La Justicia también quiere refundarse

Mientras los focos de la prensa se orientaban hacia la situación económica, había otro campo que pedía a gritos un generoso plan de rescate: la Justicia. A principios de este año, a menos de un mes de la celebración de la pasada huelga de jueces, el ex ministro Bermejo anunciaba "un importantísimo esfuerzo económico de 20 millones de euros" para modernización, lo que suponía un aumento de casi un 30% en la cifra ya presupuestada. ¿20 millones de euros? Pues bien, ahora el nuevo ministro, Francisco Caamaño, ha llegado y ha puesto el talonario sobre el púlpito del Congreso: 600 millones de euros para modernizar la Justicia.

Ante la vertiginosa diferencia entre las cantidades presupuestadas surgen algunas preguntas. ¿Por qué a Caamaño le han concedido tal cantidad y no se hizo lo propio con Bermejo? ¿Por qué no se habló de esa cantidad desde el inicio de la legislatura, cuando la crisis económica no era tan profunda? Uno de los argumentos que se barajan desde fuentes judiciales es que el Gobierno se ha podido dar cuenta de las posibles repercusiones políticas de una mala situación de la Justicia, sobre todo a raíz de toda la alarma suscitada por algunos errores judiciales en casos de trascendencia social y por las encendidas protestas de los jueces.

Dejando a un lado estas especulaciones, el ministro Caamaño ha comparecido hoy ante los medios en un desayuno informativo organizado por Europa Press. En él, ha respondido durante 50 minutos a las preguntas de los medios. Y la 'Operación Gürtel', el Partido Popular o la reforma de la Ley del Aborto, entre otros asuntos de actualidad, han estado muy presentes. De este modo, Caamaño ha podido estrenarse en el rifirrafe político.

Y donde Bermejo se movía con la contundencia de Mike Tyson, al nuevo ministro se le ha visto algo más timorato. "El presidente del PP ve muchas cosas inconstitucionales cuando está en la oposición y, sin embargo, cuando está en el Gobierno le parece que todas por el contrario son constitucionales", ha dicho Caamaño al ser preguntado por el presunto recurso de inconstitucionalidad que planteará Rajoy si prospera la reforma de la Ley del Aborto. Ésa ha sido, sin lugar a dudas, la frase más agresiva que ha conseguido decir el nuevo ministro.

El resto, acusaciones un tanto confusas, como al referirse a las críticas 'populares' vertidas contra Garzón: "Si el PP no está muy satisfecho con la actual regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, espero que el PP nos apoye de manera entusiasta porque compartimos esa necesidad de modificar esa ley para que el juez en la instrucción opere como un juez de garantías", ha llegado a decir. ¿Se habrán sentido muy afectados en el Partido Popular por esta afirmación?

Y es que el desembarco de Caamaño significa el esfuerzo (o al menos la declarada promesa) por deslindar de una vez la lógica política y la judicial, algo en lo que ha insistido hasta en un par de ocasiones durante la mañana de hoy. "Los tiempos de la Justicia no son los de la política. Mientras la primera se mueve por la lógica de la razonabilidad, la segunda lo hace por el principio de la oportunidad".

Si Caamaño quiere, hablemos de reformas

No en vano, Caamaño se sentía mucho más cómodo cuando se hablaba de las líneas maestras de su propuesta. Y lo cierto es que, a pesar de que el ministro considera que "el sistema de Justicia no admite grandes revoluciones", también parece que está abordando con mucho vigor algunos aspectos renovadores. Especialmente, en lo que se refiere a la necesidad de acabar con el exceso de litigiosidad que sobrecarga el sistema judicial. "En los últimos 12 años la carga de los tribunales se ha multiplicado por dos, por lo que sólo los conflictos relevantes deberían llegar a la jurisdicción", ha dicho hoy el ministro.

La Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial, que ayer planteó sus propuestas, suscribió este planteamiento. "¿Hasta qué punto se ha judicializado en exceso la vida en nuestro país?", se preguntaba en la misma dirección la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Es cierto que se ha producido una gran judicialización de la vida en España, "pero no hay que olvidar que es un derecho que tiene todo ciudadano porque viene dado por la Constitución Española, por lo que cualquier reforma debe acometerse con suma cautela", advierte Francisco Santa Cecilia, profesor de Penal en la Universidad Complutense. "Pero no le falta razón al ministro cuando habla de la necesidad de emprender reformas. Lo que sucede es que no hay que vetarle al ciudadano el acceso a la administración, sino potenciar e informar sobre otras opciones que no pasen por el juez", sentencia Santa Cecilia. El nuevo gabinete está trabajando sobre varias vías para reducir el número de asuntos que llegan a manos de los jueces:

• La despenalización. El Consejo General del Poder Judicial abrió ayer el debate sobre esta propuesta, al considerar que es una vía que debe tenerse en cuenta. Esta medida supondría evitar que las conductas consideradas más leves puedan llegar al circuito penal (los insultos o las pequeñas agresiones, por ejemplo). Para ello, deberían buscarse vías administrativas para resolver los conflictos, o bien retrasar al máximo la llegada de estos asuntos a manos de un juez. El ministro no ha abordado todavía esta posibilidad en sus discursos, aunque algunos expertos consideran que es muy complicado que esta opción sea tenida en cuenta.

"Es un proceso que, a corto plazo, lo tiene muy difícil para triunfar. Vivimos en unos tiempos de inflación punitiva, en el que los políticos tienden a incrementar la intervención penal, de modo que es muy difícil que accedan ahora a una medida como la despenalización", nos dice Jesús Barquín, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada. "Que el CGPJ hable de este tema no es un cambio sustancial. El cambio llegaría verdaderamente si los políticos lo pusieran en práctica", añade.

• La mediación y el arbitraje. Tal y como reconoció Caamaño en su 'bautismo' ante el Congreso, su ministerio está dispuesto a "promover la regulación de mecanismos de mediación y conciliación mediante los que se puedan resolver controversias con el consiguiente ahorro de costes para la administración de Justicia". La mediación, lo que busca, es la resolución de los conflictos mediante la asunción libre de un acuerdo por las partes.
• Los recursos. El ministro ha declarado la guerra a los recursos judiciales. Para Caamaño, el actual sistema permite impugnar la práctica totalidad de resoluciones de juzgados y tribunales, cuando en realidad el reconocimiento legal al recurso se ciñe a dos casos: la doble instancia en materia penal y el recurso de casación del Tribunal Supremo para garantizar la unificación de doctrina. Además, el ministro cree que hay quien abusa de los recursos en beneficio propio para alargar innecesariamente los procesos, y lo achaca a "nuestra tradición" y a "un falso sentido garantista". Lo cierto es que no va a ser fácil meter la tijera al ministro a estas cuestiones, ya que podría leerse como una merma del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

La reducción de la litigiosidad es una de las grandes novedades que trae Caamaño bajo el brazo para refundar la Justicia, si bien no es la única. Dar más peso a los fiscales en la instrucción de los casos (el juez operaría más como "un juez de garantías") o la creación de la figura de los jueces de adscripción territorial (para acabar con la proliferación de jueces sustitutos), son dos de las medidas más llamativas que se ha propuesto Caamaño.