MADRID.- Aunque a algunos pueda sorprenderles, oficialmente Uruguay ha pasado a engrosar la 'lista negra' de paraísos fiscales, como muchos solicitaban desde hace años. Esta inclusión ha causado gran revuelo entre la clase política y económica uruguaya, que rechazan la consideración de paraíso fiscal. La clave de la inclusión de este país en el listado es el secreto bancario. Y es que negarse a compartir información fiscal está muy mal visto, y aunque hasta ahora se había hecho la vista gorda con muchos gobiernos "poco cooperantes", el G20 ha decidido marcar un antes y un después de Londres en la economía mundial. ¿Se aplicará por fin la mano dura contra los paraísos fiscales?
El listado, elaborado por la OCDE, distingue cuatro grados de países: los que cumplen con todas las evaluaciones, los calificados como paraísos fiscales, otros centros financieros y cuatro países que aún no cumplen con el intercambio de información tributaria y fiscal. En este último grupo está ubicado Uruguay, junto a Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Políticos y economistas uruguayos niegan la mayor. "Uruguay no es un paraíso fiscal, particularmente desde la reforma tributaria", "el contexto bancario y tributario de Uruguay no configura un paraíso", ha asegurado tajantemente el presidente del Banco Central, Mario Bergara. Y ha sido secundado por el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, para quien "obviamente no es la mejor calificación, pero nada tiene que ver con ser considerado un paraíso fiscal, que es otra cosa, básicamente que no haya tributación para extranjeros".
Sin embargo, y pese a no aparecer en la lista de la OCDE de 2003, históricamente Uruguay ha sido declarado país 'non grato' por muchas naciones por su escaso control tributario. Así ha ocurrido con Portugal, Argentina, Venezuela, Ecuador, Italia y México, entre otros.
En 1998, la OCDE especificó los criterios que debía reunir un país o territorio para ser calificado como paraíso fiscal —también llamados centros financieros offshore o extraterritoriales, porque sus servicios financieros están diseñados para empresas o particulares no residentes—. A saber:
Sin embargo, ante las presiones de la Administración americana, en julio de 2001 el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE —órgano encargado de realizar el seguimiento de las jurisdicciones identificadas como paraísos fiscales—, alcanzó un compromiso por el cual estos lugares no serían sancionados por su régimen tributario propiamente dicho, sino por su grado de cooperación en la transparencia e intercambio de información con otros países. En la práctica, esto supone una corrección clara de la definición de paraíso fiscal, que a partir de entonces está más ligada a su grado de cooperación que a su régimen tributario, explican los expertos, por lo que Uruguay entraría dentro del 'cupo' de la OCDE.
Así lo cree Manuel Romera, director del sector financiero de la IE Business School, para quien este país sudamericano "es un paraíso fiscal en toda regla". Y explica el por qué: "porque no se pagan impuestos, o estos son muy reducidos, y porque no colabora dando información fiscal". En su opinión, "Uruguay es para los argentinos lo que Andorra para los españoles".
Los expertos uruguayos no lo tienen tan claro y consideran que, tras la reforma fiscal llevada a cabo en 2007, su país ya no puede ser considerado un paraíso fiscal.
Sea como fuere, parece que esta 'tarjeta amarilla' —empleando el argot futbolístico— ha hecho reaccionar al Gobierno uruguayo. El ministro de Economía y Finanzas asegura que se "está trabajando e intercambiando información con las máximas autoridades de la OCDE para mejorar el posicionamiento de Uruguay". El país sólo tiene acuerdos para evitar la doble tributación —que las rentas obtenidas de una inversión en otro país sean gravadas por el Estado de la inversión y por el Estado del inversor— con Hungría y Alemania, pero el de este último no prevé intercambio de información. Pero el Ejecutivo está negociando la firma de tratados de este tipo con Chile, México, España y Portugal.
La mayoría de los expertos considera que sacar a Uruguay de la "lista negra" es clave para atraer inversiones —al menos las que están dentro de la legalidad—, ya que "algunos países gravan a las empresas con mayores retenciones o no les dan exoneraciones si tienen inversiones en paraísos fiscales, lo que pesa al definir hacia dónde expandirse", explica Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf).
El calificativo de "paraíso fiscal" podría, sin embargo, atraer otro tipo de inversiones. "Puede provocar que vaya un montón de pasta al territorio, sobre todo para actividades ilícitas", apunta Manuel Romera. De hecho, ha quedado demostrado que este negocio es muy rentable —la OCDE estima que las fortunas invertidas en paraísos fiscales suman entre 5 y 7 billones de dólares—, y sirve para financiar al crimen organizado y al terrorismo, ya que en estos paraísos fiscales no sólo existe una baja o nula tributación —es decir, se pueden eludir los impuestos—, sino que, la opacidad y el secreto que brindan a los titulares de sus cuentas sirven de tapadera a delincuentes de lo más variopinto, desde Mobutu Sesé Seko, a Osama Bin Laden.
Es por ello que sigue habiendo muchos escépticos respecto a las propuestas surgidas en Londres. Entre ellos se encuentra Juan Hernández Vigueras, miembro del comité europeo Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal) y autor del libro "La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales", quien cree que estos acuerdos son "más de lo mismo".
Este experto explica que los ministros de finanzas de los siete países más importantes del mundo acordaron hace casi nueve años la eliminación del secreto bancario, la abolición del secretismo excesivo en las finanzas y muchas otras medidas que, "si se hubieran llevado a cabo, habrían acabado con los centros financieros offshore hace años", opina. Sin embargo, dice, el resultado han sido: "más paraísos fiscales y con más actividad financiera que nunca".
No son más optimistas Luis del Amo y Manuel Romera. El primero cree que "hay muchos intereses políticos", y el segundo añade que "es difícil demostrar la ilegalidad de un paraíso fiscal, ya que cada país es soberano en su territorio, y muchos de estos estados viven precisamente de este negocio, por lo que colaborarán hasta donde les interese".
Por eso, si lo que se pretende es acabar con el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y con el que sirve para financiar el crimen organizado y el terrorismo, los expertos aconsejan 'hacer piña'. "Para eliminar las trabas a la persecución del fraude fiscal se debe proceder a una completa armonización fiscal a nivel global —afirma Romera—. Al mismo tiempo, es necesario que las leyes sean claras y que se apliquen por igual a todos y en todas partes". De lo contrario, opina este experto, "allá donde haya una zona de baja tributación, irán a parar empresas, multimillonarios y el crimen organizado; y allí donde la ley sea más blanda, encontraremos a unos disfrutando a costa del resto", sentencia.
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