Londres.- El Gobierno británico estudia castigar a los internautas que descarguen contenidos de la Red ilegalmente con la suspensión del servicio, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por inconstitucional.
El Ministerio de Empresa e Innovación, dirigido por Peter Mandelson, analiza también la opción de requerir a las compañías proveedoras de Internet que faciliten los datos de aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio.
Los planes gubernamentales pasan porque los proveedores de Internet actúen contra los infractores, ya sea "bloqueando el acceso a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de Internet".
Esta última medida se adoptaría únicamente "como último recurso contra los piratas", según precisó el departamento de Mandelson, que está recibiendo sugerencias de particulares y miembros del sector antes de tomar una decisión definitiva.
En un documento preliminar publicado hoy, el Gobierno señala que está valorando diferentes alternativas para defender los intereses de los propietarios de derechos de autor.
Una de ellas es requerir a los proveedores de Internet que faciliten datos personales -la dirección IP- de quienes se descargan contenidos de forma ilegal a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que éstos acudan a los tribunales para obtenerlos.
También se estudia exigir a estas compañías que "tomen medidas contra los usuarios a quienes los propietarios de los derechos de autor identifiquen como infractores del copyright en las redes P2P", en las que los usuarios funcionan como servidores y comparten contenidos.
Otra opción es que las empresas proveedoras de Internet permitan la instalación de filtros que bloqueen el contenido que está protegido por los derechos de autor.
Las alternativas que baraja el Gobierno británico han suscitado las críticas del "Open Rights Group", una organización nacida en el año 2005 en el Reino Unido que persigue "proteger las libertades civiles" y los derechos digitales "amenazados por la regulación" gubernamental.
"La suspensión del acceso a Internet restringiría el derecho fundamental de la gente a la libertad de expresión", subrayó su director, Jim Killock, quien lamentó que se estudien medidas tan punitivas justo cuando los ingresos por venta de música "on line" están aumentando y "el intercambio de archivos ilícito" ha bajado.
El "Open Rights Group" considera que "es el momento erróneo para ir en esta dirección", por lo que ha pedido a los internautas del Reino Unido a través de su web que escriban a los diputados de su circunscripción territorial para mostrar su rechazo a estas políticas.
De forma opuesta ha reaccionado la industria musical, que ha valorado positivamente los planes del Gobierno y los ha calificado de "un paso adelante" en la lucha contra la piratería.
La recepción de propuestas y sugerencias se cerrará el próximo 29 de septiembre, aunque no será hasta noviembre cuando se conozcan definitivamente las líneas maestras del plan de lucha contra las descargas ilegales, que se esperan reducir en un 70 u 80 por ciento.
La iniciativa del Gobierno británico guarda relación con la adoptada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, cuyo Ejecutivo redactó una ley contra la piratería en Internet que permitía cortar el acceso a la Red.
Sin embargo, el Consejo Constitucional, el máximo organismo garante de la Constitución en Francia, echó atrás la parte del texto que estipula que una autoridad administrativa puede adoptar la restricción de este servicio y precisó que sólo un juez puede determinar la sanción a los internautas que descarguen contenidos ilegalmente a través de la Red.
Según su dictamen, publicado el pasado mes de junio, la libertad de acceso a Internet es un derecho fundamental que se deriva de la libertad de comunicación y expresión estipulada en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789.
La decisión del Consejo Constitucional siguió la misma línea que marcó en mayo el Parlamento Europeo (PE), donde se aprobó una enmienda en la que se advierte de que el corte del acceso a Internet sólo puede dictarse por decisión judicial.
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