La publicación el pasado lunes de un informe del inspector general de la CIA y la noticia simultánea de que el fiscal general de EEUU, Eric Holder, ha encargado al fiscal federal John Durham investigar cerca de una docena de casos en que miembros de la CIA infringieron la ley al torturar a prisioneros ha dividido al país en dos facciones claramente reconocibles. Los partidarios de la tortura despiadada (ahora algunos incluso se jactan de ser justamente eso) insisten en declarar que ésta funciona y que, en palabras de Dick Cheney, quienes llevaron a cabo los interrogatorios "merecen nuestra gratitud " y no "ser el blanco de investigaciones o acusaciones políticas". Entre tanto, a la mayoría de quienes se oponen a la tortura les indigna que la orden dada a Durham sea investigar tan sólo unos cuantos casos deplorables sin que se vaya a examinar con lupa a los juristas y políticos que sembraron un clima político donde obtener información relevante para la seguridad del Estado llegó a ser más importante que cumplir la ley. Como escribió la noche del pasado lunes Glenn Greenwald :
Que nada de esto ocurrió por accidente es un hecho manifiesto. Tal como se observa constantemente en el informe de la CIA, todos estos métodos constituyeron severas desviaciones de directrices (si no prácticas) que la CIA aplica desde hace mucho tiempo. Y todo pasó porque los más altos funcionarios del gobierno de EEUU dijeron que era permisible, que la protección que contemplaba la Convención de Ginebra era 'pintoresca', obsoleta e inaplicable y que estaba plenamente justificado que EEUU hiciera lo que quiera que estuviera en su mano en nombre de la lucha antiterrorista.
En cierto sentido es admirable que Holder esté luchando por seguir apelando a "la ley" ante la decisión política de su jefe de dejar en paz a los torturadores y la insistencia de sus detractores de que él solito está llevando a Estados Unidos a ser menos seguro. Holder merece que un reconocimiento por el hecho de que en sus declaraciones anunciando que designaba a un fiscal especial no se dignó a abordar la cuestión de si la tortura 'funcionaba', puesto que para él no se trataba, ni jamás se trató, de una cuestión legal.
Todo esto es muy loable: Holder está entregado a proteger la integridad de la legalidad vigente a pesar de la fortísima presión política que empuja a ignorar el pasado y a aunar esfuerzos para lograr un futuro más amable y moderado. Se niega a ser arrastrado a una disquisición sin sentido sobre si las disposiciones legales tal vez cuenten menos porque se haya demostrado que violarlas puede reportar algún beneficio. Pero, por otra parte, Holder ha caído presa de la misma especie de pensamiento legal mágico que impregna todo el informe de la CIA: la presunción de que, si hay un informe legal, éste ha de ser legal.
Holder parte de la peligrosa idea de que la investigación de Durham ha de apoyarse en lo legalmente dispuesto en los conocidos como informes de la tortura de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia (tejido a partir de información mala y precedentes aleatorios). Sugerir, como hizo ayer Holder, que "cualquiera que actuara de buena fe y conforme a la orientación jurídica del Departamento de Justicia de EEUU (OLC) en los interrogatorios a detenidos" quedaría impune es sugerir que los funcionarios de la CIA de bajo rango y el personal contratado que actuaron mal sobre el terreno son legalmente culpables mientras que aquellos que dieron una mala orientación legal no lo son. En otras palabras, ahora se está protegiendo a los torturadores que actuaron de buena fe.
Esto no sólo está mal: es vergonzoso. Ratifica el aspecto más dañino de toda la batalla legal contra el terror: que todo está permitido si va acompañado de un informe. Si tu mala conducta se ciñe a lo que pone en un documento con notas a pie de página y justificaciones —incluso una vez consumados los hechos— puedes hacer lo que te plazca. Que se interpongan acciones judiciales contra quienes se descarriaron pasándose de la raya con las nuevas normas y no tener en cuenta la culpabilidad de quienes se desviaron de la ley al crear dichas nuevas normas significaría que, en Estados Unidos, un título en Derecho viene a ser lo mismo que una defensa asegurada. El congresista republicano Jerry Nadler lo explicó de la siguiente forma este mismo mes cuando advirtió que no tenía ningún sentido procesar al tipo que cogió un cuarto de litro de agua para torturar con la técnica de asfixia simulada y no al jurista que dijo que esta práctica era legal si se empleaban 100 ml de agua. O miramos a ambas caras del fracaso legal posterior al 11-S o a ninguna. La alternativa es buscar un chivo expiatorio, como ocurrió tras lo de Abu Ghraib.
