La propuesta de ley de financiación de RTVE no satisface a casi nadie. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha apresurado a anunciar hoy en el Congreso el reparto del dividendo digital en 2015 a las operadoras de telecomunicaciones para servicios de banda ancha móvil, una de las peticiones del crítico informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la nueva financiación de la radio televisión estatal sin publicidad. Falta definir el servicio público de radiotelevisión y un pacto para la financiación de las televisiones autonómicas.
A partir del año 2015 las operadoras dispondrán de nuevas frecuencias para prestar servicios de bancha ancha en movilidad. Es el anuncio del esperado reparto del dividendo digital, las frecuencias libres tras el apagón analógico, en el que España va con retraso respecto a otros países europeos. ¿Por qué esperar tanto? Hasta entonces esas frecuencias seguirán siendo utilizadas por la TDT.
Las disputas en el Gobierno sobre la financiación de RTVE y las inversiones para la sociedad de la información han empujado a Industria a anunciar el reparto. El ministro Sebastián calma a las telefónicas poco después de que la CMT haya propuesto que la tasa de un 0,9% de sus ingresos para financiar la radiotelevisión pública se aplicara por el uso de estas frecuencias.
Al fin se reparten frecuencias imprescindibles para el futuro de la sociedad de la información y se reduce la posibilidad de acciones legales de las 'telecos' contra la ley de financiación de RTVE. La Comisión Europea estima que el dividendo digital puede producir entre 12 y 16.000 millones de euros, un 1,5% del producto Interior Bruto (PIB) en el sector audiovisual y de telecomunicaciones, que en la actualidad supone el 4% de la economía.
Las nuevas frecuencias, entre las bandas de 790 y 862Mhz, fueron atribuidas en 2007 a los servicios móviles por la Unión Internación de Telecomunicaciones, desde entonces países como Finlandia, Francia, Suecia o Suiza ya han repartido esa banda para comunicaciones electrónicas mientras otros como el Reino Unido han apostado por redes y servicios de nueva generación.
El Parlamento Europeo votó el año pasado varios informes para emplear ese dividendo digital a la banda ancha móvil y nuevos servicios digitales de seguridad, identificación por radiofrecuencia (RFID), administración electrónica, sanidad o educación en línea.
El reparto del dividendo digital evitará también el posible frenazo en la inversión en redes de nueva generación temido por las obligaciones de financiar la televisión pública impuestas a las telecomunicaciones con cobertura en más de una comunidad autónoma. Los operadores autonómicos, fundamentalmente de cable, están exentos de la financiación de RTVE, a la espera de un pacto para financiar las televisiones públicas autonómicas y locales.
¿Cambiará el Congreso la obligación de pagar el 0,9% de los ingresos de las operadoras para sostener a RTVE? La CMT ofrece al Gobierno un cambio de sistema para cobrar a las operadoras un canon por utilización del espectro radioeléctrico que podría llegar a 418 millones de euros anuales, 98 millones más que los 320 millones ya previstos en la nueva financiación de RTVE y podría reducir los 230 millones que se espera recaudar de la nueva tasa impuesta a las 'telecos'.
La discusión sobre la definición del servicio público de radiotelevisión continúa mitigada por los intereses de los partidos en el control de las televisiones. El proyecto impulsado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega limita la capacidad de TVE de emitir películas de estreno (70 anuales, menos de las que emite ahora) y limita a un 10% de su presupuesto la compra de eventos deportivos, excepto los Juegos Olímpicos. Pero no define el servicio público ni calcula su coste, y tampoco cómo se vigilará su cumplimiento y efectividad.
El Parlamento podrá hacer algunos cambios, pero la tramitación por vía de urgencia limita las posibilidades de reformar puntos clave como el total del presupuesto (1.200 millones para 2010, 502 de ellos de subvención pública), el diseño de las herramientas de control del servicio público o un pacto sobre las televisiones autonómicas, que cuestan cada año a los ciudadanos alrededor de otros 1.600 millones de euros.
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