Valladolid.- Las Cortes de Castilla y León han convalidado hoy, por primera vez en la historia de la Comunidad, un Decreto Ley dictado por el Ejecutivo autonómico, que optó por esta fórmula para agilizar la inyección de 125 millones de euros a las entidades locales para la contratación de desempleados.
Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han votado a favor de la aprobación de esta norma, mientras que el Grupo Mixto ha optado por la abstención por considerar que es necesario tomar medidas para atender a los desempleados pero es un error usar los fondos que estaban consignados para el Plan de Convergencia Interior.
Esta medida, que hoy ha sido defendida ante el pleno de las Cortes por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, servirá para paliar algunos de los efectos de la crisis económica, como la pérdida de las prestaciones por desempleo y el aumento de la deuda de los ayuntamientos con las pequeñas empresas, entre otras.
Durante la pasada semana representantes de la Junta de Castilla y León y de las entidades locales que serán beneficiarias de estos fondos, inicialmente previstos para el Plan de Convergencia Interior, firmaron los convenios que comprometen a ambas partes para garantizar que se dedica el dinero a los fines previstos en la norma.
Este Decreto Ley servirá para distribuir los fondos entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y las diputaciones con la finalidad principal de fomentar la contratación de desempleados, aunque hay una parte de los recursos que podrán destinarse al pago de las deudas contraídas por los ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas.
En concreto, el 90 por ciento de los recursos (112,5 millones) serán gestionados directamente por los ayuntamientos y los restantes 12,5 millones serán asumidos por las Diputaciones para realizar actuaciones supramunicipales.
Los criterios que guiarán el reparto serán el número de habitantes de cada municipio y el nivel de desempleo, de tal modo que se fijará una población ponderada en la que cada ciudadano contará como uno y cada ciudadano desempleado como cinco.
El Decreto Ley fija tres líneas de actuación: el pago de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos, la contratación de parados, preferentemente de aquellos que hayan perdido el subsidio por desempleo y estén empadronados en Castilla y León antes de los dos últimos años, y la realización de obras o equipamientos que incentiven la contratación de desempleados.
El contenido de la norma se basa en el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE en la mesa de diálogo contra la crisis económica, como ha recordado el procurador socialista, Francisco Ramos, quien ha celebrado que se estrene esta forma legislativa con el objetivo de atacar el desempleo y que se haya contado con los ayuntamientos para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, aunque ha acusado a la Junta de usar su contenido para hacer "electoralismo".
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, ha reprochado que se utilicen para este fin los 125 millones de euros consignados al Plan de Convergencia Interior y que se "discrimine" a los desempleados que no residen en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Ha cerrado el debate el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, quien ha defendido la bondad de la norma y ha celebrado que precisamente sean los desempleados quienes se vayan a beneficiar del primer Decreto Ley de la historia de la Comunidad.
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