Por eso es tan grave que el Departamento de Justicia estadounidense haya dejado una vez más de hacer público otro informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPC), uno que implicaba a quienes efectivamente torturaron, incluyendo a John Yoo y a otros abogados del Departamento de Justicia, por violar los deberes que les impone su código ético profesional al redactar los informes originales que dieron base legal a la tortura. Al establecer una diferencia entre la conducta de los miembros de alto rango de la CIA y quienes condujeron los interrogatorios, el Departamento de Justicia de EEUU está perpetuando el mito según el cual "cumplir órdenes nada más" constituye una defensa legal e insulta a tantos y tantos miembros de la CIA que se opusieron a las nuevas normas, rehusando participar en la cámara de los horrores que un puñado de superiores había diseñado. Todo lo que se dice hoy sobre hundir a la CIA investigando cómo se transgreden internamente las normas es ridículo. Ya se intentó corromper un informe elaborado por el inspector general de la CIA con afirmaciones inconsistentes de que las normas habían dejado de ser las normas.
El sistema legal estadounidense no va tan sólo de crimen y castigo. Es un conjunto de pautas para conducirnos en el futuro y dar al resto del mundo un mensaje sobre nuestros valores. Este propuesto régimen Holder-Durham de semirresponsabilidad —lamentamos todo este asunto de las torturas pero no lo suficiente como para investigar a fondo cómo llegó a suceder— es un arma de doble filo peligrosa: da paso a que se vuelvan a instaurar los fundamentos para la tortura de la era Bush, por si volvieran a hacer falta en el futuro, y permite aconsejar a nuestros aliados y enemigos que, bajo circunstancias desesperadas, es plausible que hagan otro tanto. Optar por ser responsable sólo a medias supone, llevando un poco más lejos el mismo argumento, que la tortura es únicamente reprobable en parte. Ta-Nehisi Coates sostiene que "realmente no alberga duda alguna de que podríamos comenzar a torturar de nuevo (y, de hecho, lo haríamos) si se perpetrara otro ataque terrorista." Si no desmontamos la base del régimen de la tortura, estará en lo cierto.
El fiscal general Holder es lo suficientemente perspicaz como para saber que los fiscales especiales tienden a destapar asuntos sucios y que incluso con la orden limitada que ha dado a Durham, pronto se dará de cabezazos contra esa dura pared que constituyen los informes de la tortura. Prácticamente cualquier investigación en torno a si un prisionero fue sometido a asfixia simulada 'adecuadamente' se enfrentará a la absurda pregunta de por qué Estados Unidos puso en práctica esta tortura en primer lugar. O Durham pasa por el aro de Holder de que cualquier cosa aprobada por los informes del Departamento de Justicia fue legal per se o su investigación le llevará a formular las mismas preguntas a las que acabará dando respuesta el propio informe del Departamento de Justicia: ¿cómo conseguir información a cualquier precio se convirtió en la respuesta legal en lugar de ser la pregunta legal?
Cuesta imaginar quién está más hundido y avergonzado ahora: la CIA, el Departamento de Justicia o su Oficina de Asesoramiento Legal o el presidente. Pero la transparencia y la falta de responsabilidad son vergonzosas. Tal vez éste no sea un proceso que pudiera dejar a nadie contento, pero sentirse bien no es el único objetivo.
Al presidente Obama le avergüenza tener que llamar a declarar sus propios empleados. Eric Holder se avergüenza de tener que avergonzar a su jefe. A la CIA le avergüenza que unos cuantos de sus funcionarios y agentes contratados se dejaran llevar ciegamente por Dick Cheney hacia el lado oscuro. Y la mayoría de los estadounidenses están avergonzados de leer que en los días más negros que siguieron al 11-S, el gobierno amenazó a prisioneros con taladradoras y con violar a familias para sonsacar información mala. Todo es vergonzoso. Pero Estados Unidos va a tener que hacer las paces con su coqueteo con el maltrato a prisioneros de alguna forma. Esto puede implicar lo que estamos haciendo: airear nuestros trapos sucios por separado o designar a una comisión o un fiscal especial para hacerlo bien. O puede tan solo quiera suponga sumarse a Dick Cheney en su convencimiento de que las leyes contra la tortura están ahora obsoletas. Pretender que estamos investigando y restringir un programa de tortura no es tan distinto de pretender que no torturamos desde un principio.
*Artículo originalmente publicado en el medio digital estadounidense Slate.
(Traducción: Carola Paredes)
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