recuerda que la Subdelegación del Gobierno declaró ilegal la concentración y así fue notificado a los concentrados, a quienes la Guardia Civil pidió la disolución voluntaria, lo que no hicieron.
La sentencia indica que queda acreditada la participación directa, voluntaria y material de los activistas en la concentración.
Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, ha asegurado a Efe que la sentencia será recurrida porque se trató de una "acción pacífica" y del "ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y libre manifestación".
Bravo ha señalado que en su opinión solo cabe una "sentencia absolutoria", similar a otras por hechos muy parecidos organizados en otras centrales nucleares españolas, como en Almaraz.
Carlos Bravo ha vuelto a insistir en la "peligrosidad" de la planta atómica, ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia de Burgos, y ha insistido en que "alguien tiene que denunciar y contar lo que sucede con esta central".
Según este portavoz de Greenpeace, los hechos probados que recoge la sentencia son "ciertos", aunque, según ha precisado, esta acción fue en todo momento "pacífica" y no hubo resistencia activa, sino el ejercicio del derecho de libertad de expresión y manifestación.
Greenpeace señala también que semanas antes de dicha acción esta organización supo e hizo público que el Ministerio de Industria había pactado, "a espaldas de la ciudadanía", con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las compañías eléctricas propietarias de Garoña, Iberdrola y Endesa, que forman Nuclenor, la titular de la central, el futuro de la central nuclear burgalesa.
Según esta organización debido a ese pacto, el CSN informó en junio de 2009 a favor de conceder la prórroga de 10 años que había solicitado previamente Nuclenor, "a pesar de los problemas de seguridad de esta central".
Según la sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial.
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