Los ayuntamientos pequeños tendrán 72 millones para emplear a los parados sin subsidio

Valladolid.-  El primer fruto de la negociación entre el PP y el PSOE de Castilla y León para luchar contra la crisis es el reparto de los 125 millones del Plan de Convergencia Interior entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que dedicarán 72,5 millones a contratar parados que carezcan ya de subsidio.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha comparecido hoy junto al portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, y el secretario de Organización del PSCL-PSOE, Pedro Muñoz, para presentar este acuerdo, que prevé que el 90 por ciento de los fondos (112,5 millones) serán gestionados directamente por los ayuntamientos y los restantes 12,5 millones serán asumidos por las Diputaciones para realizar actuaciones supramunicipales.

Los criterios que guiarán el reparto serán el número de habitantes de cada municipio y el nivel de desempleo, de tal modo que se fijará una población ponderada en la que cada ciudadano contará como uno y cada ciudadano desempleado como cinco, según ha explicado Del Olmo.

El pacto político establece tres líneas de actuación: el pago de facturas pendientes de pago, la contratación de parados que hayan perdido el subsidio por desempleo y estén empadronados en Castilla y León antes de los dos últimos años y la realización de obras o equipamientos que incentiven la contratación de desempleados.

En el caso del pago de deudas, los ayuntamientos sólo podrán destinar a este fin el 10 por ciento de la cantidad asignada y por un importe máximo de 5.000 euros, mientras que para la contratación de desempleados sin subsidio se fija un porcentaje del 60 por ciento, aunque cada corporación podrá determinar cuál de estas opciones aplica.

Los partidos también han pactado que los sectores laborales que recibirán un trato preferencial serán el forestal y medioambiental, el turístico y patrimonial y la realización de servicios comunitarios, públicos o sociales, aunque Del Olmo ha puntualizado que las ayudas están abiertas a otras actividades.

Tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, en cuyas negociaciones han intervenido la consejera de Hacienda y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, la Junta analizará la posibilidad de redactar un decreto ley -opción más ágil- o un proyecto de ley para regular la forma en que se convocan estas ayudas.

Ambos partidos coinciden en que se debe tramitar "cuanto antes", por lo que podría estrenarse la capacidad de la Junta de Castilla y León para dictar un decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía, aunque sea cual sea la opción elegida finalmente la norma no estará redactada antes de un mes, según el cálculo de Del Olmo.

La consejera ha calculado que la contratación de parados sin subsidio de desempleo beneficiará directamente a unas 15.000 personas, cerca del 20 por ciento de los ciudadanos que se encuentran actualmente en esta situación en Castilla y León -incluidas las ciudades-, unas 70.000 personas.

Pedro Muñoz (PSOE) ha destacado el valor intrínseco del pacto para mostrar a los ciudadanos que la "excepcionalidad" de la situación económica y laboral motiva el "buen acuerdo" entre las principales fuerzas políticas de la Comunidad para beneficiar a quienes han perdido su empleo.

Por su parte, Carlos Fernández Carriedo (PP) ha destacado que los beneficiarios son quienes más lo necesitan, que con este acuerdo se da también cabida a las diputaciones y que se lanza un mensaje a la sociedad de que el paro es la "principal preocupación" de la Comunidad.

Ambos partidos han acordado también que se creará un grupo de seguimiento para analizar la eficacia de esta medida, para la que la consejera de Hacienda espera el compromiso de cofinanciación de la Administración central.