MADRID.- Pablo Soto estaba esta tarde "alucinado". Lógico: no todos los días las cuatro grandes discográficas le reclaman a uno 13 millones de euros. Enterrado en los papeles de la demanda, que las llamadas de la prensa no le han dejado leer completa todavía, este joven madrileño es 'culpable' -según la patronal Promusicae- de crear Blubster, Piolet y Manolito, programas para el "intercambio ilegal de música protegida".
Las discográficas han elegido bien el destinatario de su ataque. Soto, a sus 28 años, es uno de los grandes especialistas mundiales en redes de intercambio de archivos entre pares (P2P), y ha creado algunos de los softwares más originales en ese ámbito, como Omemo. I+D para unos, pura ilegalidad para otros. "Somos una empresa de nueve personas de cierto nivel, hacemos investigación, tenemos partners, clientes, proveedores, vamos a ferias, damos cursos de verano en las universidades... no somos un barco pirata ni el ejército de Pancho Villa", se defiende ofendido el experto.
"Llena de locuras", o "sostenida con pinzas" son algunos de los adjetivos que dedica a esta demanda "sin precedentes", que recuerda a lo sucedido hace años con el pionero servicio de descargas Napster. En realidad, explica Soto, todos los que fundaron hace cinco años un lobby en USA para la defensa del P2P contra los intereses de la industria musical han tenido problemas con la justicia.
A pesar de la sorpresa y la atención mediática, el madrileño no está demasiado preocupado. "El objetivo no son los 13 millones de euros (ni sumando la facturación de toda la historia de mis empresas y multiplicándola por diez llegaría a esa cifra), sino buscar un ataque a través de la prensa, que el próximo en desarrollar programas así se lo piense". Soto explica que la industria "ha perdido muchos juicios" y que hasta Bruselas "les ha cortado el camino, porque pedían la correspondencia de las direcciones IP con nombres y apellidos".
En cierto modo, el reto le motiva, y le apetece llevar hasta el final el debate sobre la legalidad del intercambio de archivos a través de internet y las razones, prácticas y futuro de la industria musical. A él y a sus abogados, David Bravo y Javier de la Cueva, bien conocidos entre los internautas más activos. "Llevo mucho tiempo en esto. El proceso va para largo, durará unos cuantos años, pero hay mucho de lo que hablar". Se reconoce, incluso, ilusionado. "Hace falta llevar el debate hasta una sentencia firme que aclare todo".
El razonamiento utilizado para su defensa es un viejo conocido, el instrumental: "Afirman que como he creado una herramienta con la que se pueden cometer ilícitos, tenemos responsabilidad sobre ello. Es como si te atropellan y denuncias al fabricante del coche". Y además, con 'ánimo de lucro': "Que es como acusar de ser más caro al coche que más corre".
Tampoco tiene sentido para Soto la forma en la que se ha calculado la demanda. Las discográficas han sumado el número de veces que sus programas han sido descargados, y han calculado que cada uno de esos 20 millones de usuarios se ha bajado por lo menos una de las canciones propiedad de Warner, Universal, Emi o Sony-BMG. Por cada una que dejan de vender, se suma un dólar, lo que hace 20 millones de dólares. Es decir, 13 millones de euros.
Algunos detalles sórdidos (o "surrealistas", como dice Soto) salpican la historia. El joven empresario denuncia que las discográficas contrataron a un detective privado, que hace un año visitó sus oficinas haciéndose pasar por un cliente. Las fotos que entonces fueron tomadas con cámara oculta hoy adornan los cientos de folios de la denuncia.
A pesar de todo, el dueño de MP2P Technologies se muestra confiado. "Vamos a ganar", dice tan tranquilo. Por cierto, adora la música.
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