Bruselas.- El Parlamento Europeo (PE) y la presidencia checa de la UE, que representa a todos los estados miembros, han alcanzado un acuerdo político sobre los derechos de los internautas, el último punto importante de la nueva legislación del sector de las telecomunicaciones que quedaba por resolver.
La Eurocámara informó hoy de que su Comisión de Industria y la presidencia checa han consensuado que cualquier medida que se tome sobre el acceso y el uso de internet debe respetar los derechos fundamentales.
Este compromiso informal será examinado por hoy por el comité de representantes permanentes de los países de la UE (Coreper), y posteriormente deberá recibir el respaldo del pleno del Parlamento Europeo en segunda lectura en la semana del 4 al 7 de mayo y del Consejo de Ministros para que pueda entrar en vigor la nueva legislación.
El texto de compromiso reconoce que internet es una "herramienta esencial" para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y el acceso a la información.
Asimismo, incluye provisiones vinculantes que proclaman que las medidas que se tomen en relación con el acceso y el uso que los internautas hagan de las comunicaciones electrónicas, deben respetar derechos y libertades fundamentales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información.
También "el derecho a una sentencia de un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley y que actúe con el respeto debido al proceso".
Por otra parte, el texto pide a la Comisión Europea que investigue el papel de internet en el ejercicio práctico de los derechos fundamentales.
La cuestión de los derechos de los internautas, y en particular la llamada "enmienda 138/46", ha suscitado controversia entre los eurodiputados y un grupo de países.
El Parlamento abogaba por una redacción del texto que hiciese referencia a la necesidad de una orden judicial para poder cortar a un usuario el acceso a internet, algo que consideran un derecho fundamental, mientras que los países propugnaban que esa decisión estuviese en manos de un órgano administrativo, lo que podría dar pie a que la policía u otro organismo bloqueasen ese servicio.
Francia se encontraba en ese grupo de países, así como el Reino Unido, Alemania, Rumanía y varios estados del este de Europa, que veían en esa vía un método más efectivo para combatir la piratería o las descargas ilegales de material protegido por copyright, señalaron a Efe fuentes diplomáticas.
La Eurocámara, la Comisión y el Consejo de la UE han señalado en repetidas ocasiones su voluntad de concluir las negociaciones del nuevo marco regulador comunitario de las telecomunicaciones antes de las elecciones europeas, que se celebrarán a comienzos de junio, con el objetivo de no esperar a que se forme un nuevo Parlamento y que la legislación pueda entrar en vigor lo antes posible.
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