MADRID.- Ya lo dice el refrán: nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena; y, lo mismo ocurre con los paraísos fiscales. Si los atentados terroristas del 11-S endurecieron la lucha de Estados Unidos contra la opacidad en las finanzas internacionales, la crisis económica mundial ha vuelto a poner el dedo en la llaga. El miedo a la fuga de capitales ha llevado al ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, a convertirse en abanderado de la cruzada europea contra el secreto bancario y los beneficios fiscales a la inversión extranjera. Su primer objetivo: incluir a Suiza y Liechtenstein en el nuevo listado sobre paraísos fiscales que va a elaborar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Que sus 'oraciones' sean escuchadas aún está por ver.
"No todos los miembros de la OCDE están interesados en reactivar la lucha contra los paraísos fiscales", afirma tajantemente Juan Hernández Vigueras, miembro del comité europeo Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal) y autor del libro "Los paraísos fiscales". De hecho, a la reunión del pasado 21 de octubre en París no acudieron ni Luxemburgo, ni Austria, ni Suiza, ni los EEUU, ni otros relevantes miembros de la OCDE.
Aunque los asistentes a esta reunión —17 en total— redactaron un comunicado conjunto afirmando que "favorecen la acción contra las jurisdicciones cuyo marco legal y administrativo facilita el fraude y la evasión fiscal", Hernández Vigueras cree que todo se quedará en agua de borrajas, por varias razones:
Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, añade una razón más: que "es difícl demostrar la ilegalidad de un paraíso fiscal, ya que cada país es soberano en su territorio, y muchos de estos estados viven precisamente de este negocio".
Y se trata de un negocio muy rentable. La OCDE estima que las fortunas invertidas en paraísos fiscales suman entre 5 y 7 billones de dólares. Cifra que supone el 13% del PIB global y supera en cinco veces el capital acumulado en ellos hace sólo dos décadas. La evasión fiscal, incluidos los centros offshore, sobrepasa ya los 255.000 millones de dólares anuales.
Según Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) , lo que buscan quienes tienen cuentas en paraísos fiscales es "ocultar información sobre su dinero". De hecho, ha quedado demostrado que este negocio sirve para financiar al crimen organizado y al terrorismo, ya que en estos paraísos fiscales no sólo existe una baja o nula tributación —es decir, se pueden eludir los impuestos—, sino que, la opacidad y el secreto que brindan a los titulares de sus cuentas sirven de tapadera a delincuentes de lo más variopinto, desde Mobutu Sesé Seko, a Osama Bin Laden.
Además, se trata de un negocio del que participan "políticos y grandes fortunas", que son, precisamente, los que 'mueven los hilos' del mundo, como aseguran Romera y Hernández Viguera.
"Hay mucho cinismo entre los políticos sobre este tema —sentencia Hernández Vigueras—. Los gobiernos europeos, de derecha e izquierda, no sólo toleran las filiales y sociedades offshore, sino que con las medidas para rescatar a la banca están actualmente financiando mecanismos que defraudan las haciendas nacionales, además de amparar vías para el blanqueo de dinero sucio y para las grandes operaciones financieras transnacionales sin transparencia", explica.
Y Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, cita a un fiscal anticorrupción que asegura que "hay paraísos fiscales en la misma Castellana". Y explica que "la banca española tiene filiales en paraísos fiscales y realiza operaciones con ellas sin nigún problema", a lo que Hernández Viguera añade que "casi todas las empresas del Ibex, también".
Hasta ahora, la lucha contra el blanqueo de capitales y las normas antiparaíso se han llevado a cabo de manera individualizada, porque no existe una norma internacional. Los Estados Unidos primero, y más tarde otros países, como Canadá, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido y España han introducido en sus legislaciones cláusulas que limitan de una forma considerable las inversiones a través de zonas fiscalmente privilegiadas.
En nuestro país, la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal define y distingue entre paraísos fiscales, de nula tributación y de efectivo intercambio de información tributaria. En principio, el listado de los paraísos fiscales aparece publicado en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, pero su modificación posterior por el Real Decreto 116/2003, de 31 de enero, estipula que estos territorios dejarán de tener esta consideración si firman con España "un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información". Además, en España el blanqueo de capitales constituye un delito, definido en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
Esta normativa parece estar dando algunos frutos. La inversión española en paraísos fiscales se situó en 95 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone una disminución del 50,7% en comparación con los 193 millones contabilizados en el mismo periodo de 2006, según el Ministerio de Economía. Y se trata de una tendencia a la baja iniciada en 2000, que responde, según Romera, "a un fenómeno generalizado en el que cada vez tiene menos atractivo, sobre todo para las empresas, invertir en los paraísos fiscales", por las complicaciones que implica, porque estas cuentas no tienen fondos de garantía de depósitos, y porque los países de origen de los capitales comienzan a ofrecer mayores ventajas fiscales. Además, Romera apunta a que en los paraísos fiscales está aumentando "la mala conciencia y el número de estados que se comprometen a colaborar y proporcionar información sobre las finanzas de capitales extranjeros es mayor".
No obstante, si lo que se pretende es acabar con el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y con el que sirve para financiar el crimen organizado y el terrorismo, los expertos aconsejan a los países 'hacer piña'.
"Para eliminar las trabas a la persecución del fraude fiscal se debe proceder a una completa armonización fiscal, no ya a nivel Unión Europea y países altamente desarrollados, sino a nivel global —afirma Romera—. Al mismo tiempo, es necesario que las leyes sean claras y que se apliquen por igual a todos y en todas partes". De lo contrario, opina este experto, "allá donde haya una zona de baja tributación, irán a parar empresas, multimillonarios y el crimen organizado; y allí donde la ley sea más blanda, encontraremos a unos disfrutando a costa del resto", sentencia.
En esta línea, De la Torre aconseja, por ejemplo, "establecer cláusulas antiparaísos más radicales; no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades erradicadas en estos territorios; o aplicar un impuesto sobre las transferencias con destino, o procedentes, de paraísos fiscales". En su opinión, si todo el dinero escondido en estas cuentas viese la luz, "muchos de los problemas de liquidez existentes en la actualidad desaparecerían, y sería más fácil financiar el gasto público y luchar contra el crimen organizado".
Para aquellos que se planteen la posibilidad de llevar sus ahorros a un paraíso fiscal por miedo a perderlos en España, una recomendación: NO LO HAGAS. Dejando de lado las implicaciones éticas, todos (y digo TODOS) los expertos consultados se muestran de acuerdo en desaconsejar esta opción.
"Pese a que la utilización legal de estas áreas de baja o nula tributación fiscal puede suponer un ahorro importante de impuestos,si se descuidan las fórmulas legales se puede incurrir en un delito fiscal", afirma Romera.
Del Amo, por su parte, explica que la ley antiblanqueo obliga a la banca a informar de las transferencias realizadas a paraísos fiscales, así que, salvo que te trasladases con un maletín lleno de dinero a uno de estos países, te convertirías, automáticamente, en sospechoso. Además, el director del Reaf apunta que el dinero no está más seguro en un banco ubicado en estos territorios, precisamente por la falta de control de un organismo como el Banco de España o por la inexistencia de fondos de garantía de depósitos, y porque la opacidad que los caracteriza impide que se conozca, por ejemplo, el alcance de las hipotecas subprime en estas entidades.
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