Si ayer fue el día del espectáculo en el juicio de las discográficas contra Soto, hoy ha sido el de la oratoria. Los cinco abogados de las partes han desplegado por turnos en las conclusiones todas sus habilidades para justificar y centrar y después embrollar y dispersar el caso. O sea, en hacer su trabajo. Pero a pesar de sus esfuerzos la única sorpresa la ha dado el juez al anunciar que intentaría que la sentencia estuviera lista para el mes que viene, muchísimo antes de lo esperado por todos.
El peso filosófico de la disputa se lo han repartido entre Javier de Torres (acusación) y Javier de la Cueva (defensa), primero y último en intervenir. Alfonso González ha profundizado en la competencia desleal y los defensores José Ignacio Aguilar y David Bravo en la insostenibilidad de la demanda, el copyleft y los precedentes españoles.
De Torres ha justificado la elección del método civil para actuar contra Soto, ya que hasta hace pocos meses las sociedades de autores o las discográficas utilizaban la vía penal. "La conducta de los usuarios no es perseguible porque no hay ánimo de lucro. El método civil es el único que nos queda".
Si Soto fuera obligado el próximo mes a pagar un euro como indemnización (y no digamos 13 millones) serviría como precedente para abrir un nuevo frente en la batalla de las descargas: el del multazo disuasivo. Una sentencia favorable al acusado daría ánimos a la "causa" de las descargas. En cualquier caso los titulares no serían nada despreciables para los intereses de unos y otros.
Implacable, el abogado de las discográficas De Torres ha descrito a Soto como un empresario con el dinero a buen recaudo y fotos en su blog en lugares exóticos, algo que contradice su imagen mediática de víctima. "¿Un pobre hombre?", se preguntaba en voz alta para luego añadir que sólo aceptaba anunciantes de más de 10.000 dólares. "Si es algo es el gran traidor a la causa p2p porque señala a sus propios clientes como culpables". Para él, no se trata de un juicio contra el peer to peer ni contra la tecnología, sino contra la competencia desleal y la vulneración de la propiedad intelecutal.
"Hablemos de los derechos de Soto", decía en cambio el abogado defensor De la Cueva, elevando el caso a una cuestión histórica y explicando que el desarrollador demandado también es un autor. Según él, por primera vez las máquinas que se usan para vulnerar los derechos también las hacen autores, esta vez de software. Antes las hacían los artesanos o ingenieros (la imprenta), ahora las hacen quienes también son autores. Y se enfrentan dos industrias, la del entretenimiento y la de la innovación. En su opinión el conflicto es cíclico y debe vencer la tecnología: cuando el tren soltaba chispas sobre los campos, el derecho acabó estableciendo que las plantaciones se mantuvieran alejadas de él. Es "un viejo problema con nuevas formas", argumentaba De la Cueva con vehemencia.
Acusación y defensa han mostrado hoy visiones del mundo tan distintas que podría pensarse que habitan en mundos distintos. El de unos: hay que proteger a las discográficas como un mal necesario para conseguir música de calidad, la piratería en España es endémica, no se ha demostrado la relevancia de la música copyleft y sí del mal uso de las herramientas p2p en cuestión, sus efectos se producen en España, el acusado nunca se ha escondido como creador y ha pedido a gritos una demanda. El de otros: debe protegerse el p2p como la herramienta de los autores que eligen el copyleft, el mundo de internet es internacional, las herramientas son de las empresas de Soto y no de Soto.
Sin embargo, es otra la diferencia fundamental, aquella sobre la que deberá decidir el juez. La acusación cree que se ha producido una competencia desleal (el negocio de Soto se aprovecha del esfuerzo ajeno, induce a infringir la ley a sus usuarios y existe en él una falta de buena fe "objetiva"); además de una vulneración de la propiedad intelectual de las discográficas (sus programas p2p son una herramienta de piratería "masiva" y en ella predomina el "mal uso" sobre aquellos dignos de protección).
Para la defensa, directamente no hay caso: ninguna ley se puede aplicar. Según este razonamiento, Soto se dedica a administrar sociedades que proporcionan una herramienta a los usuarios, que son los que intercambian los ficheros. En palabras del defensor David Bravo, "ni un solo bit pasa por los servidores de las empresas" de Soto, refiriéndose al espíritu distribuido de las redes p2p, en el que las carpetas compartidas por los usuarios se comunican entre sí. La acusación replica que "una tecnología debería prohibirse si se acredita su uso infractor y es así en un 90%, la neutralidad no debe juzgarse sobre el papel", apoyándose en las cifras del informe Yagüe, que hoy también ha sido discutido con intensidad.
Acusación y defensa han recurrido durante todo el juicio a ejemplos que unas veces han aclarado el tema y otras veces lo han complicado más aún. Una de las metáforas más explícitas ha sido la del rifle, utilizada para plantear el filosófico problema de si una herramienta es mala en sí o no. "Es como si Pablo Soto fabrica, dispara y vende rifles a quien no tiene licencia y en 9 de cada 10 disparos se acierta", decía De Torres. Pero Soto "no necesita ninguna licencia para fabricar su software, serán los usuarios los que lo necesiten", replicaba de la Cueva.
En cambio, la metáfora de la plaza pública o el almacén ha servido a los letrados para comprender el significado de la computación distribuida. Para la acusación, cada uno de los tres programas diseñados por el Soto era la puerta de entrada a un repositorio común, una plaza, un almacén, explicaba González. "El señor Soto no pone nada de nada, el almacén lo conforman dispersamente todos los usuarios. Como mucho alquila la bicicleta que te lleva a la plaza pública pero no ha puesto un solo adoquín de ella", decía con sorna el defensor José Ignacio Aguilar.
Dos temas, a pesar de no ser fundamentales, se han llevado gran parte de los esfuerzos de los abogados. El primero: el copyleft. Para la acusación, una "finalidad filantrópica con la que [Soto] quiere adornar su negocio", una "recreación a posteriori" que no tenía nada que ver con las intenciones del acusado al montar su empresa, y "un intento de convertir este procedimiento en una lucha contra el copyleft y los jóvenes artistas". La defensa, en cambio sostiene que el tema del copyleft se trató con tanta amplitud en el juicio como una forma de mostrar su relevancia, además de ser «uno más de los usos lícitos de la herramienta demandada».
El otro gran tema secundario fue la comparación con otros casos, españoles e internacionades, de páginas p2p y páginas de enlaces, aunque ninguno era comparable al 'caso Soto'. "Su contexto es Napster, Growster, The Pirate Bay", sostenía De Torres. "Ocupar el lugar de Napster y no dar lugar a nuevos artistas, es lo que ha querido siempre Pablo Soto", añadía. A cambio, Bravo respondió citando los casos de las webs de enlaces españolas, generalmente sobreseídas.
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