El parlamento europeo ha aprobado hoy el llamado "paquete de telecomunicaciones", una serie de medidas y enmiendas que pretenden modificar por completo el mercado de las telecomunicaciones en Europa. Este paquete está dividido en tres apartados principales, siendo el informe sobre seguridad en las telecomunicaciones elaborado por el europarlamentario conservador británico Malcolm Harbour el que más atención ha recibido por parte de medios, asociaciones de ciberderechos e internautas. El informe, muy descafeinado, ha sido aprobado con 548 votos a favor, 88 en contra y 14 abstenciones.
Como ya contamos este verano, las enmiendas más polémicas fueron suprimidas en la votación preliminar. Sin embargo, debido a la presión que han ejercido diversas asociaciones de ciberderechos, en la votación de esta mañana se han matizado los puntos más polémicos de este informe. Los que temían por la libertad de sus ADSL pueden dormir tranquilos esta noche. Estas "enmiendas-torpedo" se han quedado en una petición a la Comisión Europea para que realice un estudio sobre las direcciones IP y su utilización como datos personales.
A pesar de que se ha rebajado el tono de las enmiendas más polémicas, en algunos casos no está claro cómo se van a poner en marcha algunas de las iniciativas aprobadas.
Por ejemplo, se ha decidido que todos los usuarios de internet puedan ser informados, como medida preventiva, de actividades que infringen los derechos de autor en materia de contenidos. Esta enmienda aprobada promueve que los operadores de telecomunicaciones y los gobiernos cooperen de forma conjunta. Los diferentes estados miembros podrán crear avisos de información, difundidos a través de los ISPs [Proveedores de Servicios de Internet], con información de interés público; o avisos relacionados con la infracción de los derechos de autor y contenidos ilegales.
Sin embargo, no se ha definido qué contenido es legal o ilegal, ni cómo deben ser los avisos que reciban los usuarios. Se deja en manos de los diferentes estados estas matizaciones a la hora de incorporar en sus legislaciones nacionales esta enmienda.
Antes de la votación, los principales grupos políticos hicieron en el Parlamento un compromiso para no alterar el objetivo principal del proyecto, esto es, mejorar la protección de los usuarios de las telecomunicaciones y hacer que les resulte más fácil ejercer sus derechos fundamentales.
Y así ha sido. Entre las enmiendas aprobadas está la de obligar a los operadores a proporcionar un servicio universal de telecomunicaciones con un mínimo de calidad garantizada. Por ahora, se considera servicio universal, es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a poder acceder a él. La Comisión se ha propuesto estudiar la ampliación este otoño de este servicio universal a la telefonía móvil y la banda ancha.
Además, los ISPs deberán tomar mayores medidas para proteger la seguridad de las comunicaciones. En el caso de que fuera infringida la protección de los datos personales de los usuarios, estos deberán ser puntualmente informados.
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