WASHINGTON, D.C.- Si Obama pensaba el martes que su decisión de impedir la publicación de nuevas pruebas de abusos a presos iba a calmar los ánimos esta semana, estaba equivocado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró ayer que la CIA "le engañó". Pelosi reconoció que sí fue informada por la CIA de que estaban considerando utilizar la técnica de ahogamiento simulado —waterboarding —contra el sospechoso Abu Zubaydah, pero no que lo hubieran hecho.
"Sí, lo que estoy diciendo es que la CIA engañó al Congreso al mismo tiempo que la Administración engañaba al Congreso sobre las armas de destrucción masiva en Irak", se defendió Pelosi, afirmando que tuvo que confiar en las palabras del Gobierno de Bush cuando afirmaron que no terminaron por utilizar dichas técnicas.
El paso dado por Pelosi es sólo un signo más de la división que existe dentro del Partido Demócrata entre los que, como Obama, quieren dejar la polémica de las torturas en el pasado, sin publicar más fotos ni procesos judiciales, y los más liberales, que quieren que los cargos más altos asuman responsabilidades por las torturas. Es la situación menos idónea para un presidente que necesita no sólo de la unidad de su propio partido, sino también de los republicanos, cuyos votos son imprescindibles si quiere aprobar reformas como la del sistema de salud.
La presidenta del Congreso es también la número tres del Gobierno y su acusación de mentir a la CIA contradice los documentos oficiales, además de arruinar cualquier intento de rebajar el debate sobre las torturas. El hecho de que Pelosi haya entrado en el juego de acusaciones, desmentidos y declaraciones públicas rompe con la promesa de Obama de terminar con lo peor de la política de Washington.
Las acusaciones de las últimas semanas se centran en políticos que podrían haber sabido de los abusos antes de que el Departamento de Justicia desclasificara los informes de la CIA el 16 de abril. El pasado viernes, los republicanos acusaban a los demócratas de total complicidad con la Administración Bush en este asunto, desde que Pelosi fuera una de las asistentes a la reunión con agentes de la Agencia de Inteligencia en la que se informó de las técnicas de interrogatorio. Entre otros políticos que recibieron la información estaban dos senadores de Florida y Virginia Occidental y un congresista de California, en los años 2002 y 2003, aunque los informes también citan a comités del Congreso que asistieron al completo a estas sesiones.
Además, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia desclasificó un documento en el que quedó registrado que el día 4 de septiembre de 2002, la entonces congresista Pelosi y el republicano Porter Goss recibieron información sobre técnicas especiales que "habían sido utilizadas" contra el prisionero Zubaydah. Esta versión encaja con los informes publicados en abril, en los que consta que este preso había sufrido la técnica de ahogamiento simulado en hasta 83 ocasiones en agosto de 2002.
Pero aquí es donde empieza la discusión por lo que Pelosi afirma que dijeron los agentes y lo que los agentes dicen que contaron a Pelosi.
Para dolor de cabeza de Obama, las versiones no coinciden. La presidenta de la Cámara de Representantes respondió a las acusaciones de hace una semana con un comunicado en el que recordaba que el informe de estas reuniones está basado en "notas" tomadas por los agentes de la CIA. El mismo director de la Agencia había recomendado a los legisladores que interpretaran a su manera si estas notas son "un relato ajustado de lo que realmente pasó en las reuniones o no".
Pelosi también declaró en su defensa que recibió información sobre técnicas que la Administración estaba considerando para el futuro y en el caso de que fueran legales. Y este es el factor al que se aferran los demócratas para empujar sus acusaciones. Obama ya ha declarado que no es partidario de iniciar ningún proceso legal contra los agentes que llevaron a cabo los interrogatorios. Además, considera que cualquier proceso debería ser iniciado por el Departamento de Justicia, organismo que se pronunciará en los próximos días. Cualquier proceso contra estos agentes o las personas que declararon legales dichas técnicas debe analizar primero dicha legalidad y después, si se pueden juzgar ahora que Obama las ha prohibido.
De comenzar cualquier proceso legal, los republicanos ya tienen argumento. Si pueden juzgar a la gente de Bush, ¿por qué no hacer lo mismo con la de Clinton? El presidente demócrata llegó a aprobar el traslado de presos por terrorismo detenidos en otros países a un tercero que, en algunas ocasiones, aprobaba la tortura. La oposición demostraba ayer con este argumento que están listos para el juego de las acusaciones.
Aunque republicanos y demócratas están de acuerdo en una cosa: todos quieren que sean desclasificados cuantos más documentos de la CIA, mejor. Todos piensan que la información que salga en ellos beneficiará a su propio partido. Hace unas horas la CIA ha dado el primer portazo al ex vicepresidente Cheney, quien reclamaba la publicación de las pruebas que demuestran cómo los abusos ayudaron a arruinar planes de ataques terroristas.
Obama dejó claro desde el principio que sólo quiere mirar hacia delante y cumplir con sus objetivos para esta legislatura, alguno de ellos, como la reforma del sistema de salud, quiere aprobarlo en junio. Pero después de las declaraciones de Pelosi, parece que va a tener que esperar hasta septiembre.
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