Santiago de Compostela.- El PSdeG y los sindicatos de enseñanza han coincidido hoy en rechazar la consulta a los padres sobre el uso del gallego en la enseñanza, por creer que el método carece de rigor y lo que trata es de legitimar una decisión que la administración educativa ya tiene tomada.
Tras una reunión entre los sindicatos de educación y diputados socialistas, el portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, indicó que se ha constatado muchas coincidencias en relación al proceso abierto por el Gobierno para modificar las normas de la lengua en la enseñanza.
Opinó, como los sindicatos, que es preciso establecer en la materia un nuevo consenso que el PP "rompió". Este consenso debe partir, dijo Leiceaga, del decreto en vigor, que es "equilibrado" entre los dos idiomas, y pese a que puede ser mejorado, dijo, son válidos sus principios y filosofía.
Se trata de normalizar la lengua, de forma que al término de la enseñanza obligatoria los alumnos dominen el gallego y el castellano, mientras coinciden sindicatos y PSOE en que también deberían conocer una tercera lengua europea.
El dirigente socialista informó también de que existe coincidencia en que la consulta hecha a los padres es "extemporánea" y no está validada técnicamente, lo que abre incógnitas sobre sus resultados, e insistió en que en buena medida servirá para "legitimar unas conclusiones que están decididas de antemano por las autoridades educativas en contra del gallego".
La encuesta es, a su juicio, también "parcial", porque no se consulta con otros agentes relevantes del proceso educativo, como los docentes, mientras "ignora" organismos de participación de los centros, por lo que la consulta no es un instrumento, dijo, a partir del cual se pueda construir el consenso.
Por su parte, la responsable de enseñanza de CCOO, Machus Fernández, transmitió el rechazo de su sindicato a la situación de "enfrentamiento lingüístico" generado ya desde la campaña electoral y su "rechazo total" a la consulta a los padres, por entender que se trata, de antemano, de derogar el decreto de uso del gallego en la educación.
Raúl Gómez, responsable de educación de UGT, expresó su "apoyo decidido" al decreto vigente y su contrariedad por la encuesta a familiares sin contar con los órganos de consulta como el Consello Escolar o a los agentes educativos.
Al igual que la representante de CCOO, dijo estar dispuesto a retomar el consenso en materia lingüística y a debatir sobre un nuevo decreto que suponga potenciar y proteger el gallego en la enseñanza e insistió en que la encuesta carece de rigor científico.
Mientras, la responsable de normalización lingüística de la CIG-Ensino, Mara Costas, trasladó al PSOE su rechazo a la encuesta, e insistió en que es posible que vulnere la legislación vigente. Además, insistió en que su sindicato tratará de "unir fuerzas" y que organizaciones sociales y políticas "hagamos todo lo posible" por la defensa del idioma.
El responsable del Sindicato de Traballadores do Ensino, Xosé Cabido, se mostró satisfecho de que la mayoría sindical comparta los principios básicos en defensa de la lengua, y lamentó el uso de fondos públicos para "la defensa de unos postulados de un partido que se dice mayoritario", el PP.
El sindicalista apostó por sacar la lengua del debate político rechazó cualquier consulta que persiga "el uso partidista de fondos públicos, casi 50 millones de las viejas pesetas" en defender las tesis "de un grupo minoritario que hizo mucho ruido en este país", señaló en referencia a Galicia Bilingüe.
Finalmente, el representante de ANPE reclamó de todos los partidos "rebajar la crispación" en torno a la lengua, un debate que no estaba en los centros, dijo, pero sí se había instalado en la sociedad y "se potenció muchísimo en la campaña electoral". "Hay que dejar de utilizar el idioma como arma arrojadiza", manifestó, tras pedir que "se hagan las cosas con mucha calma y que no se preocupen las cosas como se están precipitando".
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