Sindicatos, profesores y padres dudan sobre la legalidad y el rigor de la consulta

Santiago de Compostela.-  Sindicatos, profesores y padres han mostrado hoy su desacuerdo con la consulta a los padres sobre el idioma en la educación, ya que dudan de su legalidad y del rigor de los resultados que se puedan obtener.

Las dudas sobre la legalidad de esta encuesta surgieron a raíz del recurso presentado hoy por el sindicato CIG, en el que se solicita la paralización del proceso de consulta a las familias sobre el idioma en la enseñanza, ya que, según esta organización, "no es legal".

El abogado de la asesoría jurídica de la CIG, Héctor López, explicó que mientras los temarios y materias de estudio son decididas "por consenso por la sociedad, a través de mecanismos democráticos", en el caso de las encuestas que pretende realizar Educación "la decisión democrática es substituida por una consulta a los padres".

A juicio del abogado, esto "lleva a una situación desconocida en nuestro contexto, ya que pretende que los padres decidan lo que van a estudiar los hijos, en función de sus preferencias personales".

Asimismo, el abogado señaló que la recogida de datos a través de esta encuesta "no responde a los principios de secreto, transparencia, especialidad y proporcionalidad" que establece la ley, por lo que "no garantiza fiabilidad".

A este respecto, la consellería de Educación aseguró, en un comunicado, que la encuesta, que se va remitir a los centros esta semana, se ajusta a la "plena legalidad", ya que "la alegación relativa a la supuesta vulneración de un principio, no es suficiente para acordar la nulidad del acto de que se trate", aseguran.

Por su parte, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, advirtió que este proceso "desautoriza la función docente del profesorado y de los equipos de normalización lingüística", un aspecto rechazado por la Consellería de Educación, que dijo que esta iniciativa "se encuadra en la genérica participación democrática de los padres y madres en el sistema educativo".

Asimismo, el Departamento dirigido por Jesús Vázquez criticó las declaraciones de secretario nacional de CIG-Ensino, quien aseguró que la Administración "no tendrá problema para manipular" los resultados, en caso de que estos no fuesen satisfactorios para sus intereses.

En este cruce de declaraciones, la Consellería de Educación acusó a la CIG de querer "confundir a la sociedad gallega" con su recurso contra la consulta a las familias e instó al sindicato a "decir claramente a la opinión pública que se opone al derecho de los padres de ser encuestados".

Por su parte, la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (EDNL), que cuenta con el apoyo de más de 2.600 profesores y de un tercio de los centros educativos en la Comunidad, criticó la falta de rigor científico de esta encuesta.

Uno de los portavoces de este colectivo, Ruben Rivas, pidió a la Xunta que explique cuál va a ser el sistema de control de esta encuesta y cómo se va a repartir a los padres, ya que en la mayoría de las ocasiones estas encuestas "quedan en los cajones" o "las cubren los niños", lo que pone en entredicho la fiabilidad de los datos, advirtió.

Asimismo, este colectivo instó a la Administración a utilizar encuestas de carácter vinculante para afrontar otros asuntos como la seguridad en el transporte escolar, los gastos de comedor a cargo de las asociaciones de padres, o la agrupación del alumnados en las aulas.

A las dudas sobre el rigor científico de esta encuesta se han sumado, además, el sindicato CCOO y la Confederación Gallega de Apas de centros públicos (Confapa), la cual advirtió que "desde las aulas no se puede contribuir a la desigualdad social entre las lenguas", y recordó que existen otras muchas prioridades en la educación.

El sindicato CCOO criticó, también, "las contradicciones" en las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó que el resultado de la encuesta será vinculante, mientras que el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, negó ese punto, según CCOO.

Esta organización sindical aseguró, además, que "existe un mensaje diferente -del Gobierno- según el público al que se dirigen", y pidió a la Administración que aplique los mismos criterios en la elección de la jornada, en los centros o en la segregación por sexos.

Por otro lado, CCOO rechazó la modificación de la Ley de Función Pública de Galicia y exige que "se garanticen los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en gallego".

Finalmente, el presidente de la Mesa por la Normalización Linguística, Carlos Callón, pidió al conselleiro de Cultura, Roberto Varela, que ejecute una política que "se pueda vivir en gallego".