Finalmente, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que lleva el 'Caso Gürtel' ha decidido imputar al presidente de la comunidad, Francisco Camps, junto al número dos regional, Ricardo Costa, y otros cargos del Partido Popular valenciano. El presidente tendrá que declarar el próximo 19 de mayo para explicar su presunta relación con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de la que pudo haber recibido miles de euros en trajes a cambio de contratos. Pero antes deberían responderse algunos interrogantes: ¿debe dimitir Camps? ¿Cuál debería ser la reacción del partido?
Desde luego, tras la imputación de hoy, el debate sobre la pertinencia de su dimisión se agudizado de forma notable, y ya llueven las voces políticas que exigen su abandono del cargo. Y es que se han derrumbado de golpe los dos principales argumentos que los 'populares' utilizaban para defender la inocencia del dirigente territorial.
Desde el día en que estalló el 'Caso Gürtel' hay una afirmación que se ha repetido por activa y por pasiva: la lógica de la política no es la misma que la lógica de la Justicia. Por ejemplo, lo dijo el ministro Caamaño en una reciente comparecencia: "Los tiempos de la Justicia no son los de la política. Mientras la primera se mueve por la lógica de la razonabilidad, la segunda lo hace por el principio de la oportunidad".
Precisamente, esa lógica de la oportunidad se ha mostrado bien laxa con las diferentes respuestas del PP ante el goteo de imputaciones del 'Caso Gürtel'. ¡Ojalá existiera un manual en el que se recogieran todos los posibles casos y el precio político asociado a ellas, como un Código Penal dirigido a sospechosos de corrupción! Pero, desde luego, a la luz de las decisiones políticas que se han derivado del 'Caso Gürtel' se percibe mucha improvisación, lo que ha desatado la sospecha de que existe un doble rasero en el seno del Partido Popular.
De todos los nombres que han salido a la luz desde que el juez Garzón abriera fuego, las reacciones han sido de lo más variopinto. Sin contar a quienes en el momento del estallido de la Gürtel ya habían abandonado su cargo, éstas son las diferentes reacciones del Partido Popular con respecto a quienes la operación salpicó en pleno ejercicio de sus cargos.
Por ejemplo, cuando el juez Garzón se inhibió en la operación Gürtel en favor del TSJ de Madrid imputó a dos personas que ostentaban en ese momento el cargo de alcaldes: Ginés López, en Arganda, y Jesús Sepúlveda, en Pozuelo. Ambos presentaron su dimisión de forma inmediata y suspendieron voluntariamente su militancia en el Partido Popular, a pesar de que negaron su participación en los hechos. Entonces, María Dolores de Cospedal alabó su decisión al haber antepuesto, según ella, el interés de sus municipios a sus "circunstancias personales". La secretaria general añadió que esa decisión fue "especialmente generosa".
Dada la condición de aforados de los diputados de la Asamblea de Madrid el juez Garzón no pudo imputar a Martín Vasco, López Viejo y Alfonso Bosch, a pesar de haber hallado indicios contra ellos. Sin embargo, una vez que el caso llegó a los Tribunales Superiores, el juez Antonio Pereira imputó a los tres diputados madrileños. En ese momento, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular suspendió de militancia a todos ellos, aunque los tres implicados mantienen su acta de diputado, ya que, según sostienen los 'populares', las actas son personales y no pertenecen al partido, por lo que son ellos mismos quienes han de tomar la decisión. Eso sí, Martín Vasco dimitió como portavoz adjunto del partido a raíz de la imputación, mientras que López Viejo dejó su cargo de consejero de Deportes en febrero, justo al estallar el 'Caso Gürtel' y antes de que se conociera con exactitud su implicación en la operación.
De momento, el Partido Popular ha respondido a la imputación con un comunicado en el que hace una defensa a ultranza de Camps. Además, los 'populares' se afanan en hallar una lectura positiva al asunto: "La citación supone acabar con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su inocencia en el foro adecuado", aseguran. En la misma línea, fuentes 'populares' han asegurado a Europa Press que no han pensado suspender la militancia a los implicados, ya que su situación no es comparable con la de los diputados autonómicos de Madrid. Esteban González Pons, por su parte, ha defendido la inocencia de su compañero y ha afirmado que la gravedad de las acciones "es como mínimo opinable". Esto conduce a una nueva reflexión: ¿Lo verdaderamente importante es la cuantía económica o el hecho en sí de haber cometido un delito, por pequeño que sea?
No se trata del primer presidente autonómico que resulta imputado en un proceso judicial. Juan José Ibarretxe (PNV), Jaime Ignacio del Burgo (UCD), Demetrio Madrid (PSOE) o Gabriel Cañellas (PP) fueron imputados en su día y en sus respectivas comunidades, si bien al final todos ellos fueron absueltos, según recuerda Efe.
Sin embargo, otros dirigentes autonómicos salieron culpables de sus respectivas imputaciones. Como Gabriel Urralburu, que fue presidente de Navarra entre 1984 y 1991, y se convirtió en el primer presidente regional encarcelado (aunque su condena llegó una vez que había abandonado el cargo). José Marco (presidente de Aragón) y Juan Hormaechea (presidente de Cantabria) corrieron una suerte similar.
Si el Partido Popular quisiera defender a ultranza la inocencia de Camps, podría escudarse en los mencionados casos en los que los imputados finalmente fueron absueltos. Aunque también podría escudarse en aspectos procesales, afirmando que cabría aguantar algo más y esperar a que Camps sea procesado, que significa llevar su implicación un paso más allá de la mera imputación. Concretamente, el Tribunal Constitucional considera como imputado "a toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible". Mientras, la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera que una persona puede ser procesada si, como consecuencia de las diligencias practicadas, en el sumario aparecen "indicios racionales de criminalidad contra determinada persona".
Otra opción, del todo contraria, sería que Camps se aplicara el mismo cuento que los dimitidos alcaldes de Arganda y Pozuelo (ése que alababa De Cospedal). O que el partido le aplicara el mismo rasero que a los diputados madrileños, cuya militancia fue suspendida. ¿Qué deberían hacer Camps y su partido?
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