Valladolid.- El PP y el PSOE coinciden en que las reuniones del pacto contra la crisis que iniciaron el pasado 16 de marzo han producido acuerdos beneficiosos para los ciudadanos, aunque ahora ambos partidos se reprochan mutuamente una inacción en áreas centrales que no presagian nuevos consensos próximamente.
De las seis áreas que se propusieron pactar -modelo financiero, el destino de los 125 millones del Plan de Convergencia Interior, modelo industrial, financiación autonómica, infraestructuras y establecimiento de la renta básica de ciudadanía-, los mejores frutos se han dado en la negociación sobre las cajas de ahorros y en el reparto de los 125 millones para incentivar la contratación de desempleados.
Sin embargo, al preguntar a Carlos Fernández Carriedo (PP) y Pedro Muñoz (PSOE) por un hipotético acuerdo en materia de financiación autonómica las respuestas son parecidas a las de una pareja de novios que acaba de discutir: "está muy claro que es el PSOE el que nos debe llamar", dice el popular, mientras que el socialista afirma "que primero se aclaren ellos".
Fernández Carriedo ha declarado a Efe que la postura del PP en financiación autonómica "es clara", con una demanda al Gobierno de al menos el 6,8 por ciento de los fondos que se pongan en el sistema, mientras que "el PSOE no acaba de concretar" y sólo habla de "vaguedades" al remitirse al Estatuto de Autonomía.
"Estamos dispuestos a trabajar sobre esto, pero reunirnos para explicar la posición del PP, que ya la hemos explicado, no hace falta, la cuestión es si ellos tienen propuesta", ha resumido Fernández Carriedo, quien celebra que "ante el impás de respuesta" del PSOE el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, vaya a informar a los partidos de la propuesta que realice el Ministerio.
Por su parte, Muñoz ha explicado a Efe que el que "no tiene un criterio claro" es el PP, que "no ha recibido el respaldo" del partido a nivel nacional, y ha defendido que lo que debe primar en el nuevo modelo son los criterios establecidos en el Estatuto y "mejorar el actual", aunque ha preferido no aportar un porcentaje cerrado porque "puede ser mayor" al planteado por el PP.
"El problema es la nefasta política contra la despoblación aplicada por la Junta de Castilla y León", ha puntualizado Muñoz, quien recuerda que la financiación sirve para sufragar el coste de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, por lo que el criterio del número de habitantes debe primar, aunque se establezcan fondos complementarios que colmen las aspiraciones de Castilla y León.
La otra materia en la que el pacto parece estancado es la de infraestructuras. Mientras los populares remiten al acuerdo de la Mesa del Diálogo Social como referencia para este asunto y reprochan al PSOE que "no se quiera sumar a él", los socialistas creen que el PP no ha correspondido al ofrecimiento del Ministerio de Fomento de pactar la revisión del PEIT con la búsqueda del consenso para el Plan de Carreteras autonómico.
Sobre la denominada renta básica de ciudadanía -prevista en el Estatuto-, la discrepancia radica en que el PP prefiere que el acuerdo político se posponga al que se alcance en el marco del Diálogo Social y el PSOE cree que el acuerdo debe producirse, independientemente de que el pacto político llegue antes del social, o viceversa.
También en el asunto del modelo industrial las discrepancias están más matizadas: los populares lo fían al acuerdo en las mesas del Diálogo Social, mientras que los socialistas creen que la Junta de Castilla y León debe hacer "autocrítica" porque las diferencias entre ambos partidos surgen "de su política de hechos consumados".
Al preguntar a ambos si habrá una reunión del pacto contra la crisis próximamente, ninguno de los dos da una respuesta concreta. "Yo no diría que está paralizado, ha funcionado bastante bien, pero ahora es el PSOE el que debe llamar", dice Fernández Carriedo. "No creo que haya una reunión del pacto hasta que el PP resuelva los asuntos que tiene que resolver y haya trabajos previos", resume Muñoz, aunque mantiene que su partido seguirá haciendo ofrecimientos de pacto en las Cortes.
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